Después de sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no coincidir con la legislación internacional y por lo menos tres proyectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atajarla, la figura de la prisión preventiva oficiosa pervive como medida cautelar en la impartición de justicia de México, mientras que el exceso de población se impone en 45.3 por ciento de los centros penitenciarios.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos federal y estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentado el pasado 18 de julio, arrojó que al concluir 2023 en las prisiones de México había 86 mil 984 personas sin sentencia, de las cuales, el 44.3 por ciento estaba mediante esa figura, el 32.5 en prisión preventiva justificada, el 3.5 en otro supuesto jurídico y el 19.7 no tuvo claridad en cuanto a su condición.
En contraste, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reportó para ese mismo momento, sobrepoblación en 128 centros de los 282 que tiene el país. Había por lo menos 10 mil 609 personas más respecto a la capacidad de la infraestructura penitenciaria de México.
Con su firma, los gobernadores de MORENA se transforman en verdugos de la libertad y cómplices de un sistema que opta por encarcelar a inocentes antes que asegurar un proceso judicial justo. Su apoyo a la prisión preventiva oficiosa se convierte en una admisión pública de… pic.twitter.com/ieWMaKYgtM
— Alejandra Cuevas Moran (@AleCuevasMoran) February 23, 2024
Este panorama representa una herencia para la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. El paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero propone ampliar la lista de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 de la Constitución.
Por ahora, la medida se aplica a 16 delitos entre los cuales, están el feminicidio, el secuestro, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales y el enriquecimiento ilícito. La iniciativa presidencial plantea añadir ilícitos en torno al fentanilo y el comercio de vapeadores. Con ello, se busca “la paz, la seguridad, la salud y continuar con acciones en beneficio de la población”, asentó el Ejecutivo federal en la justificación de su propuesta.
El proyecto tiene una ruta marcada. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 25 de julio que las reformas del presidente López Obrador pasen sin cambios con el fin de que las posibles reservas a las mismas sean discutidas en la próxima Legislatura, que iniciará el 1 de septiembre. En su sesión, esa Comisión definió un calendario para votar los dictámenes de cada reforma. El 13 de agosto le tocará el turno a la prisión preventiva oficiosa.
Contrato de 651 millones de pesos para la SSyPC por servicios de vigilancia
El último añadido que tuvo la lista de delitos que ameritaban la figura ocurrió en 2019, en el primer año de gobierno del jefe del Ejecutivo federal, mediante un decreto. A partir de entonces, se generó un afluente de millones de pesos que fue en crecimiento. En 2023 Prevención y Readaptación Social (PRS), el organismo que administra los centros penitenciarios de México, erogó 389.6 millones de pesos, lo que significó 7.2 veces más que cuatro años antes, de acuerdo con sus contrataciones públicas publicadas en CompraNet.
El incremento coincidió con el alza del 18.5 por ciento en el número de personas privadas de la libertad reportado en ese periodo por la Secretaría de Gobernación.
En lo que va de 2024, las erogaciones en las cárceles de México se han quintuplicado. PRS ha firmado 68 contratos y erogado mil 996 millones 697 mil 774 pesos. Su gasto más grande fue destinado para el servicio de vigilancia y seguridad intramuros. Fue por 651 millones 94 mil 188 pesos y lo firmó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
#ÚltimaHora Con 454 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones se avaló el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa por delitos por armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea. pic.twitter.com/0VRuAMzNBk
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 31, 2023
El segundo en monto fue para alimentación por 413 millones 793 mil 103 pesos con Operadora de Comedores Saludables, la misma empresa que domina en las contrataciones públicas del Instituto Nacional de Migración y que estaba a cargo de la comida de la estación Siglo XXI, en Chiapas, en julio de 2021, cuando unos 60 inmigrantes resultaron con infección estomacal.
El tercero fue para el mantenimiento de la infraestructura física por 301 millones 724 mil 137 pesos con Aseo Privado Institucional S.A de C.V.
En promedio, entre enero y julio de 2024, los centros penitenciarios han gastado por contratación 29 millones 793 mil 399 pesos. Uno de sus contratos fue en dólares para el servicio de licenciamiento de Microsoft bajo un esquema de suscripción y soporte.
Los gastos este año se desgranan en servicios relacionados con la administración y el mantenimiento de los centros de readaptación. Hay contratos para fotocopiado, uniformes para los custodios, impresión de credenciales, limpieza, conservación del parque vehicular, suministro de combustible, adquisición de blancos como colchas, sábanas, fundas o toallas, así como boletos de avión.
Esa es la foto de los penales a casi un mes de que el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa sea discutido por los legisladores y se defina parte del futuro para quienes sean privados de la libertad en México.
