La Fiscalía de Tamaulipas giró ordenes de aprehensión en contra de siete elementos de la policía estatal por presuntamente participar en un operativo en el que se realizó una ejecución de manera extrajudicial a ocho personas —supuestamente integrantes de un grupo criminal— después de que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo iniciara una denuncia por los hechos.
El lunes 23 de septiembre, la Procuraduría Estatal detalló que ya se habían liberado órdenes de captura en contra de siete policías: Guadalupe ‘N’, Juan ‘N’, Edith ‘N’, Concepción ‘N’, Francisco ‘N’ y Urbina ‘N’; por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
El pasado 12 de septiembre, familiares y el Comité encabezado por Raymundo Ramos señalaron haber sido víctimas de intimidación, acoso y criminalización luego de que las autoridades afirmaran que respondieron a un ataque de supuestos miembros del crimen organizado el día 5 de ese mismo mes.
Jóvenes, entre las víctimas de la ejecución
Con tan sólo 20 años y con dos meses de embarazo, Jennifer se convirtió en una de las ocho personas abatidas por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.
“Mi niña era una joven muy alegre. Me cuesta decir que le habían puesto ropa tipo militar y le sembraron un arma” detalló en entrevista para Reporte Índigo Carlos Aurelio, tío de Jennifer.
El próximo 20 de octubre Jennifer estaría celebrando su cumpleaños número 21.
“Cuando vi que el gobierno de Tamaulipas había dicho que en un enfrentamiento habían abatido a criminales, me llené de coraje, le dijeron delincuente a mi niña que era del coro de la iglesia, a ella la tacharon de algo que jamás fue”, reclama su tío.
Con golpes en el abdomen, heridas en las muñecas y un tiro en la cabeza fue como la familia de Jennifer la encontró, pese a eso, Carlos afirma que sus prioridades ahora son que se detenga la criminalización contra su sobrina y dejar claro que en la parte espiritual, su familia perdona a quienes le arrebataron la vida.
De acuerdo con Raymundo Ramos, las pruebas para demostrar que se trató de una ejecución y no de un combate como afirmaron las autoridades, son varias.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que las autoridades realizaron un montaje para asesinar a las 8 víctimas
“Las autoridades filtraron imágenes a los medios para sustentar su versión, pero ahí también se puede ver que, por ejemplo, hay una persona que su mano está totalmente volteada y el rifle está encima de ella, es decir, está en una posición que no pudo tener un tirador”, menciona.
Además, el director del Comité sostiene que en otra foto se aprecia a una persona del sexo masculino con dos botas del pie derecho, por ello, las pruebas dan una idea de que se trató de un montaje.
Sin embargo, Carlos no fue el único con un ser querido que murió en aquella ejecución. Casandra Treviño, una joven de 18 años, perdió a su padre también ese día.
“Yo estaba con él y mi niña cuando llegaron los policías. Entraron a la fuerza, mi papá les dijo que les podía comprobar que trabaja repartiendo mercancía de Coca-Cola en las tiendas pero no lo escucharon, comenzaron a golpearlo”, cuenta.
La hija de Severiano Treviño Hernández, uno de los ocho abatidos, presenció toda la agresión contra su padre mientras se aferraba a su niña en brazos.
“Los cuerpos fueron encontrados en la casa de mi papá, a todos los llevaron para allá pero no conocíamos a nadie más, no existe relación con ninguno de los otros siete, yo jamás los había visto”, explica.
Ante el suceso, Casandra acudió al Comité de DH y pidió ayuda para demostrar la simulación del combate.
De acuerdo con Ramos y la investigación del Comité, así como a otros testigos, sacaron a la fuerza a las víctimas de sus domicilios para después dejarlos muertos en Valle de Anáhuac, lugar donde se encuentra la casa del señor Severiano.
Casandra explica que solo estuvo presente durante la agresión contra su padre, ya que momentos antes de la ejecución, un oficial la sacó de la casa junto con su niña, no sin antes advertirle que si volteaba o si se regresaba le disparaba por detrás.
“Ya no regresé ese día, dijeron que si volvía me iban a matar, fue al día siguiente cuando vi a mi papá muerto. No sé por qué lo mataron, él se dedicaba mucho a la familia”, comenta.
Tras haber denunciado públicamente la ejecución extrajudicial, Ramos menciona que han sido víctimas de intimidación.
“Ha habido presencia de policía estatal en el domicilio del señor Ramón, quien movió la camioneta donde se encontró otro cuerpo, también he visto a miembros del ejército en mi domicilio así como en la casa donde velaban al señor Severiano”
Promesa de justicia
Tras la denuncia del Comité, tanto el gobernador como el presidente de la República, hicieron declaraciones al respecto.
El mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca informó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía del Estado ya habría iniciado una carpeta de investigación de los hechos y sugirió que, de ser necesario, la dependencia solicitará asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones
Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó durante una conferencia de prensa matutina que en su gobierno no habrá violación de derechos humanos.
“No se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar. Las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos se debe de castigar”.
De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva entre agosto de 2018 y agosto de 2019, en el total de delitos, Tamaulipas se posicionó en el lugar 16 con un total de tres mil 995 por debajo de la media nacional que es de 175 mil 416, además, en homicidio doloso, la entidad se ubica en el lugar número 15 con un total de 81 mientras que a nivel nacional, la cifra fue de dos mil 966.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunciaron la investigación por la presunta ejecución extrajudicial, asimismo, la CNDH emitió medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado encaminadas a preservar la integridad física de los testigos sobrevivientes del operativo, familiares de las víctimas e integrantes del CDH Nuevo Laredo.