Las denuncias presentadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República (FGR) retumban en el PRI, partido tricolor con acusaciones de corrupción contra figuras como el exmandatario Enrique Peña Nieto y el extitular de Hacienda y excanciller Luis Videgaray.
Además, en el partido es evidente una división interna luego de que el presidente Alejandro Moreno “Alito” centralizó el poder a través de cambios en los estatutos que le otorgan mayores facultades al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a su propia figura en la definición de las candidaturas para las elecciones de 2021, incluso en estados y municipios.
Emilio Lozoya acusa que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le dieron instrucciones de entregar 84 millones de pesos en sobornos a legisladores
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó ayer en un video que el exdirector de Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía por la participación de diversos militantes priistas en el caso de la empresa petrolera brasileña Odebrecht y en varios otros casos.
En el caso de Odebrecht este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, explica el fiscal en el video.
“Después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos, que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres, y que por supuesto quedarán en reserva hasta que nosotros judicialicemos, en el caso de que encontremos las pruebas suficientes”, añade Gertz Manero.
El fiscal también indica que “Emilio L” reveló que en la administración de Felipe Calderón, la empresa Etilenio 21, vinculada con Odebrecht, recibió beneficios económicos.
El presidente Calderón en días pasados declaró que vive un hostigamiento político por parte del gobierno de López Obrador, a quien le ganó la elección presidencial de 2006 por medio punto porcentual.
El fiscal explicó que, en todos los casos, el exfuncionario Lozoya señala que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le dieron la instrucción de entregar 84 millones de pesos a varios legisladores.
“Eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico, él señala que también hubo una serie de beneficios, de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que ahí también se les dieron una serie de privilegios, en los precios de los insumos, en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.
Las acusaciones vertidas en la discusión pública sobre estas figuras prominentes del tricolor aparecen en un momento en el que el PRI realiza ajustes estatutarios, aprobados además en una sesión virtual cuestionada por su legalidad, y que han abierto una brecha entre el CEN y diversos grupos internos y militantes, además, podría enfrentar a Alejandro Moreno con los gobernadores de su partido, quienes pierden peso en las decisiones internas de cara al proceso electoral y en la selección de candidatos.
Esta pugna llega en un momento muy delicado para el PRI, pues además de las revelaciones que podría hacer Emilio Lozoya sobre el entramado de corrupción en el sexenio anterior, se suman las investigaciones en contra de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y de exfuncionarios del círculo cercano de Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación.
El extitular de Pemex reveló que en la administración de Felipe Calderón, la empresa Etilenio 21, vinculada con Odebrecht, recibió beneficios económicos
Sobre estas acusaciones, el equipo de comunicación del presidente nacional del PRI solo menciona que mantiene su misma postura expresada el 8 de julio pasado acerca de que la lucha anticorrupción se tiene que seguir “tope hasta donde tope”.
“Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas, ellas no delinquen, lo hacen los funcionarios que las traicionan con desvíos y abusos” escribió ese día el presidente priista.
A pesar de que la actual dirigencia ha querido distanciarse de los actos de los priistas, estas investigaciones podrían afectar directamente en sus resultados electorales y relegarlos aún más en el mapa político del país, y por si eso no fuera suficiente, las pugnas internas amenazan con dividir y debilitar al partido.
Al respecto, Alejandro Rosas, estratega político de la empresa Disruptio, explica que hay una corriente dentro del PRI que está en contra de las negociaciones que se asoman entre la dirigencia priista y el Gobierno de la autodenominada 4T.
“Aquí tenemos dos condiciones interesantes. El PRI siempre ha sido un partido definido por sí mismo por el uso del ejercicio del poder político, con la condición de Morena en el poder y un PRI disminuido me parece muy natural dentro de la sangre política del PRI que se acerquen al poder en turno. En este caso Morena y PRI no parecería una alianza descabellada, al contrario, pareciera que se perfilan o hay ciertas señales para pensar que en las próximas elecciones tendremos o veremos algunas de estas alianzas”, explica el politólogo.
Estas decisiones de tomar el control para elegir a los candidatos determinada por su Consejo Político Nacional son polémicas, de acuerdo con Alejandro Rosas.
“Está retornando a la parte más autoritaria del PRI para que un solo hombre defina las candidaturas y lo haga por ‘dedazo’, porque al final puede que así sea todo el proceso electoral dentro del priismo”, explica.
“Es un agandalle, pareciera desde fuera. O al menos sí es un uso jurídico de sus documentos básicos para tener el control porque también se elimina la figura de candidatura externa. Eso llama la atención y responde a las pasadas elecciones presidenciales donde el PRI retrocede muchísimo en sus números electorales y además mucha queja que hubo dentro del PRI es que habían metido a candidatos externos”, señala.
