¿Populismo o combate a la impunidad?
Con la idea de recuperar un poco de la confianza y la imagen perdida, muchos políticos han enfocado su artillería en eliminar el fuero constitucional… aunque sea una mala idea.
El fuero, la inmunidad legal que no permite que ningún servidor público protegido por esa garantía
Imelda García1,598
El fuero constitucional se ha ido deformando y hoy día es percibido como una garantía de impunidad para la clase política del país
La idea de renunciar al fuero fue del senador Armando Ríos Piter, quien afirmó que la abdicación a la inmunidad constitucional obedece a la intención de recobrar la confianza de la gente
La SCJN hace hincapié en que el fuero existe para proteger la independencia y autonomía de los poderes, sin que esto signifique otorgar impunidad
Los senadores perredistas buscan solamente que cualquier servidor público pueda ser procesado si comete un delito, pero quieren mantener la protección de los legisladores por sus dichos en el Congreso
Con la idea de recuperar un poco de la confianza y la imagen perdida, muchos políticos han enfocado su artillería en eliminar el fuero constitucional… aunque sea una mala idea.
El fuero, la inmunidad legal que no permite que ningún servidor público protegido por esa garantía
sea procesado por delito alguno, ha sido mal utilizado y eso ha provocado innumerables abusos desde la posición privilegiada de quienes lo poseen.
Sin embargo, eliminarlo puede no ser una buena idea ante el ejercicio autoritario del poder.
Aunque los detractores del fuero argumentan que se trata de un mecanismo antiguo, sin razón de ser hoy día, expertos consideran que su eliminación puede ser perjudicial para la construcción de la democracia, sobre todo en un Estado tan débil como el mexicano.
En esas condiciones, el fuero se convierte en una defensa contra los ataques políticos cometidos contra los opositores o personajes incómodos.
Esto, aunado a un pobre sistema judicial con altos niveles de corrupción e impunidad garantiza que, de no haber fuero, muchos políticos y servidores públicos se conviertan en presa fácil de sus enemigos.
El ejemplo más próximo de un intento autoritario por acusar de un delito a un opositor ocurrió en el 2005, cuando el gobierno de Vicente Fox llevó al desafuero a Andrés Manuel López Obrador en un intento por sacarlo de la contienda presidencial del 2006.
Tal parece que los perredistas se han olvidado de ese episodio que los puso en jaque antes de la polémica elección de ese año.
Paradójicamente, ahora son los perredistas quienes desde el Senado de la República buscan que el fuero constitucional les sea retirado, por considerar que es una figura que ha abonado a la impunidad y al abuso de autoridad.
Sin embargo, para expertos constitucionalistas, si bien es cierto que el fuero ha sido mal entendido y utilizado, es un mal necesario para proteger a quienes disienten del poder. Desaparecer la inmunidad, puede significar también desaparecer toda oposición al poder.
Así, anunciar con bombo y platillo que se renuncia al fuero, no es más que una propuesta populista, que busca reparar la dañada imagen de los políticos y hasta contraria a la Constitución Política.
Aunque sean más los riesgos que los beneficios de eliminar la figura del fuero constitucional, el hambre por tener más votos llevó ya a que el Congreso de Jalisco y otros retiraran la protección de su Constitución, desoyendo el consejo de los expertos que sugerían sólo una reforma para quitar la posibilidad del abuso y la impunidad.
La discusión en los estados
El tema está cada vez más presente en los Congresos locales del país.
El primer estado en eliminar el fuero constitucional fue Jalisco. En julio pasado, el Congreso local aprobó por unanimidad quitar la protección al gobernador, diputados, magistrados, alcaldes, regidores y síndicos. Mil 598 servidores públicos perdieron la inmunidad legal.
La desaparición, sin embargo, no fue total. El gobernador y los diputados federales que representan a la entidad continúan teniendo el fuero federal.
En Veracruz ya se había aprobado una reforma similar en mayo de este año, cuando el gobernador Javier Duarte envió una iniciativa para despojar del fuero al titular del Ejecutivo; secretarios de despacho; alcaldes; y funcionarios de organismos públicos locales. Se conservó, sin embargo, la protección para los diputados locales.
A finales de septiembre, el Congreso de Querétaro eliminó el fuero para que el gobernador, presidentes municipales, diputados locales, magistrados, jueces, el titular de la Fiscalía del Estado y los titulares de los órganos autónomos, puedan ser enjuiciados si cometen un delito, sin que sea necesaria la declaración de procedencia del Congreso estatal.
La semana pasada, el Congreso de Campeche aprobó –a iniciativa del gobernador Alejandro Moreno- quitar el fuero al gobernador, diputados, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces, secretarios del gobierno estatal, al fiscal general de Justicia, al auditor superior, a los magistrados electorales, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia, a alcaldes, regidores, síndicos y a comisarios municipales.
En otras entidades el tema también ha ido cobrando relevancia, como en Aguascalientes, San Luis Potosí o Nuevo León, donde incluso la bancada del PAN en el Congreso local presentó una carta de renuncia al fuero.
PRD pretende renunciar al fuero
En el Congreso de la Unión hay varias iniciativas que buscan eliminar el fuero federal de todos los servidores públicos.
Sin embargo, hace unas semanas, la bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa para eliminar la figura del fuero. El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, dijo que el fuero es una figura inútil.
“Hoy en el imaginario social, en la concepción que se tiene de la forma como se ejerce el poder público es que el fuero es una protección que provoca corrupción y garantiza impunidad. Por eso debemos de evolucionar, la gente lo está reclamando, inclusive, ya no sirve de nada el fuero”, lanzó Barbosa.
Esta iniciativa se acompañó de un anuncio mediático: los senadores de la bancada presentaron su renuncia al fuero constitucional.
Esto no incluye la inmunidad parlamentaria. Los senadores perredistas buscan solamente que cualquier servidor público pueda ser procesado si comete un delito, pero quieren mantener la protección de los legisladores por sus dichos en el Congreso.
La idea de renunciar al fuero fue del senador guerrerense Armando Ríos Piter, quien afirmó que la abdicación a la inmunidad constitucional obedece a la intención de recobrar la confianza que la gente ha perdido en sus representantes.
“Hoy, significa más un lastre que un instrumento que te permita tener una cercanía, una brecha cercana entre gobernantes y gobernados; más bien lo que existe es una brecha de enorme profundidad, de enorme lejanía (…) el fuero nos distancia y nos desiguala de una sociedad que lo que quiere es que sus representantes sean iguales en términos de respeto a la ley”, afirmó el legislador.
Ríos Piter señaló que los perredistas buscan que la discusión llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta se pronuncie sobre la posibilidad o no de renunciar al fuero.
Los senadores perredistas presentaron a la Mesa Directiva del Senado su petición formal para que les fuera retirado el fuero constitucional.
La Mesa Directiva respondió que no está dentro de sus facultades quitar el fuero a los legisladores, pues la única facultada para iniciar un proceso de desafuero es la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los perredistas buscan el retiro voluntario de la protección constitucional, y no como respuesta a un proceso penal.
Dimitir, ¿es populismo?
Aunque sea la intención de los perredistas renunciar al fuero, esto –hasta ahora- no es posible
legalmente, pues ésta es una prerrogativa que contiene el cargo para el que fueron electos.
Una tesis aislada de la SCJN, fechada el 8 de abril de 1946, señala que el fuero es irrenunciable porque pertenece al Congreso en sí.
“Esa prerrogativa establecida en favor de la Cámara, finca un interés en cada uno de sus miembros que debe ser jurídicamente protegido, pero esto no implica en forma alguna, que pueda renunciarse ese beneficio, porque los beneficios que establecen las leyes de orden público son irrenunciables, puesto que se establecen para satisfacer intereses sociales (…).
“El fuero no puede renunciarse, ya que únicamente puede privarse de él a virtud de una función de soberanía que realice la Cámara a la que pertenezca el miembro o individuo que es objeto de una decisión sobre este particular”, refiere la tesis de la SCJN.
La Corte hace hincapié en que el fuero existe para proteger la independencia y autonomía de los poderes, sin que esto signifique otorgar impunidad.
El senador Armando Ríos Piter consideró que han pasado 70 años de ese argumento, por lo que su validez debe ponerse a discusión en el México del 2016.
Para Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, aunque el fuero constitucional fue creado para proteger el equilibrio de poderes, es cierto que se ha desvirtuado.
“Hemos sido testigos cómo en ocasiones los mismos diputados y senadores hacen uso indebido del fuero constitucional para cometer faltas cívicas o administrativas, con el argumento de que no pueden ser siquiera arrestados en el ámbito de dicha materia o hacen uso de la protección para no respetar la ley o enfrentarse a algún cuerpo de seguridad pública”, sostuvo.
Burgoa se pronunció por reformar la Constitución para señalar los límites del fuero, o que la SCJN discuta y establezca sus alcances.
Roberto Duque, abogado constitucionalista y también académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la petición de los senadores es 100 por ciento populista y construida desde la desmemoria histórica, pues los perredistas ya han olvidado hechos históricos recientes.
“Los dos (perredistas) que impulsan el tema dicen que esto no es algo de nuestra época. ¿Cómo puede ser posible que se les haya pasado de largo que en 2005 hubo un desafuero del que todos nos enteramos, el PRD votó a favor del fuero de López Obrador.
“El lema de esa época era ‘No al desafuero’. Y ahora dicen que no es de este siglo, que es de otro siglo. ¿Qué está pasando? ¿Se les olvidó? ¿O están mintiendo y están acomodando su discurso para que suene muy bonito? Hay un nombre para eso y es demagogia”, consideró.
El problema en México, apuntó el experto, ha sido el mal uso de esa protección, por lo que ahora se ha puesto de moda eliminarlo, para quedar bien con los electores sin pensar en las consecuencias.
“La historia enseña que si no se tiene este tipo de precaución en una Constitución, se corren altos riesgos, y entonces determinado personaje puede empezar a desmembrar a otros órganos del Estado muy importantes, con acusaciones injustas y entonces se desdibuja el sistema de equilibrios constitucionales; se entra en una crisis constitucional”, reflexionó.
Esto empeora ante un esquema de impunidad y mal uso del sistema de justicia que todavía persiste en el país.
“El solo hecho de eliminar el fuero constitucional puede abrir apetitos autoritarios, porque alguien puede empezar a ver ahí una puerta abierta para dar vuelo a un esquema antidemocrático y de autoritarismo.
“Si llega un gobernante sátrapa –que vaya que los hemos tenido en México y en los estados- podrá hacer de las suyas con libertad”, apuntó Duque.
El experto no ve ninguna diferencia entre la persecución que realizó Victoriano Huerta a los congresistas en 1913, de la que hizo Vicente Fox contra López Obrador en el 2005.
El fuero, refirió Duque, pertenece al cargo de legislador y no a la persona que ocupa ese puesto en el momento, lo que lo vuelve irrenunciable.
Sin embargo, es posible una reforma para que el servidor público sea capturado en flagrancia o que se pueda proceder por delitos cometidos antes de asumir su cargo.
Las dos caras de la ley
En 100 años, la figura del fuero constitucional se ha distorsionado. Pasó de ser una conquista en pro de la democracia a una patente de impunidad.
La protección a ciertos servidores públicos fue tomada por los constituyentes que redactaron la Carta Magna en 1917, luego de que en 1913, el senador Belisario Domínguez fuera asesinado por pronunciar un discurso contra el entonces presidente Victoriano Huerta.
“‘La paz se hará cueste lo que cueste’, ha dicho don Victoriano Huerta (…) Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la Presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre”, dijo en aquella ocasión Belisario Domínguez.
Los dichos costaron al senador la vida.
El Congreso determinó 48 horas después crear una Comisión para investigar el asesinato. Al día siguiente, el 10 de octubre de 1913, Victoriano Huerta disolvió el Congreso de la Unión y declaró nula toda su actividad; envió a su secretario de Gobernación, Manuel Garza Aldape, para que acompañado de un batallón de Infantería del Ejército se aprehendiera a los legisladores. Fueron apresados 84 congresistas opositores al régimen. Los demás, fieles a Huerta, declararon la disolución de la 26 Legislatura.
Estos hechos hicieron que el Congreso Constituyente de 1916, que redactó la Constitución Política de 1917, tomara el fuero como un tema de protección a los servidores públicos susceptibles de ser atacados desde el poder por sus dichos o posturas.
Sin embargo, el fuero constitucional se ha ido deformando y hoy día es percibido como una garantía de impunidad para la clase política del país.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Julio César Godoy Toscano, quien ya siendo diputado electo, fue acusado en agosto del 2009 de tener vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana.
En septiembre de ese año asumió el cargo su suplente; sin embargo, con una resolución judicial para que se le tomara protesta como legislador, Godoy Toscano entró a escondidas al Palacio Legislativo de San Lázaro, auxiliado por algunos de sus compañeros diputados del PRD, y logró tomar protesta como diputado en septiembre del 2010.
Con esto, las autoridades no pudieron aprehenderlo. Godoy Toscano despachó como legislador federal durante tres meses, hasta que en diciembre de ese año fue desaforado y huyó de la justicia.
Todavía hasta hoy continúa prófugo.
Hay múltiples ejemplos de abuso de la inmunidad: desde José Rangel, el diputado federal priista que circulaba en su auto de lujo con una charola de la Cámara de Diputados en lugar de placas de circulación; al Andrés Aguirre Romero, el diputado local del Estado de México que fue remitido al
“Torito” por haber conducido bajo el influjo de bebida alcohólicas, pero solo pisó el lugar al demostrarse que tenía fuero.
