El Partido Revolucionario Institucional tuvo que enfrentarse a sí mismo para cambiar su rostro rumbo al 2018.
Tras un ejercicio inédito de autocrítica que se hizo público, los priistas enfrentarán ahora no solo a sus adversarios políticos, sino a una ciudadanía recelosa de la clase política y sus intenciones.
El PRI sabe que la elección del 2018 será su gran reto y no solo por la elección en sí, sino por su necesidad de recuperar la confianza ciudadana y, con ello, garantizar la gobernabilidad en el país.
Durante los ejercicios previos y en la XXII Asamblea Nacional, fueron los cuadros históricos del priismo quienes buscaron dar el golpe de timón en la conducción del partido.
El cambio en los estatutos tricolores abrió el espectro de candidatos a la Presidencia de la República, que ahora incluye a personajes que no tenían posibilidades de participar con las reglas anteriores.
Y no solo eso. El PRI tomó decisiones para frenar los abusos que algunos han cometido: eliminan el “chapulineo” interno; buscarán eliminar el fuero; y castigarán los actos de corrupción.
El PRI no tuvo otra alternativa más que romper con prácticas que le han traído hasta donde está hoy: todas las encuestas que se han hecho públicas, ubican al PRI en el tercer lugar de las preferencias electorales, síntoma de que los votantes quieren una alternancia en el Ejecutivo.
Ahora el reto del tricolor será unificarse en torno al proyecto y al candidato que se defina. La candidatura presidencial deberá estar lista en noviembre de este año. Los priistas tienen tres meses para buscar a quien pueda rescatarlos en las urnas y mantenerlos en Los Pinos otros seis años
La crisis del PRI
El tricolor llegará al arranque del proceso electoral 2018 en medio de su peor crisis de representación y en el tercer lugar en las encuestas que miden los escenarios de sucesión presidencial.
El PRI gobierna ahora 16 entidades, contando Chiapas, que gobierna Manuel Velasco, del PVEM, con quien llegó en coalición. A partir del 2018 el número cambiará, pues este año perdió la elección en Nayarit, lo que resultaría en 15 entida des. Y si se anula la elección en Coahuila, bajaría a 14 estados.
Esto nunca le había ocurrido al PRI. Aun en el año 2000, cuando perdió por primera vez la elección presidencial, mantenía el gobierno de 21 estados. En 2006, el segundo sexenio de gobierno panista, el PRI gobernaba 17 entidades. En 2012, cuando recuperó el Ejecutivo nacional con Enrique Peña Nieto, el tricolor tenía la gubernatura en 19 estados.
Llegar a una elección presidencial con menos de la mitad de los gobiernos estatales -14 o 15, de 32-, será uno de los principales obstáculos que tendrá el PRI en la siguiente elección federal.
A ello se suman otros factores, como la baja aprobación del Gobierno federal, el escalamiento de la violencia y el encarecimiento de la economía de la población.
Sobre todo, los escándalos de corrupción y enriquecimiento de algunos gobernadores priistas, como Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, entre otros, causaron un profundo daño a la imagen y al posicionamiento del PRI.
Además, se suma el factor de una sociedad civil cada vez más participativa y que empuja temas como el acceso de los ciudadanos al poder o el combate a la corrupción.
Ese coctel negativo dejó ver sus efectos en la pasada elección del 4 de junio, en la que perdió el gobierno de Nayarit y triunfó con un pequeño margen en Coahuila y el Estado de México.
En Coahuila, su candidato Miguel Riquelme fue declarado gobernador electo por las autoridades electorales de la entidad; sin embargo, su triunfo todavía no está en firme, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría anular la elección por un supuesto rebase de topes de campaña.
En el Estado de México, el PRI tuvo menos votos que Morena por sí solo, por lo que su triunfo se lo debe a sus aliados: el PVEM, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social. El tricolor por sí mismo obtuvo 1 millón 805 mil 745 votos; Morena tuvo 1 millón 871 mil 542 votos.
Al final, Alfredo del Mazo fue proclamado ganador de la elección gracias a los 234 mil 964 votos que le dieron sus aliados. El total de votos del gobernador electo fue de 2 millones 40 mil 709 votos.
Esta situación fue inédita en la entidad mexiquense, principal bastión del PRI y que con el sexenio de Alfredo del Mazo sumará 94 años de gobiernos tricolores.
Ante esa situación, los priistas no tienen alternativa. Deben enviar un mensaje poderoso para reconectarse con los sectores sociales que ahora los ven con recelo y poder posicionarse rumbo a la elección del próximo año, cuando el PRI se jugará su permanencia en el poder.
Mea culpa
Los priistas aprovecharon los trabajos de su XXII Asamblea Nacional para hacer un inédito ejercicio de autocrítica que, por momentos, subió el tono del debate en las mesas de trabajo. El tejido fino de las negociaciones fue llevado a buen puerto por Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del tricolor, quien tuvo reuniones previas con todos los grupos inconformes y logró que se discutieran los temas, se modificaran algunos y no hubiera un rompimiento interno.
Eso no impidió que afloraran algunos reclamos sobre lo que ha ocurrido, primero, al interior del tricolor.
El mea culpa de los priistas fue duro. Nadie negó las fallas que han tenido en el ejercicio del poder. Los priistas de mayor edad fueron los más críticos; personajes que han sido gobernadores, legisladores, parte de la cúpula del poder político, levantaron la voz y hablaron sobre la necesidad de modernizar el partido.
La actuación de algunos de sus militantes en puestos de poder, acusaron, han dañado al partido y al país.
Rubén Escajeda, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) señaló que es básico que el PRI tenga un código de ética para que no se repitan casos como el del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien se ha acusado de operar contra el tricolor en la pasada elección.
“Castigar conductas de hombres irresponsables que no han estado a la altura de lo que el partido al abanderarlos, se imaginó. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro, muy preciso, el caso Nayarit. Increíble que un gobernador de Nayarit haya tenido la actitud, haya tenido la posición tan irresponsable en este pasado proceso electoral”, lanzó Escajeda.
Otro duro reclamo vino cuando Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, planteó la posibilidad de que el candidato presidencial del PRI sea electo por los propios militantes, en una elección interna.
Aunque el tema no fue aprobado por la Asamblea Nacional, el debate que suscitó la propuesta hizo que los priistas sacaran viejos trapos del cajón sobre simulaciones y traiciones que han hecho y sufrido en el pasado.
Ulises Ruiz, el polémico exgobernador de Oaxaca y quien abiertamente se ha pronunciado contra las acciones de Enrique Ochoa como presidente nacional del partido, se mostró en contra de las decisiones cupulares en la designación de candidatos y a favor de la consulta a las bases.
“Yo viví la elección del 2000. Nos dividimos porque (Ernesto) Zedillo había cedido por Labastida y le mandamos la cargada. Aun con un proceso simulado participaron más de 9 millones de mexicanos. Cuando se terminó la interna del PRI, nuestro candidato Labastida tenía un 34 por ciento de preferencia electoral”, acusó Ruiz.
El otro gran tema que enfrentó a los priistas fue la apertura de sus puertas a los candidatos externos. Al quitar los requisitos de militancia, el PRI podrá postular a cualquier persona.
Por un lado, los grupos cercanos al presidente Enrique Peña Nieto y al líder del partido, Enrique Ochoa, tenían la encomienda de quitar los candados para que el espectro de candidatos incluyera a algunos que hasta ahora no podían ser considerados para ocupar una candidatura por el PRI. Esto significa que cualquier persona puede ser abanderada del tricolor.
Del otro lado, los militantes del “ala rebelde” llamaron a hacer una serie de cambios para dar más poder a las bases del partido y quitar el control cupular; sin embargo, para ellos, quitar esos candados deja en situación de desventaja a aquellos priistas que han forjado toda su carrera dentro del partido.
Ulises Ruiz fue el más férreo opositor al tema, pues lo consideró una falta de respeto para los priistas.
“La militancia ya está hasta la madre de que no se le respete y ahora queremos quitar los requisitos. Queremos abrir el partido, ¿a quién?, ¿a quiénes? Si tenemos militantes, hombres y mujeres, que pueden representarnos en la candidatura presidencial, ¿por qué quitar esos requisitos? ¿por qué ofender a la militancia? ¿por qué prestarnos a una asamblea a modo?”, lanzó Ruiz.
Quien presentó la propuesta para modificar los estatutos y quitar los requisitos de militancia para obtener una candidatura fue José Ramón Martel, un político priista que ha ocupado cargos en el Gobierno federal y en el Poder Legislativo, y que fue asesor especial de José Antonio Meade cuando éste fue secretario de Desarrollo Social.
“La Comisión Política Permanente que corresponda podrá aprobar la participación en el proceso de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señale que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación y, en consecuencia, en condición competitiva para ganar”, dice lo aprobado por los priistas.
El acuerdo para aceptar el cambio estuvo apalancado desde Los Pinos.
La Asamblea aprobó también prohibir que los legisladores plurinominales se reelijan como congresistas; que buscarán eliminar el fuero en el país; redactar y adoptar un Código de Ética; y la creación de una Comisión Anticorrupción; y dar una de cada tres candidaturas a jóvenes, entre otras medidas.
El nuevo prospecto
El cambio en los estatutos del PRI abre la posibilidad a otros actores para ser considerados candidatos del partido a la Presidencia de la República, elección en la que el tricolor enfocará todos sus esfuerzos el próximo año. Deberán tener ya a su abanderado presidencial a más tardar en noviembre próximo.
Las posibilidades se abren ahora para José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, un servidor público que ha servido tanto en gobiernos del PRI como del PAN, sin estar afiliado a ninguno de los dos partidos.
Su postulación despierta simpatías no solo dentro del tricolor, sino fuera. En el PAN no se le ve con malos ojos y, al contrario, podría ganar apoyos de facto tanto en el PRI como en algunos sectores del blanquiazul.
El secretario de Hacienda es, además, quien rescató al Gobierno federal tras la salida de Luis Videgaray de esa dependencia, por el escándalo de la visita de Donald Trump a México.
Priistas consultados afirman que Meade tiene amplia simpatía del presidente Enrique Peña Nieto por su propia calidad de servidor público y no de político, lo que le da la posibilidad de vincularse con más sectores tanto a nivel nacional como internacional.
Aunque se dice que la eliminación del requisito de los 10 años de militancia beneficiaría también a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y a José Narro, secretario de Salud, estos han asegurado que su militancia va más allá de ese tiempo.
Apenas la semana pasada, Nuño dijo tener más de 10 años de militancia, por lo que esa medida no le beneficia. José Narro ha hablado en varias ocasiones sobre su pertenencia al tricolor, que mantuvo incluso cuando fue rector de la UNAM.
Ambos aplaudieron que el partido haya abierto sus puertas a personajes externos para poder acceder a la candidatura presidencial.
Priorizan unidad
Con el término de la Asamblea Nacional, el PRI arranca su camino hacia las elecciones del 1 de julio del 2018 y su primer reto será generar las condiciones para ir unidos al proceso electoral.
Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y una de las militantes que encabezó el movimiento de protesta y renovación al interior del partido, afirmó que para el partido era esencial hacer una revisión de su actuación y su razón de ser.
“Me preocupa que hemos ido perdiendo competitividad en el partido. Que cada vez que competimos, desde el 2012 en que recuperamos la Presidencia de la República hasta el 2017, hemos tenido 24 procesos de sucesión de gobernador y en ellos hemos perdido casi 4 millones 700 mil electores.
“Si inyectamos sangre nueva y además reconocemos a la militancia, porque hay militantes que son militantes pero que no podían competir porque se les aplicaban los candados, hoy ya tienen el piso parejo para competir cualquiera, en igualdad de condiciones (…) Si el mejor candidato es un ciudadano, pues será nuestro mejor cuadro en la boleta; y si es un militante, será él nuestro mejor cuadro en la boleta”, consideró en entrevista.
Ortega aseguró que la unidad del partido no se vio lastimada, sino se fortaleció, pues se dio cabida a la expresión de todos los puntos de vista.
“Nosotros cuestionamos, dijimos que no queríamos una asamblea que fuera maquillada, queríamos una asamblea viva, deliberativa, una asamblea donde tuviéramos voz y fuéramos considerados, y así fue. Fue una asamblea en la que participamos todos los que quisimos, se hablaron todos los temas. Hubo momentos álgidos, hay que reconocerlo, pero fue bueno para el partido”, apuntó.
En las próximas semanas, Ivonne Ortega enfocará sus energías a cabildear con los sectores integrantes del Consejo Político Nacional su propuesta para que el candidato presidencial sea electo mediante una elección abierta y no por una decisión cupular.
Para Arturo Zamora, líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el PRI estaba obligado a realizar un ejercicio de introspección antes de entrar a la competencia electoral del año próximo.
“Contra lo que algunos pensaban que era casi como la premonición o el preámbulo del funeral del partido, pues no; resulta que al contrario, se convirtió en una gran oportunidad de la cual nosotros salimos muy fortalecidos (…).
“Partimos de la base de ser sumamente autocríticos. Y la verdad es que si no cambiamos, nos cambian (…) La verdad, era renovarse o seguir en situaciones complejas, críticas y muy difícil de superar cada vez que hay una elección y esto es una nueva forma de ver las cosas, de entenderlas, y esto es una manera de ponernos al día en la dinámica de la sociedad”, sostuvo Zamora.
El priista aplaudió que se hayan aprobado algunas medidas que darán al PRI más cercanía con la sociedad, como una oficina de enlace con el sector empresarial o que se vaya a tener un mayor control de quienes ocupen un cargo público para evitar que ocurran casos de corrupción como los de exgobernadores que hoy están en prisión o son prófugos de la justicia.
Entre risas, Arturo Zamora negó que la XXII Asamblea Nacional haya sido la asamblea de José Antonio Meade. “Esta es la Asamblea de Enrique Ochoa, que tomó la decisión de celebrarla, de él que tomó el reto de salir adelante; es la asamblea de todo el priismo”, aseveró.
Ya con el avance logrado en la Asamblea para crear el proyecto de nación al 2018, apuntó Zamora, el próximo reto del PRI será encontrar al abanderado que lleve adelante al partido y lo represente dignamente en uno de los procesos electorales más complicados en la historia de México.
Insistirán en la elección abierta
Por Carlos Salazar
Tras la XXII Asamblea Nacional, los integrantes del grupo Alianza Generacional no tiran la toalla sobre su petición de designar al candidato presidencial tricolor mediante consulta directa a militantes y simpatizantes.
Aunque en la mesa temática de estatutos, los delegados votaron en contra de que la Asamblea definiera este mecanismo, será el Consejo Político Nacional quien tendrá la última palabra.
José Encarnación Alfaro, legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y miembro de Alianza Generacional, recalcó que la Asamblea no votó en contra de la consulta a las bases, sino que solamente no aceptó que fuera ese órgano quien defina el procedimiento.
“Es decir, el planteamiento y la exigencia porque se defina por consulta a la base sigue y se va a llevar hasta que lo decida el Consejo Político Nacional, esa bandera de ninguna manera se declina y de ninguna manera fue desechada por la Asamblea”, afirmó.
El diputado local aseguró que de los cuatro grandes objetivos con que llegaron a la Asamblea lograron grandes avances en tres, y sobre el cuarto, el tema de la consulta abierta a las bases, continuarán impulsándolo en los próximos meses.
“Vamos a insistir rumbo al Consejo Político sobre el procedimiento de la Consulta a la base. El famoso dedazo son las decisiones cupulares en las que no se considera ni se toma en cuenta a la militancia, eso ya es cosa del pasado, eso no puede repetirse, cualquiera que pretenda repetir ese esquema lo único que está haciendo es invocando a la derrota y los priistas queremos ganar”, señaló.