Juan Manuel Jara Murga vive una prisión que no termina; aunque su condena la cumplió desde el pasado 1 de julio, por interpretaciones diversas de la ley, la autoridad penitenciaria federal le ha negado la posibilidad de la libertad.
Allí se insiste en que debe pagar nueve años más de prisión, por una segunda sentencia recibida mientras el reo ya estaba tras las rejas.
Juan Manuel es peruano, tiene 63 años de edad, se ha quedado prácticamente ciego, y fue procesado por el delito de asociación delictuosa y asalto bancario. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca, desde donde ha solicitado, sin ninguna respuesta, que sea revisada su sentencia.
“Prácticamente estoy olvidado, al sistema se le olvidó que estoy aquí. Mi expediente data desde hace 30 años, seguramente mi sentencia de libertad se ha perdido, y puede que no haya registro de mi existencia”, dijo vía telefónica a Reporte Indigo. Por eso ha optado por hacer pública su situación, en espera de que su condición de interno sea revisada.
Su familia tampoco se ha quedado con los brazos cruzados; su hermano, Martín Vicente Murga, desde Lima, Perú, ha enviado sendos escritos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en espera de que a Juan Manuel se le deje en libertad, tras haber cumplido el tiempo de prisión al que fue sentenciado, pero no ha tenido ninguna respuesta oficial.
Desde que fue detenido, el 20 de junio de 1986, a Juan Manuel se le ha removido de cárceles en al menos cuatro ocasiones.
Él teme que, en esos traslados de prisión, se haya extraviado su expediente, y que esa sea una de las razones por la que no se le ha puesto en libertad, pese a que ya ha cumplido su sentencia.
Aunque desde Lima su familia estima que la retención del preso pudiera deberse a una mala interpretación de la ley por parte de la autoridad penitenciaria, al considerar que mientras transcurría el pago de la sentencia de 30 años, Juan Manuel fue sometido a un nuevo proceso penal, por el delito de robo simple, por el que recibió otra sentencia de 9 años que se comenzó a pagar de forma concurrente.
Ahora, según lo explica Martín, a su hermano le intentan hacer pagar la sentencia de 9 años, pero de forma subsecuente a la sentencia de 30 años, pese a que la sentencia por robo fue dictada en 1990, bajo la causa penal 185/90 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
“Yo fui un criminal”, reconoce Juan Manuel con voz temblorosa y cansada, “pero ya cumplí con la sentencia que se me impuso y estoy rehabilitado. Creo que ahora tengo derecho a regresar a mi vida, con mi familia, con los míos; a vivir en libertad los últimos años de mi vida. Yo ya le cumplí al gobierno mexicano, ahora le toca al gobierno cumplirme a mí”.
Bajo ese mismo argumento, en la carta más reciente enviada al presidente Peña Nieto por parte de la familia de Juan Manuel, su hermano Martín le pide al ejecutivo federal “que tenga clemencia, perdón y misericordia”, a fin de que el reo pueda terminar esa condición y regresar con su esposa, hijos y madre, toda vez que ya cumplió con la sentencia dictada por sus delitos.
‘No soy una blanca paloma’
“Yo no fui una blanca paloma, pero ya estoy rehabilitado”, dice Juan Manuel a través del auricular, en el que se alcanza a escuchar el resuello agitado de la desesperación.
“Yo reconozco los delitos que cometí, pero ya pagué por ellos. Fui asaltabancos y me fugué de prisión, pero creo ya estoy en condiciones de regresar a la sociedad, sólo falta la voluntad del gobierno para que se cumpla lo dictado por el juez”, remarca.
De acuerdo al expediente criminal de Juan Manuel Jara Murga, efectivamente fue un reo de alta peligrosidad en su momento. El delito que lo llevó a la cárcel, para alcanzar una sentencia de 30 años de prisión ocurrió el 20 de junio de 1986, cuando atracó la sucursal del Banco Internacional, sucursal Capilla de Jesús, ubicado en la calle Cruz Verde, en el sector Hidalgo, de Guadalajara.
En ese hecho, tras una persecución policiaca, Juan Manuel –que tenía 30 años– fue detenido junto con uno de sus cómplices, también peruano, José Ramírez González de 29 años de edad. Tras las indagatorias se supo que los dos detenidos formaban parte de la “Banda del Chato”, la que había asolado la zona bancaria de Jalisco, tras comenzar a operar desde 1984.
Juan Manuel y José fueron enviados al Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en donde estuvieron a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Guadalajara, acusados de los delitos de robo calificado y asociación delictuosa, donde, de acuerdo a la causa penal 179/86 el juzgador dictó una sentencia en primera instancia de 40 años de cárcel.
La sentencia dictada el 31 de enero de 1992 fue apelada por los inculpados, quienes recibieron la modificación de la condena el 9 de abril de 1992, cuando el Tercer Tribunal Unitario del Tercer
Circuito -según la toca penal 58/92- disminuyó la condena a 30 años de prisión, y aplicó una multa de 215 mil viejos pesos, además de ordenar la reparación del daño, con un monto de 2 millones 115 mil antiguos pesos.
Fuga de Puente Grande
Pero antes de recibir la sentencia, Juan Manuel se escapó de la cárcel en dos ocasiones. Según lo refiere el periodista Luis Carlos Sainz en su libro “Rejas Rotas” (Grijalbo 2013), la primera evasión de la cárcel ocurrió el 5 de agosto del 1989, a menos de dos meses de haber ingresado a la cárcel estatal del complejo de penitenciario de Puente Grande, en el estado de Jalisco.
Los peruanos lograron escaparse de la prisión junto con otros nueve internos, todos miembros de la “Banda del Pollo”.
La fuga de los asaltantes fue financiada por los colombianos Fernando López Escobar y Darío Restrejos Palacios, miembros del Cártel de Medellín.
Los internos, con la complicidad del personal de seguridad y custodia, horadaron el muro de uno de los juzgados penales y así alcanzaron la calle.
Juan Manuel fue recapturado un año después de su fuga; detenido tras un asalto bancario a la sucursal Banamex de la avenida Javier Mina y calle 60, en el sector Libertad, en Guadalajara. En ese atraco, Juan Manuel y sus cómplices habían logrado un botín de 35 millones 476 mil antiguos pesos, pero ya no lo pudieron disfrutar. Antes habían participado en diversos robos bancarios en
Cuernavaca, Morelos, y en Celaya, Guanajuato.
Por ese delito, el que fue tipificado como robo calificado, Juan Manuel recibió una sentencia de nueve años de prisión y una multa de 2 mil 795 viejos, además de que se le condenó a la reparación del daño con un pago de 11 millones 963 mil 380 antiguos pesos, según la Toca Penal 23/92 integrada por el Tribunal Unitario del Tercer Circuito.
El regreso a prisión no le gustó a Juan Manuel, por eso se volvió a fugar del mismo complejo penitenciario de Puente Grande. La segunda fuga del peruano ocurrió el 13 de diciembre de 1990, cuando, en compañía de otros tres internos, cortaron con seguetas las protecciones metálicas de las rejillas de prácticas judiciales del Juzgado Décimo Segundo de lo Penal.
Al alcanzar la calle, los fugados abordaron un taxi, pero fueron reconocidos por el personal de seguridad establecido en la última garita de vigilancia del complejo penitenciario, por lo que, tras una persecución a pie, fueron detenidos y reingresados a la cárcel, en donde se extremaron sus condiciones de seguridad.