La Ley de Participación Ciudadana -otra reforma pendiente- es de las iniciativas presentadas por las organizaciones sociales, la que menos posibilidades tiene de ser aprobada en este nuevo periodo de sesiones.
El nuevo periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso del Estado necesitará de un milagro político: que el PAN y el PRI se pongan de acuerdo para sacar adelante las reformas constitucionales pendientes en Nuevo León.
En la víspera del año electoral rumbo al 2015 el grupo mayoritario del PAN requerirá más que nunca la ayuda de su enemigo político, el PRI, para aprobar iniciativas de ley que necesitan ser aprobadas por mayoría calificada.
Una nueva Ley de Fiscalización en el Estado, la segunda vuelta de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Víctimas y Desaparecidos, y la aprobación de las candidaturas independientes, forman parte de la agenda legislativa de este nuevo periodo de sesiones correspondiente al segundo año legislativo.
La composición de poderes de la actual Legislatura LXVIII exige, para que prospere una reforma constitucional, que sea aprobada con mayoría calificada, es decir, cuente con 28 votos.
Si no es así ninguna iniciativa de ley que plantee cambios constitucionales en Nuevo León saldrá en este periodo de sesiones.
El PAN tiene 20 diputados y el apoyo casi incondicional del perredista Eduardo Arguijo. Mientras que los legisladores del PRI suman 15, pero el partido tricolor cuenta en la tribuna con el apoyo incondicional de los tres del PANAL y del expeteísta Juan García Elizondo.
El voto del independiente Erick Godar es volátil, así como será también el del peteísta Guadalupe Rodríguez en este nuevo periodo.
En el Congreso del Estado se espera un año conflictivo principalmente por la cercanía del proceso electoral de 2015 y la disputa política que libran el PRI y el PAN.
Las críticas que el PAN ha comenzado a hacer a la administración estatal que encabeza el gobernador Rodrigo Medina han tensionado el ambiente político en el Estado.
Este escenario perjudicará a las condiciones que prevalecerán en el recinto legislativo para que se apruebe, por ejemplo, la nueva Ley de Fiscalización, que presentó la Red Anticorrupción con la intención de fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado.
Este nuevo marco jurídico busca que la ASE tenga facultades para fijar sanciones administrativas -directamente sin la intermediación del Congreso- a los funcionarios que hayan sido encontrados responsables en una investigación por la ASE.
También se pretende darle atribuciones legales para que este órgano pueda presentar denuncias penales directamente ante la Procuraduría de Justicia contra los funcionarios.
La Ley de Participación Ciudadana –otra reforma pendiente- es de las iniciativas presentadas por las organizaciones sociales, la que menos posibilidades tiene de ser aprobada en este nuevo periodo de sesiones que arrancó el domingo.
Esta nueva Ley pretende crear figuras en Nuevo León, como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, las contralorías ciudadanas y la revocación de mandato.
Esta Ley fue aprobada en abril de este año en primera vuelta, sin embargo requiere una segunda vuelta y por ende de la mayoría calificada de 28 votos: es decir los votos del PRI y del PAN.
La Ley de Víctimas y Desaparecidos en Nuevo León es otra de las iniciativas legislativas claves que se verán en este nuevo periodo legislativo y que necesitarán de consensos entre los partidos políticos.
Esta Ley tiene la ventaja de que es impulsada por el priista Francisco Cienfuegos, designado nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
El reemplazo de dos comisionados de la CTAINL y la designación de los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado son algunas de las tareas que tendrán que sacar adelante en este segundo año de actividades legislativas.
Hay un tema que estará presente en las negociaciones del Congreso estatal este año legislativo: el rezago en la revisión y dictaminación de más de 350 cuentas públicas del Estado.
Entre ellas está la del 2008 del exgobernador Natividad González Parás y la de Fernando Larrazabal, exalcalde de Monterrey.
En este periodo el PAN impulsará una nueva Ley de Deuda Estatal, con la que se busca establecer límites a los pasivos contratados, además de poner candados a los organismos descentralizados de Nuevo León.
El PRI se centrará principalmente en conseguir la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado 2014.
Pendientes
Ley de Fiscalización para el Estado.
> Ley de Participación Ciudadana.
> Ley de Víctimas y Desaparecidos.
> Candidaturas Independientes.
> Ley de Deuda Estatal.
> Elección de nuevos consejeros de Seguridad.
>Designación de comisionados de Transparencia.
> Cuentas públicas del exgobernador Natividad González Parás y delexalcalde Fernando Larrazabal.
