La escalada de violencia, la falta de respuesta por parte de autoridades y el culpar a las administraciones anteriores por malas prácticas, son el común denominador de los ocho gobiernos estatales que iniciaron labores hace meses.
Uno de los problemas más urgentes por resolver en el país es el tema de la inseguridad, situación que la sociedad mexicana demandó al momento de emitir su voto el año pasado, a cambio, los gobiernos estatales no han sido capaces de revertir este problema en sus territorios y en la mayoría este fenómeno ha ido empeorando de manera preocupante
Los estados que renovaron gobernador el año pasado son Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Yucatán.
Morena por primera ocasión y de manera histórica se hizo de 5 gobiernos estatales; Guanajuato se mantuvo en manos del PAN; mientras que en Jalisco, Movimiento Ciudadano le arrebató la gubernatura al PRI, y en Yucatán el panismo sustituyó al tricolor.
En Puebla también ganó el PAN, sin embargo, debido al incidente donde murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, las elecciones se repetirán.
Al menos a seis de las entidades que cambiaron de gobierno no les ha traído ningún beneficio el haber optado por otras opciones partidistas o el haber continuado con un mismo partido.
Hoy la inseguridad prevalece en todo el país, lo que demuestra que la alternancia o la permanencia de los institutos políticos realmente no genera una diferencia en esta materia.
Estados como Morelos y Veracruz, hoy gobernados por Cuauhtémoc Blanco (Encuentro Social) y Cuitláhuac García (Morena), respectivamente, vuelven a ser escenarios de masacres cometidas en restaurantes o plazas.
En Veracruz, los homicidios dolosos prácticamente mantienen los mismos índices que la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares.
En los últimos cuatro meses del gobierno de Yunes (agosto a noviembre de 2018), se registraron 544 asesinatos; en el primer cuatrimestre de Cuitláhuac García, la cifra fue de 539, solo cinco casos menos
En el estado del Golfo se registró uno de los peores episodios en lo que va del año, cuando el 19 de abril pasado, 13 personas fueron masacradas durante una fiesta en el municipio de Minatitlán.
El gobernador veracruzano ha atribuido la responsabilidad tanto a su antecesor como al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, por la inseguridad que se suscita en la entidad.
El jueves pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, murieron en un ataque armado cinco personas.
Otra gestión que atraviesa por dificultades para garantizar la seguridad es el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En los primeros cuatro meses de la administración morenista en la capital, los asesinatos se incrementaron en un 39 por ciento, en comparación con los últimos cuatro meses del gobierno perredista.
Mientras entre agosto y noviembre se contabilizaron 436 víctimas de homicidio, entre diciembre y marzo la cifra escaló a 614.
Por su parte, Chiapas, gobernada por el también integrante de Morena, Rutilio Escandón, ha visto una disminución mínima de los homicidios en su territorio con apenas un 2 por ciento de casos en el primer cuatrimestre de su gestión.
Yucatán, que hoy tiene como mandatario a Mauricia Vila, redujo los homicidios de 31 a 19 en el primer semestre de ejercicio, comparado con el último de su antecesor, Rolando Zapata.
Guanajuato sin ley
En los últimos años la violencia en Guanajuato se ha multiplicado. La presencia de grupos del crimen organizado y el incremento de delitos como el robo de combustible, hoy tienen a la ciudadanía sumida entre enfrentamientos y bloqueos en diversas regiones del estado.
La crisis de inseguridad rebasó los récords históricos en la entidad durante los últimos años.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2015 se tuvo registro de 957 víctimas de homicidio doloso, para el 2016 la cifra subió a mil 96 casos, para el 2017 llegó a mil 423; pero el 2018 no tuvo precedentes, pues los asesinatos incrementaron en más del doble que el periodo anterior hasta alcanzar 3 mil 290
El 26 de septiembre del año pasado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo rindió protesta como gobernador constitucional del estado del Bajío. En su discurso, aseguró que se recuperaría la paz y que se perseguiría la corrupción.
A seis meses de que el gobernador panista sustituyera a su compañero de partido, Miguel Márquez Márquez, no ha podido detener los altos índices de violencia.
Esto queda en evidencia al hacer un comparativo de las cifras oficiales sobre los crímenes que se cometieron en Guanajuato durante el último y el primer semestre de la administración anterior y la actual.
En los últimos seis meses de gestión de Márquez Márquez (abril a septiembre de 2018) en territorio guanajuatense se cometieron mil 726 asesinatos. Con la llegada de Rodríguez Vallejo, en el periodo octubre 2018-marzo 2019, los casos se elevaron a mil 768.
La violencia se ha intensificado a lo largo de estos últimos meses, sobre todo a inicios de marzo, cuando autoridades estatales y municipales en conjunto con las federales, implementaron un operativo para detener a los líderes de grupos criminales dedicados al robo de combustible, provocando diversos enfrentamientos armados.
El Gobierno federal instrumentó la estrategia “Golpe de Timón” con el propósito de detener a los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima, al que se le atribuye el control del robo de combustible en la zona, lo cual ha mantenido el territorio en disputa contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La entrada de las fuerzas del orden a comunidades como Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán, derivaron en una jornada violenta que generó enfrentamientos con civiles y que duraron más de 48 horas.
Uno de los principales motivos por el cual la violencia se ha incrementado es por la lucha que el gobierno se encuentra librando contra los huachicoleros en la región
El 20 de marzo, el gobernador Rodríguez Vallejo informó que luego de implementar el operativo, se detuvo a 42 personas que pertenecerían al cártel de Santa Rosa y destacó que en estas acciones se realizaron cateos a 25 propiedades y se aseguraron más de 100 vehículos, además de armas y drogas.
Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León AC (OCL), ubicado en la capital guanajuatense, asegura que los enfrentamientos son cada vez más comunes, pero que de las actividades ilícitas el gobierno estatal ya tenía conocimiento desde administraciones anteriores.
“El estado conoce esta situación y sus efectos desde hace más de 8 años. Es precisamente que estamos viendo que entra la parte federal y hay un poco más de esta situación porque se intensifica todo lo que ha sucedido”, explica Ramos.
La entidad del Bajío mantuvo al Partido Acción Nacional al frente del gobierno ante la promesa del ahora gobernador de recuperar la paz y la seguridad, sin embargo, este compromiso no sólo no se ha cumplido, sino que la violencia incluso ha aumentado
Morelos, escena del crimen
El aumento de homicidios en la entidad morelense y los lugares en los que éstos se han cometido, dejan al descubierto la inoperancia de las autoridades locales.
El 1 de octubre, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco rindió protesta como gobernador de Morelos. Con corte al mes de marzo, los homicidios contabilizados en la entidad se incrementaron en un 33 por ciento.
Las cifras oficiales informan que en los últimos seis meses de la administración de Graco Ramírez, gobernador anterior a Blanco, hubo 367 víctimas de asesinato. Para el primer semestre del gobierno del exfurbolista, la cifra se elevó a 488 casos
La violencia llegó al punto más profundo de Morelos. El 8 de mayo pasado, a unos pasos del Palacio de Gobierno, en plena Plaza de Armas de Cuernavaca, una persona asesinó al empresario Jesús García alrededor de las 10:15 horas.
Además de provocar la muerte de García, el atacante hirió a otras tres personas, debido a que diversos medios de comunicación estaban cubriendo una marcha de comerciantes.
Para Alfonso Valenzuela Aguilera, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social de Morelos, el asesinato a plena luz del día de un empresario en el centro de la entidad, revela la grave situación de inseguridad por la que atraviesa y la falta de mecanismos de las autoridades para actuar en contra de estos actos.
“El índice de homicidios ha subido considerablemente y lo que se alcanza a ver es que no existe una estrategia articulada de combate al delito y tampoco de prevención”
“Pensamos que los primeros meses de este año iba a ser un pequeño colchón en donde el gobierno entrante iba a empezar a encontrar su rumbo, pero vimos que al final no hay un plan de desarrollo coherente ni una estrategia clara; las medidas se han tomado de manera visceral”, afirma Valenzuela.
El 13 de abril, en la ciudad de Cuautla cuatro personas fueron asesinadas y 11 resultaron heridas. Lo anterior se suscitó en un restaurante familiar, cerca de las seis de la tarde. Días después, se vinculó esta matanza a un posible ataque de una organización criminal. El mismo día de la masacre de Cuautla, en la comunidad de Cocoyoc, municipio de Yautepec, también fueron ejecutadas dos personas.
En Morelos la muerte se convierte de nueva cuenta en una situación cotidiana. El director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Morelos advierte que, por el momento, no se avizora una estrategia clara para que esto cambie y, lo más grave, es que el panorama podría empeorar.
La actual administración no logra resolver los graves problemas de inseguridad que acarrea la entidad desde el gobierno pasado, a pesar de ello, la nueva administración no cuenta con una estrategia clara para atacar esta situación
“La situación ya era bastante complicada para que alguien que no tuviera experiencia se hiciera cargo de estas distintas ramas institucionales, eso digamos con respecto al equipo que acompaña al gobernador; ahora, el mandatario y su núcleo cercano tampoco tienen la experiencia y eso lo sabíamos desde antes que se dieran las elecciones”, concluye Valenzuela Aguilera.
Guardia Nacional, ¿única esperanza?
Después de que se aprobó la reforma constitucional para la creación de una Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, los gobernadores de las 32 entidades del país ya consideran solicitar el apoyo del Gobierno federal para el envío de elementos que resguarden su territorio.
No obstante, para que la Guardia Nacional sea implementada en su totalidad, todavía falta que se reclute y capacite a los elementos que la integrarán, además de la creación de leyes secundarias que delimiten sus atribuciones.
La capacitación de los 60 mil elementos que formarán parte del nuevo cuerpo de seguridad federal estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha estimado tres años para concluir con la preparación de los efectivos.
Durante el 2019 el Gobierno federal reforzará al menos 150 regiones del país con la presencia de la Guardia Nacional
A la par de la creación de esta Guardia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analiza la formulación de una iniciativa de reforma para reforzar las policías estatales y municipales.
Dicha reforma tendría como objetivo homologar aspectos de todas las policías a nivel local para que mejore la calidad de los servicios que prestan.
Entre los propósitos de la reforma se encuentran reducir los turnos de las policías locales, hacer más eficiente el examen de control de confianza y enfocarse en el mejoramiento de tareas de proximidad.
El viernes pasado, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantuvo una reunión con los gobernadores Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; Héctor Astudillo, de Guerrero; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; y Alfredo del Mazo, del Estado de México.
En el encuentro, el funcionario federal y los mandatarios estatales acordaron que se fortalezca la capacitación de las policías locales para hacerlas más competitivas y de esa manera optimizar la coordinación con la Guardia Nacional, cuando inicie sus funciones.
“El día de hoy presentamos la propuesta de tres temas que están sujetos a la consideración de la gobernadora de la Ciudad de México y de los gobernadores de esta región del país, el primero es informarles sobre el Modelo Nacional de Policía (…) que tiene el objetivo de estandarizar y de homologar la formación de todos los cuerpos.
“Estamos convencidos que es imprescindible hacer seguridad desde abajo, comenzar con el fortalecimiento de los cuerpos municipales y estatales de seguridad para que complementen de manera suficiente y oportuna los trabajos de seguridad de la Guardia Nacional”, dijo Alfonso Durazo.
Aunado a la creación de esta fuerza armada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya analiza la formulación de una iniciativa de reforma para reforzar a las policías estatales y municipales
