Los periodistas mexicanos realizan su trabajo entre amenazas y agresiones sin la protección adecuada del Estado.
El año pasado 609 reporteros fueron víctimas de ataques, 10 de ellos asesinados por la labor que desempeñaban.
Estas cifras representan casi el doble de agresiones a la prensa con respecto al 2013 –primer año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto– y un incremento del 12 por ciento con relación al número de casos registrados en 2018, de acuerdo con Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión.
En 2019 el número de ataques a la prensa se incrementó en un 12 por ciento con respecto al año anterior y fue de casi el doble al compararlo con el 2013, primer año del gobierno de EPN
En la presentación del Informe Anual, Voces en Disputa, Ana Cristina Ruelas, directora de Article 19 en México, explicó que no existe voluntad de los gobiernos para hacer que la libertad de expresión se garantice con instrumentos del Estado. Por el contrario, aseguró que en el actual contexto de la pandemia por el Covid-19, la política en el país busca controlar los flujos de información que llegan a la sociedad a través de amenazas físicas y jurídicas.
“En 2019 en el espacio digital hubo oleadas de agresiones que incluyen una diversidad de actores en las redes sociales que amenazan, acosan y hostigan, en particular a las mujeres periodistas”, afirmó Ruelas.
La directora de Artículo 19 agregó que el año pasado las prácticas para controlar el material informativo desde las élites se reflejaron en el incremento de agresiones contra periodistas a través de discursos estigmatizantes, discriminación con desinformación o señalamientos desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Ruelas indicó que a pesar de que el ejercicio de enviar un mensaje ante los medios de comunicación y aceptar sus preguntas, el jefe del Ejecutivo suele demeritar el trabajo de la prensa o no responde con claridad lo que se le cuestiona.
Al inicio de la presentación, Ruelas enfatizó que con la llegada de un nuevo gobierno, pintaba un buen futuro para el periodismo pues el mandatario había dicho que se respetaría la libertad de expresión, no habría censura, se trataría lograr equidad en la distribución del gasto oficial a medios de comunicación y sobre todo se trabajaría en un diagnóstico al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos por parte de la ONU.
La realidad, apuntó la directora, es muy distinta, ya que la violencia contra periodistas sigue en aumento desde los últimos 12 años y, aunque es un problema heredado por la actual administración, ésta tampoco frena los ataques a integrantes de la prensa.
En 2019 asesinaron a activistas y reporteros como Samir Flores, Francisco Romero, Norma Sarabia, Édgar Nava, entre otros. En las conferencias matutinas se han presentado nuevas amenazas hacia el trabajo periodístico pues se busca anular a quien cuestione el relato de Presidencia, así el derecho a disentir en el gobierno no está garantizado y con respecto al Mecanismo de Protección donde hay mil 162 beneficiados de los cuales 384 son periodistas, al día de hoy el gobierno no ha implementado las recomendaciones de la ONU para hacerlo más eficiente
Contra el periodismo crítico
Durante su intervención, Ana Cristina Ruelas mencionó que durante los primeros 100 días de gobierno de López Obrador, el mandatario usó palabras como “fifí”, “conservadores” e “hipócritas” para referirse a la prensa crítica de su administración y agregó que el 15 por ciento de las agresiones en la Ciudad de México sucedieron en conferencias matutinas debido al discurso estigmatizante de la autoridad.
“Los reporteros que cubren corrupción y política representan 56 por ciento de los agredidos, a la fecha no se puede garantizar que para el gremio dejen de ser la mayor amenaza funcionarios públicos de los tres niveles, principalmente estatal y municipal”, comentó.
Con respecto al ejercicio de las mañaneras, Artículo 19 sostiene que es casi imposible contrastar la información que se presenta en dicho espacio con aquella que es obtenida con solicitudes de información o la que publican las instituciones.
“En términos de acceso a la información, las conferencias matutinas han generado un incremento de solicitudes y recursos de revisión pues las declaraciones del presidente figuran como la fuente primaria de información, sin embargo, en 2019 hubo 817 recursos de revisión contra la falta de respuesta o la clasificación de información de Presidencia”, especificó.
En cuanto a la distribución de la publicidad oficial, la directora detalló que el año pasado todavía se registró la concentración del gasto oficial sin saber bajo qué criterio se reparte pues el 57 por ciento se entregó a 15 medios y el 43 por ciento entre 476 medios. Además de que un 30 por ciento del gasto lo recibieron tres medios: TV Azteca (10.87), Televisa (10.84) y La Jornada (8.03).
Artículo 19 hace un llamado a que se tomen acciones para la protección del gremio periodístico en los tres niveles de gobierno así como llevar a cabo una política que garantice libertad de expresión y derecho a la información, combatir la impunidad, garantizar una política de protección, garantizar acceso a la información a todos principalmente a las comunidades alejadas, combatir la desinformación y eliminar el uso de lenguaje discriminatorio.
