El primer paso para garantizar el derecho de las personas a votar en prisión preventiva ya fue dado en el Congreso de la Ciudad de México: se presentó una iniciativa de reforma.
De ser aprobada en este año, las personas que estén en reclusión, pero sin sentencia, podrán votar en 2024.
Cabe señalar que órganos electorales locales han emprendido proyectos para acatar fallos judiciales en los que se ordena garantizar los derechos políticos-electorales de ese sector poblacional.
En la presentación de los resultados de las mesas sobre #AccionesAfirmativas en materia político-electoral para la CDMX.
Expuse la desigualdad en la que se encuentran las personas en prision preventiva al no poder votar, es un derecho humano reconocido incluso por la @CorteIDH pic.twitter.com/YubgqLz1ab
— Ricardo Rubio (@ricardorubiot) March 24, 2023
Cinco años de la orden
El 20 de febrero de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la sentencia del expediente SUPJDC-352/2018 para salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad y determinó que quienes se encuentran en prisión y no han sido sentenciados tienen derecho a votar dado que los ampara el principio de presunción de inocencia.
En este sentido, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba antes de 2024, en la que se establezca el formato en el que las personas en reclusión sin sentencia en el país votarán, con el fin de que puedan ejercer esta garantía en las elecciones de dicho año.
A nivel local, según estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hay un total de 25 mil 520 personas presas, de las cuales, 6 mil 968 enfrentan un proceso penal y, en caso de que se concrete la reforma presentada, podrían votar en 2024.
No podemos decir que somos un país democrático si una parte de la población tiene derecho a votar y no tiene condiciones para hacerlo. Por ello, dialogamos con las autoridades para que las personas en prisión preventiva sean incluidas en las elecciones. Esta semana tocó @SSC_CDMX pic.twitter.com/wJhuOOgwpG
— CEA Justicia Social (@CeaJusticia) June 10, 2022
La iniciativa alcanza a quienes no tienen sentencia
Fue el pasado 27 de abril, cuando el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, presentó la iniciativa referida ante el pleno para su estudio y dictaminación.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, busca reformar los artículos 6 y 8; se agrega la fracción XII al artículo 36 y las fracciones LII, LIII y LIV al artículo 50; y se crea el artículo 70 Bis; todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
“Las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tienen derecho a emitir su voto en la elección para la Jefatura de Gobierno, las diputaciones del Congreso, las Alcaldías y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizado en la Ciudad de México”, señala la propuesta de modificación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales del Congreso, que también preside Villanueva.
En entrevista, el legislador de Morena afirma que su propuesta de reforma a la ley ya pasó por un proceso de Parlamento Abierto; hubo mesas de trabajo con autoridades electorales, personas en reclusión y autoridades penitenciarias.
❌Prohibición de campañas negras
🗳️Voto de personas en prisión preventiva
👀Regular informes de representantes populares.Consolidar e impulsar una democracia incluyente, es uno de los compromisos que tenemos desde el Congreso de la Ciudad de México. pic.twitter.com/Z3ZmTYOahv
— Temístocles Villanueva (@TemistoclesVR) May 4, 2023
“Las personas en prisión preventiva no han perdido sus derechos político-electorales y desde 2019 hasta el día de hoy, se han hecho adecuaciones normativas, pruebas piloto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y en la elección de gobernador en Hidalgo también hubo una prueba piloto muy importante”, declara.
Señala que su iniciativa busca reconocer el derecho de las personas en prisión preventiva y crear un marco normativo para garantizar su derecho al voto.
“Hubo un proceso muy importante, realizamos mesas de trabajo con académicos, autoridades y diputados. Todos coincidimos que más allá del mandato judicial, es necesario garantizar los derechos de la ciudadanía y que esta iniciativa, puede ser una medida de reinserción social para que no pierdan vínculo con su comunidad”, dice.
Por último, explica que si en este año se aprueba la iniciativa, en las próximas elecciones de 2024, las personas en prisión preventiva podrían votar por jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales.
Presupuesto Participativo: una prueba piloto
En la Ciudad de México, en este 2023, se realizó un ejercicio con el fin de acatar el fallo judicial referido y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Durante 2022, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impartió capacitaciones a un grupo de 60 personas en prisión preventiva que se encuentra en el Reclusorio Sur y en el penal femenil de Santa Martha Acatitla para que pudieran inscribir proyectos en el proceso de Presupuesto Participativo de 2023 y 2024, menciona el texto “Internos de los Reclusorios Sur y de Santa Martha Acatitla serán tomados en cuenta para el Presupuesto Participativo 2023”, publicado por Reporte Índigo el 15 de marzo de 2023.
Autoridades electorales señalan que la iniciativa, además de incentivar la reinserción social, cumple con lo ordenado por el TEPJF sobre el derecho de las personas en reclusión a votar.
Personas privadas de la libertad de los Reclusorios Sur y de Santa Martha Acatitla serán tomados en cuenta para el Presupuesto Participativo 2023.https://t.co/VIWiZJYhcB
— Hilda Téllez Lino (@HildaTellezL) March 15, 2023
En total, según lo informado, personas reclusas presentaron 39 proyectos de Presupuesto Participativo que se analizaron para participar en la consulta vecinal del próximo 7 de mayo.
El proyecto llevado a cabo por el IECM ha sido el primero de su naturaleza en la capital y, según consejeros electorales, el próximo paso, en conjunto con el INE, es instrumentar el voto de las personas recluidas sin sentencia en 2024.