Al considerar que la ley es laxa en cuanto a las sanciones por violencia escolar, el diputado del PRI, Heriberto Treviño propuso una reforma para establecer castigos claros a agresores en planteles educativos.
Lo anterior se deriva del caso de un estudiante herido con una navaja al exterior de la Secundaria 9 “Carlos Fuentes Macías” por parte de sus compañeros de clase.
El legislador presentó la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, al no estar fundamentada para aplicar sanciones.
Treviño propone castigos a los infractores como la suspensión de clases de uno a siete días, el cambio de grupo o la transferencia a otro turno.
“Los hechos ocurridos en la Secundaria 9 del municipio de Juárez nos obligan a actuar desde el Congreso del Estado, porque no podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir, cuando el estudiante estuvo en riesgo de perder la vida, tenemos que velar por el interés superior del menor”
Además de las sanciones a los responsables de agresiones, también se contempla que los padres de familia sean parte del proceso de corrección.
El diputado plantea que los acosadores sean canalizados a instituciones de apoyo psicológico con la finalidad de erradicar los casos de bullying en los centros educativos.
“Los padres de familia o tutores de los generadores de acoso escolar tendrán la obligación de llevar a estos a los tratamientos psicológicos y médicos recomendados por las autoridades a fin de atender la problemática, hasta la conclusión de la terapia” dijo.
El priista mencionó que otros aspectos que contempla la iniciativa es la sanción por ocultar los casos de acoso en las escuelas a los padres de familia o tutores.
También sería violación de ley cuando la institución educativa realice, tolere o consienta el hostigamiento, acoso, represalias u otro tipo de violencia escolar.
Busca un entorno saludable para las y los estudiantes
La propuesta de ley profundiza en establecer como violencia escolar la tolerancia o la introducción de cigarros, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, entre otros.
En caso de avanzar la iniciativa, las escuelas públicas y privadas deberán implementar los cambios en un plazo no mayor a los 180 días después de su publicación.
