2,000
Uno de los objetivos del Pronapred fue atender desde la raíz las causas que originan las acciones delictivas para su prevención
“Me parece que sí hay un fracaso institucional en México, lo digo con toda claridad al no generar políticas públicas que generen ciudadanía y que eviten la violencia. Tendríamos que dirigir una política pública para hacerle entender a la gente la convivencia sin violencia”
Los diputados federales dejaron sin fondos al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio presupuestal de 2017, lo que supone el fin de un importante mecanismo para prevenir las conductas delictivas.
El fin primario de esta estrategia era la reconstrucción del tejido social, descompuesto tras años de violencia y abandono y que origina acciones como el tiroteo del día de ayer en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey.
Entre los recortes para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso la eliminación de la partida presupuestal al Pronapred,la cual fue ratificada por los legisladores.
Este instrumento, impulsado en el último año del sexenio de Felipe Calderón, manejó en los últimos 4 años un presupuesto de alrededor de 10 mil millones de pesos, y ante la necesidad de ajustar el gasto público, fue uno de los sacrificados en el presente ejercicio presupuestal.
Uno de los objetivos de este programa fue atender desde la raíz las causas que originan las acciones delictivas para su prevención, mediante acciones como el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos y el empuje de proyectos productivos.
Ahora, este programa quedó en el olvido, y aunque por sí solo no se esperaba que resolviera de raíz la problemática delictiva y violenta que vive el país, sin duda dejará un déficit para las futuras generaciones.
El Pronapred comenzó a operar en enero de 2013 bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Segob; en un principio se le asignó la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos para su operación. El año pasado, el presupuesto bajó a 2 mil millones de pesos.
En el inicio del actual sexenio, este programa fue una de las banderas del presidente Enrique Peña Nieto, con el que se pretendía dar un nuevo enfoque para hacer frente al clima de violencia que imperaba (e impera) en el país, propiciando sobre todo la reconstrucción del tejido social.
La atención se centraría en atender a la población excluida socialmente, la cual era la más vulnerable de sufrir y originar conductas violentas, así como el caldo de cultivo para la delincuencia.
Todavía en junio de 2016, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Alberto Begné, defendió el programa y aseguró que se encontraba en fase de consolidación.
Meses después, en diciembre, con la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, los diputados decretaban oficialmente la extinción del mecanismo, con una existencia efímera de menos de 4 años, sepultando así este esfuerzo para prevenir el delito.
Fracaso institucional
El diputado federal por Nuevo León, Waldo Fernández, asegura que la eliminación de un programa como el Conapred, es un simple reflejo del fracaso de las instituciones que deberían generar política pública en el país.
El perredista señala en entrevista que existe una nula continuidad a un trabajo impulsado desde el ejecutivo, que fue atacar la crisis delictiva desde la prevención del delito, sumado a una falta de visión para encarar el crimen en todas las facetas.
“Después de todo el dinero que se gastó en 4 años, truncas los programas. Además hay una visión de 180 grados, punitiva, de ir a perseguir al delincuente, pero no viendo con otro ojo para tener una visión completa de 360 grados que sería la parte de la prevención del delito”, apunta.
El abandono de una política de prevención del delito, sumado a la falta de estrategias para la reconstrucción social, origina que las personas, sobre todo los jóvenes, sean vulnerables y atraídos a la delincuencia en cualquiera de sus formas.
“No hay cultura cívica, no estamos generando ciudadanía, no hay espacios públicos y todo eso, lo único que hace es que la delincuencia organizada o de cualquier tipo tenga una materia prima en jóvenes que pueden delinquir de cualquier manera”.
Por último, Fernández asegura que una de las principales carencias en la vida institucional del país, es la falta de una política pública transexenal que permita continuidad y resultados a largo plazo.
“Me parece que deberíamos de buscar generar un órgano colegiado, superior a los vaivenes políticos del país, donde existiera una política pública de largo alcance en todos los ámbitos de la vida, desde la parte presupuestal, desde la parte de ingresos y por supuesto en seguridad”, finaliza.
En segundo plano
La tragedia suscitada el día de ayer en Monterrey pone en entredicho las políticas de prevención del delito en el país, mismas que han quedado relegadas a un segundo plano, o que simplemente han quedado como anécdotas.
La ausencia de políticas de prevención de largo alcance, una falta de continuidad en los programas que ataquen las causas y el origen de las conductas delictivas, son dos factores más que potencian la escalada violenta y descomposición social que vive el país.
A ello hay que sumar el enfoque meramente punitivo con el que se ha intentado enfrentar al crimen, heredado del sexenio de Felipe Calderón, y que en lo fundamental, se ha mantenido durante la última administración.
Se ha querido atacar los síntomas, sin atender el origen de la enfermedad.
Por si eso no fuera suficiente, ha habido programas impulsados desde el Gobierno federal para atender la prevención del delito, como el Pronapred, cuya operación se canceló por falta de presupuesto.