Gustavo Adolfo Guerrero se enfrenta a su primera gran prueba como Fiscal General del Estado a casi 12 días de asumir el puesto. El funcionario de Nuevo León fue recibido en el cargo con una denuncia por el delito de falsedad que presentó Víctor Ramón Martínez Trujillo, exfuncionario medinista, en contra de un agente del Ministerio Público.
El director del Sistema Estatal de Caminos durante el gobierno de Rodrigo Medina, interpuso por medio de su defensa una denuncia en contra de Ulises Soteno Torres, funcionario del Ministerio Público, a quien acusa de que lo trató de vincular a proceso basándose en hechos falsos y leyes inexistentes.
La querella presentada en el Centro de Orientación de Denuncia fue recibida por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (Hoy Fiscalía General del Estado) el 16 de marzo. En los documentos, el despacho Zárate Abogados sostiene que durante una audiencia que se celebró el 6 de marzo, Soteno Torres erró al argumentar con el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Nuevo León, la cual no existe.
Según acusa la defensa de Martínez Trujillo, el agente ofreció como pruebas una serie de contratos entre el 2011 y 2012, los cuales fueron celebrados supuestamente bajo la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y citó el artículo 42, el cual no coincide el contenido que presentó con el que se establece en la norma.
“Primeramente, se puede apreciar que el contenido de dicho artículo es falso”, se establece en la denuncia presentada, documento en poder de Reporte Índigo, y el cual agrega: “Lo cual no guarda absoluta relación con lo que mencionó el Agente del Ministerio Público. Aún si se refiriera a la Ley vigente en este momento y no a la vigente en el momento de los contratos, estaría acusando con falsedad por una ley que no aplica según el momento de la celebración”.
Ante la argumentación del agente del MP, el despacho Zárate Abogados cuestionó durante la audiencia que dichos contratos no estaban celebrados por la legislación estatal, sino por la federal.
“Es así que el denunciado (Soteno Torres) se condujo con falsedad asegurando que la legislación bajo la cual se celebró el contrato era estatal y no federal, motivo que era determinante para poder vincular al entonces imputado a proceso y más adelante inculparlo”, se explica.
La defensa del exfuncionario en el sexenio de Medina acusó que Soteno se conduce de mala fe, “para querer hacer parecer que la Ley por la que se celebraron los contratos era estatal y poder vincular con falsedad al entonces imputado pues al ser federal no es competente ni el juez ni el Ministerio Público respecto al delito”.
Según se explica en la denuncia que consta de cuatro páginas, el agente del MP pretendía inculpar y vincular a proceso al suscrito, “utilizando hechos falsos, pues los contratos no eran celebrados bajo una ley estatal, sino federal, y el contenido del artículo que leyó era incorrecto y/o no vigentes al momento; y, por otro lado, utilizó denominaciones de leyes inexistentes, pues no existe tal ley denominada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Nuevo León. Se resalta que, como Agente del Ministerio Público, está obligado a guardar responsabilidad para corroborar hechos y leyes aplicables”.
Primer medinista
A Víctor Ramón Martínez Trujillo se le investiga por procesos por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones cuando ostentó el cargo en el gobierno anterior. Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, a cargo de Ernesto Canales.
El exdirector del Sistema Estatal de Caminos se convirtió en julio del 2016 en el primer funcionario medinista en ser vinculado a proceso por el gobierno independiente de Jaime Rodríguez “El Bronco”.
Entre las acusaciones que tiene se encuentra la presunta firma de contratos donde supuestamente existió la simulación de obras que ya se habían realizado así como la renta con irregularidades de maquinaria pesada para trabajos en diferentes caminos.
También el haber firmado contratos directos, en lugar de licitaciones, para el manejo de recursos económicos federales asignados a Nuevo León mediante el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El 7 de marzo, un juez de Control determinó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado es incompetente para la investigación en contra de Martínez Trujillo, ya que le correspondería la investigación sobre las presuntas irregularidades a la Auditoría Superior de la Federación.
El presunto delito
En la denuncia presentada por la defensa legal del exfuncionario se acusa que Soteno Torres, agente del Ministerio Público, actuó en un hecho constitutivo de delito, ya que pretendió vincular a proceso de manera notoriamente improcedente, por lo que cita al artículo 232 que contiene dicho delito.
“Se impondrá prisión de dos a cinco años y multa de quinientas a mil cuotas, a los que aboguen, patrocinen o litiguen, que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, en los casos siguientes: 1.- Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o leyes derogadas”, se cita.
Para acreditar los hechos, Zárate Abogados presentó copia de dos videos de la audiencia llevada del 6 de marzo, en donde se aprecian las declaraciones, además el testimonio de la agente del MP, Cinthia Guadalupe Aguilar Guerra, quien presenció lo ocurrido y según se explica, puede confirmar lo relatado.
Gustavo Guerrero, recién nombrado Fiscal General, está ante su primera gran prueba en el cargo donde tendrá que demostrar que no responde a intereses políticos.