La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) está bajo presión por la polémica que ha generado la reforma al artículo 1 de la Constitución estatal, en donde se incorporó la figura de la llamada Ley Antiaborto.
Este órgano es en la actualidad el único que podría interponer una acción de inconstitucionalidad contra la modificación que impulsaron los legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, la cual se aprobó el pasado 6 de marzo entre opiniones encontradas, tanto de los propios congresistas como de la sociedad civil.
“El estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”, indica de forma textual el cambio promovido por los diputados blanquiazules.
Asimismo, desde la aprobación de la llamada Ley Antiaborto, la organización Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, a cargo de la exdiputada panista Carolina Garza y en conjunto con otros grupos religiosos, así como la diputada del mismo partido, Claudia Gabriela Caballero Chávez, iniciaron una ofensiva contra la CEDHNL para que no ejerza una acción de inconstitucionalidad contra la reforma
Incluso, desde la tribuna del Congreso local, Caballero presentó un exhorto contra la Comisión, y en su discurso exigió que no se intentara promover ninguna acción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atentara contra la iniciativa que penaliza estas prácticas en el estado fronterizo.
“De qué sirven otros derechos como la salud, la educación o la alimentación si no tenemos el derecho a la vida. Hoy debatimos sobre este tema, sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción”, mencionó la diputada en el pleno el pasado 6 de marzo.
Para tales efectos y como forma de presión adicional, la organización Familias Fuertes Unidas por Nuevo León acudió el pasado 25 de marzo a las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León para exigir de viva voz que no se interponga el proceso de inconstitucional.
Sin embargo, ante el embate que tanto Acción Nacional como organizaciones para la defensa de la vida han realizado desde principios del mes de marzo, la presidenta de la CEDH estatal, Sofía Velasco, se mantiene firme al asegurar que el organismo que representa aún está a tiempo de formular la acción de inconstitucionalidad contra la polémica Ley Antiaborto, a fin de seguir en la lucha por el derecho a decidir.
“Estamos en tiempo todavía, el plazo (para la acción de inconstitucionalidad) se vence el próximo 11 de abril. Finalmente es pugnar por una base de derechos. Si vemos en la historia, el avance de los derechos humanos siempre ha sido así, una lucha”, mencionó.
Este anuncio realizado por la titular de la CEDH, choca directamente contra la propuesta panista, siendo hasta la próxima semana cuando se definirá la postura oficial desde el organismo que encabeza.
“Entiendo el punto, es un exhorto que en su momento lo analizaremos y les diremos qué vamos a hacer. (El PAN) nos está pidiendo que no hagamos la acción”, dijo la presidenta el pasado 2 de abril.
Velasco aclaró que la institución se encuentra estudiando la propuesta de los dos grupos de mujeres, en donde uno está exigiendo que no se promueva la acción y el otro se mantiene en la pelea para buscar que el aborto sea legal, seguro y gratuito en toda la región.
“Tenemos que ser muy cuidados y estudiar los derechos, y en eso nos vamos a basar. Este tema siempre es difícil donde sea que sea tratado; en cualquier estado donde este tema ha salido, por supuesto que polariza. Hay mucha carga religiosa, hay mucha carga moral, hay muchas cuestiones éticas”
Reafirman exigencia
En tanto, la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, no ha bajado la guardia y se mantienen vigilantes del posicionamiento que prepara la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual podría darle marcha atrás a la reforma de la Constitución local.
Ante esto, fue precisamente la diputada Claudia Caballero, quien mostró la postura más frontal en este debate, llevando la discusión ante el pleno y exponiendo a su vez el por qué el aborto es una práctica que merece ser criminalizada en el estado del norte.
Con pañuelo azul al cuello, símbolo del movimiento provida a nivel nacional, Caballero Chávez se ha dedicado a defender la idea de la vida desde la concepción, apoyada por un modelo a escala de un feto de 12 semanas, al cual se refirió como “un bebé” y por un audio del supuesto latido del corazón de la hija de la diputada durante este periodo de gestación.
Estas enérgicas reacciones provenientes de la bancada de Acción Nacional en el Congreso se comprenden al considerar que fuentes cercanas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, aseguraron a Reporte Índigo que, en efecto, existe un documento de inconstitucionalidad diseñado para combatir la Ley Antiaborto.
Una estipulación que pondría pausa a la modificación realizada el pasado 6 de marzo, en donde se establece que la vida quedará al amparo de la Constitución desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, pero que hasta el momento no señala qué tipo de castigo recibirán las personas que incurran en una interrupción del embarazo
Un detalle que, hasta el día de hoy, han pasado por alto los diputados de la bancada del PAN, pues no han promovido ningún tipo de sanción o informado sobre la tipificación de este delito en el Código Penal del Estado de Nuevo León; una reforma que se mantienen en el limbo, sin certeza jurídica.
