Presupuesto Participativo CDMX, manchado por autoridades

Las alcaldías de la Ciudad de México en este 2023 persisten en el manejo discrecional del Presupuesto Participativo.

El proceso de dictaminación y validación de proyectos correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 para su votación concluyó el pasado 3 abril; sin embargo, no estuvo exento de irregularidades.

Un caso que ejemplifica la problemática sucedió en Azcapotzalco, cuando el gobierno de la demarcación quiso que se votaran proyectos fuera de tiempo y no respondieron a las peticiones de los ciudadanos.

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Presupuesto Participativo es el instrumento a través del cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la ciudad.

Esto, con el objetivo de que sus habitantes optimicen su entorno mediante la propuesta de proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

Proyectos ‘a fuerza’

El plazo para dictaminar la viabilidad de los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 y 2024 comprendió todo el mes de marzo y hasta el 2 de abril de 2023.

Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del IECM y la alcaldía Azcapotzalco buscaron que el Órgano Dictaminador de Presupuesto Participativo de la demarcación, integrado por cinco especialistas y cinco funcionarios de la demarcación, aprobara siete proyectos de manera extemporánea.

Lo anterior quedó asentado en la denuncia de Édgar Téllez Padrón, miembro especialista del Órgano Dictaminador de Azcapotzalco.

Dicho organismo es el encargado de confirmar si el proyecto es viable en cuanto recursos financieros y técnicos para que pueda ser votado por la población.

En entrevista con Reporte Índigo, Téllez Padrón relata que la Secretaría Ejecutiva y la demarcación convocaron a una sesión extraordinaria para determinar la viabilidad de siete proyectos que previamente se calificaron como inviables.

El especialista detalla que todos los proyectos tienen la oportunidad de volver a ser dictaminados por el órgano, no obstante, el problema residió en que se buscó hacerlo el día 6 de abril, cuatro días después de que se venciera el plazo estipulado por la ley y el IECM.

Por lo anterior, los integrantes del órgano votaron en contra del orden del día y no hubo votación sobre los proyectos referidos.

Édgar Téllez Padrón señala que lo anterior corresponde a una irregularidad porque se buscaba privilegiar seis propuestas por encima de otras que también fueron calificadas como inviables.

“Todo el proceso en Azcapotzalco fue algo extraño porque fue la alcaldía que más recibió proyectos y porque, al final, nos llamó la atención la insistencia para que se aprobaran algunos proyectos”, detalla.

Según el especialista, la demarcación recibió aproximadamente seis mil proyectos para dictaminar.

Asimismo, explica que dentro de los proyectos que buscaban meter a la consulta de manera extemporánea, se encontraba uno de rehabilitación de fachadas, que, en un primer momento, fue calificado como inviable porque representaba un beneficio para particulares y no para la comunidad.

Finalmente, afirma que solicitó que se diera vista al Órgano Interno de Control sobre la anomalía referida.

La denuncia en BJ

El Comité Promotor de Revocación de Mandato en la alcaldía Benito Juárez (que promueve la remoción del cargo al actual titular de la demarcación, Santiago Taboada) denunció el pasado 9 de abril que uno de los proyectos de Presupuesto Participativo que fueron dictaminados como viables en la demarcación y que participará en la consulta el próximo mes de mayo es la compra de una grúa para el gobierno local, con la que se busca realizar retiro de coches abandonados o mal estacionados.

Sin embargo, de acuerdo con el comité, en realidad el proyecto corresponde a una petición de la alcaldía realizada a través de vecinos, a quienes convence de solicitar un recurso o bien que debería adquirir con recursos propios.

“No coincidimos en que esas compras son de utilidad compartida para los residentes, sino que son dirigidas para el beneficio y bienestar de la alcaldía, además de que no hay transparencia”, denunció públicamente Guillermo Meixueiro, miembro del grupo vecinal.

Modificaciones sin efecto

En 2019 se reformó la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en materia de Presupuesto Participativo con el fin de que la ciudadanía vigile y supervise el ejercicio de este recurso para evitar que las alcaldías hagan un uso discrecional.

La reforma aprobada por el Congreso de la capital creó la figura de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo, organismos conformados por ciudadanos para velar el proceso del Presupuesto Participativo de las colonias y con facultades para dar vista a órganos fiscalizadores de las irregularidades.

Pese a que la figura se creó hace tres años, los señalamientos sobre el presunto mal uso de los recursos por parte de los gobiernos locales continúan, aunque esta inversión debería destinarse a proyectos de mejoramiento comunitario decididos y propuestos por los colonos de la capital.