Arturo Zamora Jiménez, Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó los planes de Andrés Manuel López Obrador en torno a la creación de la entidad pública denominada Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la cual será dirigida por Ignacio Ovalle Fernández, ya que consideró que responde a modelos que fracasaron en el pasado, durante las administraciones del tricolor.
Cabe recordar, además, que Ignacio Ovalle Fernández, el nuevo colaborador de AMLO, trabajó en los gobiernos cinco ex presidentes del PRI: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, y Carlos Salinas de Gortari.
Para Arturo Zamora, el anuncio de la llegada de Ignacio Ovalle a la próxima administración “es una señal clara de cómo transcurrirá la administración de Andrés Manuel López Obrador, al revivir un programa de subsidios que ha fracasado en México y otros países”.
En un comunicado, se dio a conocer que el aliado del PRI, además de lamentar que “no se aprenda de las experiencias del pasado”, considera que la fórmula que seguirá el próximo titular del Ejecutivo “es la misma que se manejó desde los años 60 en Conasupo: con precios de garantía y subsidios indiscriminados y un abasto subsidiado que causa un déficit creciente”.
Zamora Jiménez adelantó que a partir de esa iniciativa “no se descarta que se conformen otras empresas paraestatales que, muy probablemente, reproducirán el modelo de la quebrada Conasupo y la serie de empresas públicas que desplegaban la presencia del Estado en una economía rural intervenida y sostenida artificialmente”.
El priista recordó que el llamado “Sistema Conasupo” nació en 1965, pero su origen está en la creación del Comité Regulador del Trigo, por parte del presidente Lázaro Cárdenas, en 1937. “Eran tiempos de monopolios abusivos en mercados sin control donde, paradójicamente, terminaba importándose grano de pésima calidad a precios exorbitantes”. Actualmente, el objetivo de la autosuficiencia alimentaria resulta inviable en una economía abierta en la que México ocupa el décimo lugar del mundo como potencia exportadora de alimentos.
“¿Qué tiene que ver la distribución y procesamiento de bienes básicos, a cargo de Diconsa y Liconsa, con la ‘seguridad alimentaria’? ¡Nada! A menos que entendamos que con SEGALMEX se harán realidad las promesas de campaña de López Obrador: precios de garantía a los productos del campo, sustitución de importaciones por productos subsidiados y menores estímulos a la agroindustria exportadora”, resaltó Zamora Jiménez.
Citó que las pérdidas operativas de estas empresas pasaron de 738 millones de pesos en 1965, su primer año de operación, a 83 mil millones en 1982, cuando se inició su liquidación. El peor caso tuvo lugar en 1982, cuando el índice general de precios se quintuplicó, mientras que el déficit operativo de Conasupo se disparó 1 mil 125 por ciento.
Ello se explica, mencionó, por el enorme diferencial entre los precios que la paraestatal pagaba y los precios a que vendía, gracias a transferencias del gasto público y a costa del bienestar social de la mayoría.
Para Zamora, SEGALMEX confirma que el presidente electo de México habrá de privilegiar en la integración de su gabinete ampliado perfiles que sigan ciegamente su proyecto y viejos conocidos del quehacer público en los gobiernos populistas de los años setenta, concluyó Zamora Jiménez.
