Este jueves 12 de agosto se discutirá una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que podría afectar el ejercicio del Presupuesto Participativo de las 16 alcaldías de 2020 y 2021.
Lo anterior ha generado críticas que señalan que la intención real es permitir el manejo discrecional de los aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos que se asignaron como Presupuesto Participativo para los ejercicios de 2020 y 2021.
Fue el pasado 21 de julio cuando la Secretaría de Gobierno local, a través de la Consejería Jurídica, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que propone una reforma a la Ley de Participación Ciudadana que busca evitar el subejercicio de recursos.
Según las autoridades, el objetivo es que las alcaldías revisen los proyectos que sus habitantes decidieron durante el 2020 y el 2021, y en caso de que ya hayan sido realizados como parte de algún programa u obra pública de las demarcaciones durante la pandemia, ya no se ejerza el recurso. Además, contempla que en casos excepcionales, sean los gobiernos de orden municipal los que decidan cómo ejecutar el Presupuesto Participativo de las colonias.
Por ejemplo, si en una colonia se decidió el mejoramiento de banquetas para 2020 o 2021 y la demarcación realizó esa tarea a cargo de otra partida de gasto, el ejercicio del Presupuesto Participativo de ese proyecto ya no se erogaría. Y si por alguna razón las asambleas vecinales no pudieron conformarse, las alcaldías tendrán la facultad de ejecutar el recurso ciudadano.
Ante esto, organizaciones ciudadanas como Suma Urbana y el Observatorio Ciudadano 06600 de la colonia Juárez han acusado que la propuesta lo que en realidad quiere es posponer una vez más el Presupuesto Participativo y desviar el recurso a favor de los actuales alcaldes.
“Dice Martha Ávila (coordinadora de Morena en el Congreso) que existe voluntad política de precisar la propuesta para bien de los ciudadanos, sin embargo, en el dictamen de ley se anula la Participación Ciudadana”, cuestionó el observatorio a través de sus redes sociales.
Es importante recordar que en 2020 el Congreso de la Ciudad de México suspendió la ejecución del Presupuesto Participativo de ese año debido a la contingencia sanitaria.
La iniciativa ya fue dictaminada en comisiones el pasado 9 de agosto y este 12 agosto el pleno del Congreso de la Ciudad de México la discutirá y votará su aprobación o rechazo.
Las reformas al Presupuesto Participativo
Los artículos a la ley que han provocado el descontento son el vigésimo primero y vigésimo segundo que indican que el Presupuesto Participativo podrá ser pospuesto en caso de existir algún recurso jurídico respecto a un proyecto ciudadano ganador.
En este sentido, el artículo vigésimo primero detalla que una vez que se resuelva el juicio respecto a un proceso de consulta, se podrá ejecutar el recurso vecinal.
“En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del proyecto en años subsecuentes, este contará con preferencia para su ejecución con cargo al Presupuesto Participativo del periodo que se corresponda”, señala el marco legal.
Además, la ley refiere que cuando los proyectos tengan como finalidad el mejoramiento urbano y se hayan pospuesto, será la alcaldía la que podrá disponer de los recursos.
“La persona titular de la alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial”, contiene la propuesta de adición del artículo vigésimo primero.
Por último, el vigésimo segundo señala que si las alcaldías por un programa de obra pública o mejoramiento urbano hicieron una obra con las mismas características de un proyecto de Presupuesto Participativo, la demarcación ya no destinará ningún monto a su ejecución para evitar el subejercicio.
Claudia Guzmán, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (Ideco), considera que la propuesta que se discutirá abre la puerta a que las alcaldías hagan un manejo discrecional de los recursos.
La especialista explica que, de fondo, la iniciativa no tiene una justificación, pues anualmente los Presupuestos Participativos se ejecutan de septiembre a noviembre y aún hay tiempo para realizar los procesos sin retraso.
Tampoco, indica, hay casos excepcionales en donde juicios o recursos legales obliguen a tomar una medida como las que se buscan implementar, más que los registrados con los pueblos originarios quienes en 2020 impugnaron la Consulta de Presupuesto Participativo y la votación para la designación de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco’s).
“Solo en los pueblos y barrios hubo impugnaciones de las consultas que impiden la ejecución de los Presupuestos Participativos de 2020 y 2021, ahí es en donde podría aplicar las reformas, pero son la minoría”, dice Guzmán en entrevista.
Cabe señalar que en 2020, debido al recurso legal referido, en 49 pueblos se canceló la ejecución del recurso ciudadano, sin embargo, el número de localidades donde se presentó esta situación no es ni el 10 por ciento de las más mil colonias de la capital en las que se llevaron a cabo consultas y asambleas.
Por último, considera Guzmán, para que la reforma no se preste a interpretaciones de los alcaldes, los diputados durante la discusión de hoy deben modificar el dictamen y aclarar bien en qué casos las alcaldías podrán ejecutar el Presupuesto Participativo.
“Se tiene que aclarar cuáles son los casos excepcionales y las excepciones, porque, si no, los actuales alcaldes podrán decidir cuando quieran ejecutar el dinero destinado a los proyectos de las comunidades”, indica.