En octubre del 2019, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción (SLA) tomó protesta, con un retraso de al menos dos años.
La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue publicada en 2015 y, en un máximo de dos años, todos los estados debían tener su propio sistema local.
Sin embargo, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) creó la ley hasta el 2017, posteriormente, el primer Congreso armonizó los marcos legales correspondientes, hasta el 2019, tomó protesta el CPC del SLA.
Este órgano era presidido por Karime Athié Ortiz y tenía la característica de tener más integrantes mujeres que hombres.
Para febrero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia constitucional respecto a la Ley del SLA y la declaró inconstitucional.
Según el fallo, el dictamen de ley no fue circulado en tiempo y forma entre todos los integrantes de la VII Legislatura de la ALDF.
En consecuencia, todos los nombramientos hechos con sustento en la Ley del SLA fueron anulados: el CPC quedó sin efectos legales.
De esta manera, la Ciudad de México tuvo un SLA que solo operó 4 meses y después se desintegró.
En ese mismo mes, se dictaminó y publicó una nueva Ley del SLA y un año más tarde, en marzo de 2021, el nuevo CPC tomó protesta.
Ninguno de los integrantes del primer CPC repitió en el nuevo comité que es integrado por Edgar Téllez, Jorge Vázquez Segura, Hilda Nucci González, Ilian Maldonado Salvador y Edwin Ramírez Díaz.
En total, el retraso en la conformación del SLA en la capital del país acumuló 4 años.
Actualmente, el sistema podría dejar de funcionar debido a la falta de presupuesto.
