Prevalece discriminación en la comunidad LGBTI+

La colorida conmemoración en México del Día Internacional del Orgullo LGBTI+ cada 28 de junio, tiene como antesala semanas de actividades que buscan evaluar la situación de dicha comunidad en materia de acceso a sus derechos humanos y respeto a su persona, tradición que revela un panorama teñido de grises.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que, en 2022, el 37.3 por ciento de las personas de la diversidad sexual y de género declaró haber vivido alguna experiencia de discriminación.

Por grupo de edad, la población de 18 a 29 años fue la que mayor porcentaje de casos discriminatorios registró con un 48.8 por ciento; en las personas de 30 a 59 años fue del 28.5 por ciento y en las de 60 años y más del 22.7 por ciento.

Las más afectadas fueron las mujeres con un 44.6 por ciento, en comparación con el 30.2 por ciento de los hombres víctimas de discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define la discriminación como un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

“Discriminar significa seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas o sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa”, explica el organismo en el texto “La discriminación y el derecho a la no discriminación”.

Los efectos de la marginación

El 21 de septiembre de 2022, la CNDH emitió la recomendación 170/2022 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negar el acceso a una pensión por viudez por la orientación sexual de la víctima.

En el documento dirigido al director del Instituto, Zoé Robledo Aburto, la Comisión acusa al menos a tres personas servidoras públicas por violaciones a la seguridad social, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y por discriminación relacionada con la orientación sexual.

“Al negar el acceso a la pensión por viudez a una persona que acreditó su concubinato con otra persona derechohabiente fallecida, por tratarse de una pareja del mismo sexo”, acusa el ente.

Precisa que los presuntos responsables pertenecen al Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas del IMSS en La Paz, Baja California Sur.

La CNDH advirtió que los instrumentos normativos que rigen el funcionamiento del IMSS, entre otros, los identificados como la Ley del Seguro Social (LSS)-73 y la segunda LSS de 1977, propician un trato discriminatorio.

“Toda vez que se hace una distinción entre parejas del mismo sexo, a quienes se les niega el acceso de obtener una pensión para satisfacer sus necesidades básicas, violentando su dignidad, transgrediendo su seguridad jurídica, así como su preferencia sexual”, se precisa en la recomendación.

Trabajo ‘a posteriori’ e insuficiente

Un caso similar al denunciado por la CNDH ocurrió en 2020, cuando al señor Jorge Rocha Muñoz también se le negó el derecho a recibir la pensión de viudez ante el deceso de su pareja, quien era derechohabiente de la instancia de salud.

No obstante, la resolución fue diferente y, en noviembre de 2022, el interesado se convirtió en la primera persona en acceder al beneficio económico mediante un criterio de interpretación hecho por el Consejo Técnico del Instituto a la Ley del Seguro Social.

Aunque el organismo puso especial atención en comunicar mediáticamente que, a partir de esa decisión y de que se giraron los oficios respectivos, todos los concubinatos de parejas del mismo sexo, que sean derechohabientes, tendrían acceso a los servicios de salud y a los beneficios de la seguridad social, la orden formal llegó meses después.

El 20 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reformaron y adicionaron disposiciones a la Ley del Seguro Social.

Entre las modificaciones, se reformó el artículo 5 A, fracción XII, para establecer que podrán ser beneficiarios “la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada y a falta de estos, a la concubina o el concubino en su caso, a quien haya suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su sexo”.

Sin embargo, la disposición no es retroactiva, lo que deja sin resolución casos como el referido en un primer momento.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDIS, 2021), únicamente el 26 por ciento de las cinco millones de personas que forman parte de la comunidad LGBTI+ cuenta con un servicio de salud que pertenezca al IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército Nacional o Marina

Visibilizar el problema a fondo

Los datos desagregados de la plataforma Visible (AMICUS DH, A.C.) permiten hacer un monitoreo a partir de diversos reportes del comportamiento de la discriminación contra la comunidad LGBTI+ en México.

El sitio señala que, en 2022, se contabilizaron un total de 954 incidentes en todo el país, de los cuales, 198 ocurrieron en la Ciudad de México, 123 en el Estado de México, 111 en Jalisco, 56 en Guanajuato y 50 en Puebla.

Destaca que la CDMX, el Edomex y Jalisco se encuentran entre las cinco entidades con mayor población de la diversidad sexual y de género a nivel nacional, según la ENDIS.

De esos casos, 326 ocurrieron contra el grupo de edad de 18 a 25 años, 236 contra el de 26 a 30 y 161 contra los de 31 a 35.

Mientras que 589 de las víctimas se autodefinieron como gays, 104 como bisexuales, 51 como pansexuales y 44 como lesbianas.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte en el informe “Violencia contra personas LGBTI” que las estadísticas disponibles en el continente americano no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrenta esa comunidad.

La Comisión ha señalado que “muchos casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que temen represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial”, precisa el documento.

Acciones de acompañamiento

Instancias como la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP, por sus siglas en inglés) precisan que la gran mayoría de personas LGBTI+ que experimentan factores externos de estrés no necesariamente presentan afectaciones en su salud mental.

Sin embargo, existen otras circunstancias que, sumadas a condiciones de vulnerabilidad como el bullying, la discriminación o el rechazo familiar, se asocian con una mayor prevalencia de comportamientos suicidas en ese sector de la población.

“No se debe subestimar la importancia de la educación pública en torno al suicidio. Es crucial para aumentar la concientización del riesgo en poblaciones vulnerables, fomentar la búsqueda de ayuda y abogar por nuevas intervenciones y estrategias de prevención para las personas en situación de riesgo”, detalla la organización en el reporte “Cómo hablar sobre el suicidio y las poblaciones LGBT”.

En septiembre de 2022, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial que ha registrado un aumento significativo en el país y se da, con mayor frecuencia, en jóvenes de 18 a 29 años.

En 2021 se observaron ocho mil 447 suicidios consumados, mil 224 más que en 2019, lo que significó una tasa de 6.2 por cada 100 mil habitantes, detalló la dependencia.

Añadió que por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos no letales.

Como factores de riesgo, el Instituto enlista: haber realizado un intento suicida; padecer una enfermedad mental o crónica (sobre todo si provoca dolor); consumo de sustancias, incluido el alcohol; pertenecer a grupos de alta vulnerabilidad (LGBT, VIH, antecedentes de abuso, menores de edad solos, entre otros).

En México existen programas como el Chat de Confianza del Consejo Ciudadano, ¡Sí a la Vida! y la LÍNEA DE LA VIDA, que atienden a quien lo necesite las 24 horas del día, los 365 días al año.

Apuestan por prevención

Mediante la recopilación de datos y encuestas propias, The Trevor Project México busca sumar esfuerzos de investigación para tener más datos de la población LGBTI+ que habita en el territorio nacional, afirma en entrevista Edune Balmori, directora ejecutiva del programa estadounidense.

Explica que, a través de mensajes vía WhatsApp, SMS o directamente en el chat de la página web de la estrategia, quien lo necesite puede solicitar la asesoría de un especialista en el manejo de la crisis.

Aclara que no se ofrece servicio de terapia como tal, sino que es un acompañamiento “para que esa personas pueda desacelerar su crisis y encontrar las herramientas de cómo salir adelante”.

Balmori expresa que, desde el 11 de octubre de 2022, cuando se puso en marcha la estrategia en México, la demanda ha crecido.

Al anunciar una colaboración con la compañía telefónica AT&T con la que se busca tener una mayor cobertura del servicio por medio de mensajes a los usuarios de la empresa, la directora de The Trevor Project México puntualiza que a casi nueve meses de poner a disposición el proyecto entre las juventudes mexicanas han atendido a más de 25 mil personas.

“Sinceramente es un sentimiento encontrado, porque sube el número de servicios y es una gran noticia porque sabemos que estamos apoyando a ese número de gente, pero esperamos ver el día en que realmente ese número sea cero. Que las juventudes puedan no tener tantas crisis”, comenta.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, dio a conocer que, en 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que, del total de fallecimientos en el país, ocho mil 351 fueron por lesiones autoinflingidas.

Lo anterior representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100 mil habitantes.

Las entidades que presentaron mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son Chihuahua, Yucatán y Campeche; mientras que las tasas más bajas se reportaron en Veracruz, Baja California y Guerrero.