Se introduce al capital contable como medida para cuantificar el valor en que las sociedades anónimas
Se busca incrementar los créditos y más competencia para abaratar tasas
y costos, pero
no se bajarán
por decreto
Se crea un Buró de Entidades Financieras, para que los usuarios puedan conocer información relevante sobre las mismas
La iniciativa de reforma financiera presentada ayer muestra dos caras en la moneda, por un parte busca facilitar la obtención de créditos, pero por otro lado propone el arraigo y el secuestro provisional de los bienes de quien no pague sus deudas.
Consta de 13 iniciativas que modificarán 34 leyes y se basará en cuatro ejes principales: cambios en la banca de desarrollo, mayor competencia entre las instituciones, incentivos para que la banca preste más y fortalecimiento del mercado financiero.
Con ello, se buscará una ampliación de los créditos y fomentar una mayor competencia para abaratar las tasas y los costos, pero no bajarán por decreto.
El texto plantea que la Comisión Federal de Competencia (CFC) podrá hacer recomendaciones a los bancos comerciales para mejorar la competitividad en el sector.
Se propone la creación de juzgados federales especializados en materia mercantil, a fin de procurar un sistema judicial que sea pronto y expedito con el fin de no alargar los concursos mercantiles.
La propuesta permite a los acreedores solicitar a la autoridad judicial que se ordene al deudor no alejarse del lugar del juicio al que se enfrenta, lo que se denomina arraigo.
También deja opción al secuestro provisional de bienes, es decir, impeder que se pueda enajenarlos para evitar el pago, una medida que, de hecho, ya existe.
Aunque en la propuesta se aclara que estos conceptos tienen una connotación diferente a la que se les da en el mundo penal, ya que precisa que “el arraigo se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio, sin dejar representante legítimo, para responder al juicio”. Y éste se solicitará, aclara la iniciativa, cuando exista temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido la demanda.
El secuestro provisional de bienes se aplicará cuando exista el temor de que los bienes que se hayan consignado como garantía se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes.
Cuando se trate de acciones personales, siempre que el deudor no tenga otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y exista temor de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.
Si éstos consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, “se presumirá para los efectos de esta fracción, el riesgo de que sean dispuestos, ocultados o dilapidados”.
Liquidaciones
La iniciativa propone modificar el orden de prelación de pago, es decir, el orden establecido para ir liquidando las deudas, e incluirla en los mismos términos en el proceso de liquidación judicial.
En ambos casos, se otorgará preferencia de pago a los ahorradores sobre los demás acreedores de la institución.
Se castigan conductas como la alteración de la contabilidad de la institución de banca múltiple, con la finalidad de que no se refleje que ésta se ubica en el supuesto de extinción de capita
Abaratar tasas
Se fortalecerá a la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) para que sus acciones en defensa de los clientes sean obligatorias para las instituciones crediticias.
Será mucho más fácil para las personas cambiar de banco y se prohíben las ventas atadas o condicionadas, lo que permitirá una mayor competencia en el sector.
Para que los usuarios puedan utilizar su historial crediticio positivo para acceder a más alternativas de financiación se contempla la posibilidad de crear un buró crediticio universal.
Pero además, se generarán incentivos adicionales para que la banca preste más, y para reducir los riesgos de estas entidades se simplifican los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias.
También se crea un Buró de Entidades Financieras, para que los usuarios puedan conocer información relevante sobre las mismas.
Asimismo, se plantea una evaluación periódica a los bancos para promover que presten más.
Se mejorará la coordinación entre autoridades financieras, mediante el fortalecimiento del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y se elevará a rango de ley las normas para la conformación y calidad de capital (Basilea III).
También se facilita el proceso de quiebra bancaria, protegiendo los recursos de los ahorradores.
Banca de Desarrollo
Se busca un nuevo mandato para la banca de desarrollo que propicie el crecimiento del sector financiero en beneficio de las familias mexicanas, que maximice los beneficios de los préstamos que realice y fomente el crédito privado.
Además, crear programas y productos financieros para el desarrollo de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Mercado de Valores
Se buscará modificar la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) para potenciar a las empresas medianas en México.
Además, se propone que el poder legislativo fije mínimos de valor que sirvan de indicador de madurez en sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil con objeto de que se conviertan en sociedades anónimas bursátiles.
Para ello, se modificará el artículo 19 de la Ley del Mercado de Valores, a fin de ajustar el plazo de conversión de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil a sociedades anónimas bursátiles de tres a 10 años.
Los cambios que se proponen para impulsar este mercado, de acuerdo con el documento, abren la posibilidad de crear y diseñar un mercado y plataforma de negociación de acciones para empresas medianas.
De esta manera, se podrá generar una mejor dinámica que contribuya a percibirlo como un segmento atractivo de empresas de menor tamaño, y con gran potencial de crecimiento.
También, se introduce al capital contable como medida para cuantificar el valor en que las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil deban transformarse en sociedades anónimas bursátiles.
Y para ello se establece un capital contable mínimo de 250 millones de unidades de inversión (UDIS).
Los detalles de la transición de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil a sociedades anónimas bursátiles se harán por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La iniciativa incluye un apartado que se refiere a la oferta restringida en cuanto a los requerimientos actuales del mercado de valores y su competencia.
Ello con la finalidad de establecer un régimen especial que permita a las emisoras de valores la realización de ofertas públicas dirigidas exclusivamente a ciertas clases de inversionistas.
De ahí que el proyecto proponga fortalecer las normas a las que se sujetarán las instituciones de crédito y casas de bolsa en la prestación de servicios de inversión a sus clientes.
Además, establece reglas para instituciones calificadoras de valores, proveedores de precios y sociedades que administren sistemas para facilitar operaciones con valores.
Por ultimo, también propone incorporar el régimen aplicable a las bolsas de valores para celebrar acuerdos con otras bolsas del exterior, con el objeto de establecer sistemas de canalización de órdenes para tales efectos.
La reforma en puntos
1. Evaluación periódica del crédito bancario.
2. Da al regulador del sector nuevos poderes para imponer sanciones a bancos que no ofrezcan suficiente crédito.
3. Fortalece la banca de desarrollo clarificando su mandato de fomentar la economía a través de la atención de sectores estratégicos.
4. Libera los límites a la inversión extranjera en entidades financieras
5. Realiza adecuaciones al marco jurídico del Condiusef y reorienta su objetivo en beneficio primordialmente de los usuarios.
6. Facilita operaciones internacionales como medidas requeridas para que México se sume al mercado accionario regional que incluye a Chile, Colombia y Perú.
7. Propone que la conducta de testaferrato sea considerada como delito grave.
8. Incrementa poderes para congelar fondos que pueden estar relacionados con lavado de dinero.
9. Crea dos burós de crédito estatales para compartir información crediticia de los usuarios.
10. Especifica sanciones al financimiento del terrorismo.
11. Crea ciertas facilidades para que empresas medianas puedan acceder y mantenerse listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
