PRI cumple su palabra: Diputados aprueban que Ejército siga en las calles hasta 2028

En medio de una guerra de acusaciones y descalificaciones, diputados del PRI con el apoyo de Morena y sus aliados del PVEM y del PT, alcanzaron la mayoría calificada y aprobaron reformas a la Constitución para ampliar la permanencia del Ejército y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, con el rechazo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Se trata de una reforma al quinto transitorio de la carta magna que presentó la legisladora priista Yolanda de la Torre, con lo que queda sin efecto el decreto de 2019 que establecía que militares y marinos deberían regresar a los cuarteles en diciembre de 2024.

Se avaló con 335 votos a favor, 152 en contra; tres de ellos de la morenista Inés Parra Juárez y los otros dos de los priistas José Yunes y Sue Ellen Bernal Bolnik; Ana Lilia Herrera Alzaldo, también del PRI, votó en abstención.

Mientras, las priistas Laura Barrera Fortoul y Frinné Azuara Yarzabal no registraron su voto.

De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel remitió la minuta al Senado de la República.

El dictamen, a propuesta del petista Reginaldo Sandoval, que presentó una reserva, fue modificado para establecer que será en nueve años y no en diez cuando regresen las fuerzas armadas a los cuarteles, como era la propuesta original de la priista Yolanda de la Torre.

La morenista Lidia García Anaya dijo que será el 30 de marzo del 2028 cuando los militares dejen de participar en labores de seguridad de las calles.

Se establece que, durante los nueve años siguientes, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada y fiscalizada.

También se avaló otra reforma presentada por la petista Magdalena Núñez Monreal para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lugar del Secretariado Ejecutivo como había aprobado la Comisión, informe cada Periodo de Sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo destacó el potencial de las organizaciones criminales con una gran capacidad de expansión pese a los esfuerzos institucionales.

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“Los motivos es que el estado de cosas en una situación tan difícil, que venía caminando con un potencial expansivo, terrible, casi indetenible, continúa pese a los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en toda su dimensión.

“El problema ahí está y el planteamiento es que requiere de más tiempo la Guardia Nacional, institución diseñada y creada para encargarse a nivel nacional de la seguridad pública, requiere aún del apoyo tan grande y tan importante de la Marina y del Ejército Mexicano”.

La promotora de la reforma, la priista Yolanda de la Torre, afirmó que la seguridad pública en el país es uno de los flagelos más grandes que enfrenta la sociedad mexicana desde hace varios años y que en esto el gobierno ha sido lento e ineficaz.

“No se trata de hacerle el trabajo político a Morena. Esto no es político, esto es por el bien más preciado que tenemos que garantizar, y es la seguridad de las familias mexicanas, de eso estamos hablando. Solo y solamente de eso, la seguridad de las familias mexicanas, y aquí tenemos una gran responsabilidad”.

Hamlet García Almaguer, de Morena, dijo que hay un fundamento constitucional y recriminó particularmente a los panistas por rechazar esta propuesta cuando sus pocos gobernadores han solicitado la presencia de la Guardia Nacional en sus estados.

Manifestó el morenista que esta reforma no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional.

Diputados del PAN y PRD señalaron que esta reforma aleja al país de una verdadera estrategia de seguridad y abona a la militarización porque el ejército, por más tiempo en las calles, no asegura el cuidado de la ciudadanía.

Afirmaron que las participaciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública deben ser extraordinarias, temporales y restringidas, al tiempo que criticaron la estrategia de seguridad del gobierno la cual, indicaron, ha sido un total fracaso y los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos.

Durante el debate, el panista Santiago Torreblanca generó la molestia de los legisladores de Morena y aliados, luego de que utilizó una palabra soez para referirse al incumplimiento de la constitución.

“Cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa constitución con la que ustedes se limpian el culo”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía Ibáñez. consideró que no hay una buena razón para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles…A no ser, dijo, porque algunos ya pactaron su impunidad.

Morenista justifica voto en contra

La diputada de Morena, Inés Parra Juárez, votó en contra y dijo que se trata de una reforma perversa del PRI con la que se busca dar impunidad al corrupto de Alito.

“Se está abriendo la puerta a un estado de sitio y a la indebida y excesiva militarización que traspasaría este sexenio”, dijo y denunció que en su grupo parlamentario se le impidió hacer uso de la tribuna para fijar su posición.