Presos en la cárcel equivocada
Más de 2 mil presos federales acusados de delitos ligados al crimen organizado se encuentran en penales estatales en Jalisco, pese a que estos centros se caracterizan por tener un alto grado de vulnerabilidad y autogobierno
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_gai0bjzp” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El sistema penitenciario estatal del Gobierno de Jalisco es el segundo a nivel nacional con más presos federales recluidos en sus celdas, en su gran mayoría por ilícitos vinculados al crimen organizado, a pesar del alto grado de vulnerabilidad y autogobierno mostrado en este sexenio.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación reporta que mantiene en las cárceles estatales del país a 18 mil 582 presos que deberían estar custodiados en centros penitenciarios de la Federación.
De esta cifra, los sistemas estatales carcelarios donde el OADPRS ha recluido a más presos federales son, primero el de la CDMX, con 3 mil 286; en segundo sitio, el de Jalisco, con 2 mil 216; en tercero, el de Baja California, con mil 751; cuarto, el del Edomex, con mil 245 y en quinto, el de Zacatecas, con mil 031.
De esos más de 18 mil presos federales en las cárceles estatales del país, tanto en calidad de procesados como sentenciados, hay al menos 15 mil 048 a los que se liga con 5 actividades ilícitas propias de las organizaciones delictivas: narcotráfico, delincuencia organizada, portación y acopio de armas, huachicoleo y trata de personas.
Esto significa que 8 de cada 10 de los reclusos que el Gobierno federal mantiene en los penales estatales, caracterizados por su debilidad institucional y falta de seguridad, podrían tener nexos con los grupos delictivos que asolan al país, según los datos obtenidos del OADPRS con el recurso RRA 5766/17 a noviembre de 2017.
En específico, hay 14 mil 692 presos federales en las prisiones estatales que están recluidos por narcotráfico –delitos contra la salud-, delincuencia organizada, y portación y acopio de armas, ya sea porque se les vincula a esas tres actividades criminales juntas, a un par o solo a una de ellas.
Mientras que en cuanto al robo de hidrocarburos o huachicoleo, en los penales estatales hay 206 presos federales ligados a ese ilícito, junto a otros 150 por actividades de trata de personas y conexas, incluyendo el tráfico de indocumentados, la pornografía infantil y la corrupción de menores.
Drogas y armas
Jalisco resalta por tener el sistema penitenciario local con la segunda mayor cantidad de presos federales vinculados al narcotráfico –delitos contra la salud-, delincuencia organizada, y portación y acopio de armas, considerando tanto a los que ameritaron esos tres cargos juntos, algún par o solo uno de los mismos.
Son 2 mil 012 los presos federales que custodia Jalisco que tienen este tipo de perfil delictivo típicamente relacionado con las organizaciones criminales, siendo superado solo por la CDMX, con 2 mil 090 reclusos con esos antecedentes en sus prisiones, mientras que los lugares del tercero al décimo los ocupan las siguientes entidades y sus penales:
Baja California, con mil 034 presos con estos cargos; Zacatecas, 968; Edomex, 960; Sinaloa, 848; Guerrero, 745; Sonora, 709; Chihuahua, 621; y Michoacán, 552.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recién advirtió en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 que las condiciones de debilidad institucional en las cárceles estatales prevalecen, pues de 131 visitadas, “se identificaron como deficiencias importantes con 71 y 69 respectivamente, la falta de prevención y atención de incidentes violentos, así como las condiciones de autogobierno/ cogobierno”.
Una decena de estados obtuvieron calificaciones de 0 a 5.9 puntos en sus prisiones; otras 20 de 6.0 a 8.0; y solo un par de 8.1 a 10.
Huachicoleo y trata
Con relación a la actividad delictiva del huachicoleo o robo de combustibles que se ha intensificado en los últimos años, las cárceles del Gobierno jalisciense se han convertido en las más importantes entre los estados para custodiar a los internos federales con esos cargos, con 62 actualmente.
Los estados subsiguientes con más presos federales por huachicoleo son, en segundo lugar, Sinaloa, con 43; en tercero, Querétaro, con 28; en cuarto, Tlaxcala, con 16; y en quinto, Tamaulipas, con 11.
Mientras que en trata de personas y actividades conexas Jalisco ocupa el sexto lugar con más reclusos federales por este tipo de ilícitos, con nueve, considerando el ilícito de trata de personas como tal, además de otros como tráfico de indocumentados, pornografía infantil y corrupción de menores.
A Jalisco lo superan con más presos federales por delitos de trata y conexos las siguientes entidades: el Edomex, con 30 internos federales; en segundo, Chihuahua, con 28; en tercero, San Luis Potosí, con 16; en cuarto, Sonora, con 11; y en quinto, Campeche, con 10.
Riesgo jalisciense
De los 2 mil 216 presos federales que están recluidos en las cárceles estatales de Jalisco, hay 2 mil 083 con cargos característicos del accionar de los cárteles, como narcotráfico, delincuencia organizada, huachicoleo y trata, aunque resta una minoría de 133 internos vinculados con otros ilícitos distintos.
A estos 133 presos federales faltantes se les involucra en delitos federales de muy diversa índole, como homicidio (23) y secuestro (20), y ya en mucho menor medida a otros como contrabando, defraudación fiscal, falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo, y violación, por citar algunos.
Todos estos presos federales siguen alojados en las cárceles jaliscienses a pesar de que en mayo de 2017 fue revelado un video en el que se exhibía el grado de autogobierno que existe en su interior, con una narcofiesta del Cártel Jalisco Nueva Generación en el centro preventivo del complejo de Puente Grande.
Si bien a quien se le atribuía la jefatura del autogobierno en las cárceles de Jalisco, José Luis Gutiérrez Valencia “Don Chelo”, fue abatido por la Marina en un enfrentamiento del 4 de diciembre del 2017 a pocos días de haber sido liberado, no hay señales claras de que el Gobierno local haya recuperado la rectoría total de esas instalaciones.