Primera mujer, año de cambios en violencia de género
Claudia Sheinbaum cumplió sus primeros 12 meses de gobierno en medio de un panorama adverso en materia de seguridad y violencia de género, sin embargo, la jefa del Ejecutivo en la capital del país, ha impulsado una agenda en favor de las mujeres para intentar revertir estas problemáticas en su segundo año en el cargo
David MartínezClaudia Sheinbaum enfrentó durante su primer año de mandato en la Ciudad de México una crisis de violencia de género que la obligó a reaccionar y a redefinir su agenda política en favor de las mujeres.
La primera jefa de Gobierno electa de manera democrática no sólo recibió una capital con antecedentes de omisión en violencia de género, también de inseguridad en general.
Cifras del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México muestran que se cometieron de enero a octubre de 2019, mil 78 homicidios con arma de fuego.
Ante esta realidad, la mandataria tuvo que reaccionar y modificar su política para erradicar la violencia contra la mujer, lo que la llevó a declarar la Alerta de Género y a cambiar de secretario de Seguridad Ciudadana.
El 4 de octubre pasado, Omar Hamid García Harfuch sustituyó al frente de la policía local a Jesús Orta Martínez.
“Claudia ha tenido que enfrentar el hartazgo a través de la manifestación pública frente a la omisión del Gobierno en la procuración de justicia”, menciona Marisol Zúñiga, excolaboradora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE) y activista feminista independiente.
Pese al contexto que le tocó asumir, Zúñiga asegura que es de reconocerse que Sheinbaum sea la primera mujer en el Gobierno de la capital que llegó a través del voto.
“Es muy importante en términos de avance democrático e igualdad”, afirma Zúñiga.
Sin embargo, las omisiones de gestiones pasadas para atender los reclamos del género femenino se hicieron evidentes desde sus primeros meses.
En respuesta a las protestas sociales de las mujeres en el mes de enero por los intentos de secuestro en el Metro, la jefa de Gobierno se reunió con víctimas, implementó el programa de Ministerios Públicos móviles afuera de las estaciones del sistema de transporte y comenzó un programa de abogadas encargadas de apoyar a las denunciantes.
Pero fue en agosto pasado cuando Sheinbaum enfrentó una agudización en la crisis de violencia de género, la cual se ve reflejada en el número de feminicidios en la ciudad.
El 6 de agosto pasado se dio a conocer el caso de cuatro policías que presuntamente violaron a una joven menor de edad en Azcapotzalco.
Lo que provocó más protestas, entre ellas, la del 12 de agosto cuando arrojaron brillantina al entonces secretario de Seguridad de la capital, Jesús Orta Martínez, y dañaron la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La mandataria local reaccionó dando a conocer la apertura de carpetas de investigación por estos hechos.
Marisol Zúñiga indica que esa primera reacción de Sheinbaum ante la problemática no fue la adecuada.
“La postura que mostró inicialmente, al intentar criminalizar las protestas, fue un grave error que detonó aún más los reclamos. En ese sentido, pareciera que hizo ‘oídos sordos ante problemáticas propias del género que ella encarna”, menciona.
Posteriormente, el 19 de agosto, Sheinbaum instaló mesas de trabajo con colectivos feministas y se retractó de calificar como provocadoras a las manifestantes.
David Ramírez de Garay, director del proyecto de seguridad de México Evalúa, indica que Sheinbaum tuvo que responder y hacer énfasis en sus políticas para proteger a las mujeres.
“A pesar de que ya lo tenía en su plataforma, en su campaña, en los primeros meses no brilló por sus propuestas en temas de género. A raíz de las protestas feministas fue cuando empezó a tomar acciones más efectivas”, señala Ramírez de Garay.
Entre las decisiones del Gobierno para enfrentar la situación, figuran los senderos seguros para mujeres, la capacitación para policías y Ministerios Públicos en perspectiva de género, la investigación de violencia de género dentro del servicio público, la puesta en marcha de un programa de mujeres abogadas en las agencias del Ministerio Público y la transparencia en datos de incidencia delictiva.
Otra de las respuestas a las manifestaciones fue la implementación de la Alerta de Género el 21 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esto dio lugar al exhorto que se hizo al Congreso de la capital para aprobar la Ley Olimpia contra el ciberacoso y la violencia sexual en redes sociales. Iniciativa que fue aprobada el pasado 3 de diciembre por el órgano legislativo.
Al respecto de esta nueva ley, Zúñiga asegura que es un paso más hacia la erradicación de la violencia contra la mujer pero las autoridades aún deben fortalecer las investigaciones.
También, el 2 de diciembre, la Secretaría de Gobierno entregó a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo) la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales. que pretende desincentivar las violaciones e identificar más rápidamente a los reincidentes.
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Alerta de Género, ¿solución o simulación?
La declaratoria de la Alerta de Género en la Ciudad de México demuestra la intención del Gobierno por evidenciar el problema de violencia contra las mujeres, sin embargo, en las entidades donde ya se ha decretado, la medida no se refleja en resultados, afirma la investigadora en temas de género y académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Georgina Cárdenas.
El “Diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Integrante de los Grupos que dan Seguimiento a Los Procedimientos de Alerta de Violencia de Género Contra Las Mujeres”, publicado en noviembre en 2019, indica que los mecanismos implementados en las 14 entidades donde se emitió la declaratoria, no han solucionado la problemática de feminicidios.
“Es insuficiente para hacer frente a los feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres, lo cual no significa que no haya resultado útil y que deba descontinuarse. Por el contrario, como se mostró, existen elementos contemplados que deben implementarse para así recuperar el carácter emergente, temporal y focalizado”, menciona el estudio.
La Comisión también consideró en el diagnóstico que se debe de dotar de mayor presupuesto a las entidades para que llevan a cabo acciones correspondientes a la Alerta de Género.
“Algunas instituciones estatales orientadas a atender la violencia contra las mujeres en ocasiones logran un aumento en el presupuesto que se les asigna, no obstante, se emplea para mantenimiento de la nómina, y no necesariamente para la implementación de proyectos diseñados en el marco de la Alerta de Violencia de Género”, informa el órgano defensor de los derechos humanos.
La comisión ejemplifica que en el caso de Puebla, donde se asignaron recursos para la elaboración del Diagnóstico de Violencia contra las Mujeres, sin embargo el proyecto no se llevó a cabo.
Georgina Cárdenas, recalca que la Alerta de Género debe aumentar sus facultades y disposiciones para también combatir desde el ámbito cultural la problemática.
“Es importante que se trabaje en cambiar la cultura, porque ni la ley ni la alerta cambian eso, la pedagogía de la violencia”, indica.
Por otra parte, la especialista considera que no sólo es responsabilidad de Sheinbaum emprender acciones para combatir la situación; las alcaldías hasta el momento no tienen una ruta clara en el tema de violencia de género.
“Parece ser que los órdenes de gobierno locales, como las alcaldías, están dejando sola a la jefa de Gobierno, no están tomando medidas. La transformación es más profunda, se deben cambiar también modelos de procuración de justicia”, explica.
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El reto para 2020 en seguridad y violencia de género
Para el próximo año, la jefa de Gobierno deberá continuar con acciones para reducir los índices de delincuencia en la Ciudad de México a través del seguimiento y reforzamiento de sus políticas.
El especialista en seguridad de México Evalúa, David Ramírez de Garay, señala que en 2019 se han dado pasos importantes en el combate a la delincuencia, uno de ellos, transparentar los datos de las carpetas de investigación y de las víctimas.
“La apertura de la información ayudó a no depender de los datos del Secretariado y se abrió el debate de la confiabilidad de lo registrado durante el Gobierno anterior”, indica.
Añade que el cambio de secretario de seguridad también es una muestra de que la jefa de Gobierno tiene como prioridad la seguridad.
“El cambio que hubo del primer secretario al segundo manda una buena señal en términos de que no se quiere dejar pasar mucho tiempo para tener resultados”, declara Ramírez de Garay.
Afirma que la capacitación de los cuerpos policiales junto con las medidas preventivas del delito como lo son los programas sociales, deberán ser reforzados para 2020 con el objetivo de que al tercer o cuarto año de Gobierno ya existan resultados.
Otro de los retos para la ciudad en 2020, aunque no propiamente de la competencia de Claudia Sheinbaum, es la procuración de justicia.
Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que actualmente la Procuraduría General de Justicia no protege a las víctimas.
“¿Por qué los jueces a veces resuelven o dictan sin aplicar criterios y cuáles son los marcos de actuación que se están siguiendo?”, cuestiona.
Menciona que hay muchos casos donde la Procuraduría, los Ministerios Públicos y los juzgadores fallan, lo que termina en la liberación de los acusados aún cuando existen motivos para dictarles prisión preventiva.
Por lo cual, la transición de Procuraduría a Fiscalía que está por concretarse tiene que ser efectiva, argumenta Cuenca Dardón.