Guaruras: saga de abusos

Prepotencia, golpizas, amenazas, intimidación. Los escoltas históricamente han protagonizado casos de abusos y agresiones en contra de ciudadanos e incluso de servidores públicos.

La falta de una regulación y un control de las personas que trabajan como agente de seguridad privada han propiciado una cadena de abusos de los llamados escoltas, que en raras ocasiones tienen consecuencias jurídicas.

En 2015, solo en la Ciudad de México, la Procuraduría capitalina abrió 14 investigaciones previas, por denuncias de ciudadanos por abusos, lesiones y amenazas de las que fueron víctimas por parte de escoltas.

Durante este año se han documentado cinco agresiones por parte de agentes de seguridad privada en la capital del país, dos de ellos con amplia exposición mediática.

El primero fue el caso del city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, quien fue agredido por escoltas del empresario Raúl Libien, mientras realizaba un operativo en Paseo de la Reforma.

El segundo es el conocido como “Lord Ferrari”, el empresario Alberto Sentíes, cuyos guardaespaldas golpearon a un automovilista en Viaducto Tlalpan, mientras Sentíes aguardaba en su automóvil deportivo.

Además, está el video del enfrentamiento a golpes entre trabajadores de valet parking y algunos escoltas, tras un incidente vial en la colonia Roma.

Otros casos ampliamente documentados son el de la agresión de los escoltas del empresario Emir Gaduño a un policía fuera de servicio en Toluca, Estado de México. Garduño se hizo acreedor al sobrenombre de “Lord Rolls Royce”.

También quedaría registrado en video el caso de un grupo de escoltas que golpearon a un automovilista en junio pasado en el municipio de Metepec, también en el Estado de México.

No existe un padrón confiable de cuántas personas trabajan en seguridad privada, no hay un sistema homologado de reclutamiento, ni un estándar mínimo de capacitación.

Sin embargo, el negocio de la seguridad privada ha sido uno de los de mayor crecimiento en México en los últimos años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en 2005 existían 173 empresas de seguridad privada en el país debidamente registradas que contaban con 419 elementos de seguridad.

Para 2015, según las cifras de la dependencia, había mil 103 empresas con más de 73 mil elementos, esto sin contar las que operan de manera irregular.

Hoy el Gobierno de la Ciudad de México pretende regularlos. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México presentó el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de 

México, que regulará a las empresas que brindan seguridad privada.

De manera paralela, en el próximo periodo ordinario de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el grupo parlamentario del PAN presentará una iniciativa de Ley de Seguridad Privada.

Buscan evitar a pseudoescoltas

Para preparar la iniciativa de Ley que llevará acción Nacional a la Asamblea Legislativa, los blanquiazules realizaron foros para analizar propuestas, inquietudes y posturas, tanto de los empresarios de seguridad privada, como de especialistas en la materia.

El diputado panista Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa y uno de los principales impulsores de la Ley, afirma que en lo general el Reglamento es un avance positivo, aunque hay algunos temas en los que guardan diferencias.

“Principalmente los empresarios lo que piden es que no sean sobrerregulados, ya que se les piden demasiadas cosas a veces para poder contar con todos los permisos y poder operar”, detalla 

Gonzalo Espina.

Una de las principales inquietudes es la balización de los automóviles que está contemplada en el nuevo reglamento, ya que ello los hace totalmente visibles, y quedan desprotegidos, pues muchos de ellos realizan labor de inteligencia.

El diputado panista confía en que la Ley que impulsarán en el próximo periodo ordinario coadyuvará a que las empresas formalmente establecidas y capacitadas puedan dar un mejor servicio, así como evitar la operación de pseudoescoltas.

“Las personas están perfectamente en su derecho de contratar guardias de seguridad privada, es un servicio más que se brinda. Lo que no se puede hacer es transgredir el derecho de otros.

“Debe estar regulado correctamente para no atropellar el derecho de terceros, lo que estamos haciendo es regularlo para que no veamos excesos de estos pseudoescoltas o criminales disfrazados”, dice el legislador.

Reconoce que la falta de un control más estricto sobre las empresas de seguridad ha dado origen a abusos por parte de estos “pseudoescoltas”, por lo que es importante establecer lineamientos para que solo las empresas capacitadas puedan prestar el servicio.

“Esas son las cosas que no queremos ver en las calles, ni queremos que los ciudadanos sean víctimas de estas personas.

“También hay empresas bien capacitadas que brindan este servicio y elementos sumamente responsables”, finaliza.