Nuevo sistema de justicia, ¿una contrarreforma?

Congresistas federales prometieron revisar la legislación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero sin llegar a una contrarreforma cambiando la Constitución Política.

Los legisladores federales responden así a todos los críticos del modelo penal acusatorio, que han echado la culpa del aumento de los crímenes a la nueva forma de aplicar justicia en México.

Hace 10 días, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) entregó un documento a la Secretaría de Gobernación con su propuesta para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Los gobernadores pidieron que se aplique este tipo de prisión, de oficio, a quienes cometan delitos que tienen impacto en las comunidades: robo a casa habitación, robo de combustibles, robo de vehículos, feminicidios o portación de armas de fuego.

En las últimas semanas, varios gobernadores han acusado que el nuevo sistema de justicia penal ha provocado que muchos criminales no vayan a prisión o sean liberados. Expertos aseguran que esto no tiene ningún sustento.

En el inicio de las mesas para la revisión del Nuevo Sistema de Justicia Penal, organizado por el Senado, funcionarios y expertos presentaron sus puntos de vista sobre lo que podría mejorar en el nuevo modelo de justicia.

El Congreso de la Unión comenzará su último año legislativo el próximo 1 de septiembre y la revisión del sistema de justicia penal es uno de los temas prioritarios que deberán tratar en ambas Cámaras legislativas.

No a una contrarreforma

Tanto diputados como senadores fueron enfáticos: el Congreso de la Unión no permitirá una contrarreforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Angélica de la Peña, senadora por el PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, acusó que quienes han criticado sin sustento al modelo de justicia lo han hecho con cálculos mediáticos que no ayudan a vislumbrar cuál es el verdadero problema.

“No podemos permitir que haya retrocesos en este sistema estructural; en todo caso, hay que atender dónde están las fallas. Me parece que no están en los preceptos de la Constitución.

“Mover la Constitución significaría una contrarreforma; yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar de manera puntual cómo está funcionando con los operadores, con los policías ministeriales, con los ministerios públicos. Cómo está operando realmente el Sistema y darnos tiempo para que tengan una correcta profesionalización”, apuntó De la Peña.

Los congresistas señalaron que ha sido mucha la presión para hacer cambios y volver, en cierta manera, al sistema anterior.

César Camacho, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y uno de los artífices de la transformación del modelo, llamó a no tomar decisiones equivocadas.

“Me parece importante que se reflexione en un clima de libertad y, ojo, sin esquizofrenia, porque ésta es el preludio de una toma de decisiones arrebatada que no parece ser buena consejera. La Suprema Corte ha dicho que es demasiado pronto para que tengamos que pensar en un viraje de gran calado; no vayamos a hacer que por un viraje así, en sentido figurado, vaya a encallar la nave”, advirtió Camacho.

Por el PAN, el senador Roberto Gil Zuarth consideró que se debe revisar la operación del sistema y no las normas que lo componen.

“Sí tiene razón la Conago: hay que revisar la prisión preventiva oficiosa, pero para quitarla de la Constitución, porque junto con el arraigo son las dos reminiscencias del modelo inquisitorio; son dos figuras que galopan en contra del modelo acusatorio (…).

“No es el problema la prisión preventiva oficiosa; el problema es la forma en la que los operadores jurídicos están actuando en el ámbito del Sistema Penal Acusatorio”, sentenció el legislador.

La Conago entregó su propuesta a la Secretaría de Gobernación buscando hacer un frente para que la propuesta pase en el Poder Legislativo, donde deben modificarse las leyes.

‘No estamos listos’

Del otro lado, los funcionarios que tienen a su cargo la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a nivel federal como en los estados, coincidieron en que no están preparados para enfrentar al 100 por ciento la impartición de justicia en el nuevo modelo.

Israel Aguado Silva, subprocurador de Justicia de Guanajuato, reconoció que no se tiene la capacidad para juzgar todos los delitos en libertad, por lo que llamó a modificar la Constitución para introducir nuevos supuestos que ameritan prisión preventiva.

“En este momento, lo cierto es que las instituciones de procuración de justicia, los sistemas de justicia, no están en condiciones para llevar todos los delitos en libertad, no tenemos las condiciones para ese supuesto, que sería el ideal. No estamos listos.

“La Constitución lo reconoce en el momento que establece casos de prisión preventiva; la Constitución se puede reformar”, comentó.

Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pidió a los legisladores que sí se amplíe la prisión preventiva de oficio a dos delitos: el robo de hidrocarburos y la portación de armas.

En el caso del robo de hidrocarburos, Vizcaíno sostuvo que la prisión preventiva se justifica en el hecho de que en años recientes han bajado las ganancias de los delincuentes, por lo que estos migran a otros delitos, como la extorsión, el secuestro y el robo a casas o a transporte.

El funcionario consideró que la portación de armas también debe castigarse, pues los homicidios cometidos con armas de fuego han crecido exponencialmente en los últimos años.

Jaime Gómez Sánchez, fiscal de Justicia del Estado de México, también pidió que se aumente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva mientras se consolida el nuevo modelo de justicia.

“Tenemos que considerar que estamos en un proceso de transición, que vamos a llegar a un sistema de justicia acusatorio pleno; pero mientras construimos las capacidades del ministerio público para argumentar, y en tanto construimos los criterios judiciales adecuados, tendríamos que considerar si vamos a tener o no y qué delitos en materia de prisión preventiva”.

Gómez Sánchez pidió que también se sume a estos delitos el de extorsión, pues cuando se pide a una víctima que denuncie o se enfrente a un delincuente, tiene miedo por su integridad, lo que provoca que no se denuncie y se continúa cometiendo el delito.