Presidencia pide a Suprema Corte ya no discutir el Plan B de reforma electoral

La Presidencia solicitó que luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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Este miércoles, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspenda el análisis del Plan B de la reforma electoral para dar paso a las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS).

¿Qué sucedió?

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la presidenta de la Corte, Lucía Piña Hernández, que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la LGSC el 11 de mayo de 2018.

A su vez, y en el mismo sentido, se solicitó que luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

Existieron vicios

La CJEF recordó que dicha Ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN.

En ese sentido, precisó que existieron vicios en el procedimiento legislativo y algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.

Hace un llamado

Por ende, criticó que hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.

Además, hizo un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Gobierno critica sentencia

Cabe recordar que ayer, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la filtración del proyecto de sentencia en el Supremo que propone invalidar la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral aprobada por el poder Legislativo en diciembre de 2022.

“El actuar de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite”, dijo en un comunicado la oficina de Presidencia.

Precisó que el trámite aún no se ha incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual, consideró “se viola flagrantemente” el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que en uno de sus capítulos prohíbe a ministros y funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión “que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”.

Esta declaración se dio en respuesta a que el pasado lunes, un portal de noticias revelara que el ministro Alberto Pérez Dayán propondría la anulación de la primera parte de la iniciativa debido a que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.

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