La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, en voz de su dirigente José Antonio García Herrera, manifestó su preocupación por la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que obliga a los medios a distinguir entre opiniones e información. Así como del alcance y afectaciones que esta medida podría tener en la democracia mexicana.
“Estamos muy preocupados en la industria, los concesionarios, los comunicadores. Porque esta resolución, en primera instancia, nos obligaría a diferenciar lo que es opinión de lo que es información”, dijo el presidente del Consejo Directivo de la CIRT en entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, en la cual destacó la dificultad de hacer esta división en los contenidos.
“La sala debe pensar que los radioescuchas somos retardados mentales y no sabemos diferenciar cuando alguien está opinando o está informando. Creo que esto es muy malo para la industria, sí creo que esto es un retroceso para la libertad de expresión y voy más allá. La sala está emitiendo esta resolución ordenando al Congreso de la Unión a que legisle.”
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La legislación pedida por la Primera Sala volvería a otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular no sólo las concesiones, sino sus contenidos. “Solamente hay tres países que regulan contenidos en el mundo: China, Corea del Norte y Cuba. Países totalmente antidemocráticos. Verás la preocupación que tenemos”, dijo García Herrera.
También advirtió de posibles afectaciones a las libertades civiles del país, criticando que “la sala está buscando, como padre de familia, proteger a los radioescuchas. ¿Proteger de qué? No lo sé. Nosotros necesitamos tener una libertad de expresión para poder continuar con una democracia, es uno de los derechos fundamentales de México o de cualquier país”.
Fue el pasado 19 de enero cuando la Primera Sala aprobó esta resolución a raíz de un juicio de amparo interpuesto por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos en inconformidad con las reformas promulgadas en 2017 que, se acusa, eliminaron regulaciones que protegían los derechos de las audiencias.
De ahí que los ministros que integran la sala encargada de la materia civil y penal resolvieron que los medios de comunicación deben hacer claras distinciones entre información y opiniones, así como determinaron que no pueden promulgar sus propios códigos de ética. Por lo que solicitaron la legislación correspondiente para facultar al IFT.
