En el marco de la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al Poder Judicial dar prioridad a los procesos de preliberación y amnistía para personas inocentes, víctimas de tortura o sin sentencia.
“Aunque estamos trabajando de manera coordinada, no caer en la indolencia, en el burocratismo. Hacer un llamado al Poder Judicial, desde los ministros, magistrados, jueces. Que esto se tome como algo prioritario, es muy grave que permanezcan años en la cárcel inocentes o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturados”, dijo.
Durante la conferencia matutina del martes 22 de noviembre, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se otorgaron 289 libertades entre el 27 de octubre y el 21 de noviembre de este año. De las cuales, 264 fueron obtenidas por el mecanismo de preliberación y otras 25 por la amnistía ordenada por López Obrador.
Recalcando que “mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades”, detalló que se han liberado mujeres, indígenas, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, discapacidad permanente y en pobreza.
Aunque se han logrado tres mil 648 libertades desde el pasado mes de julio, solo 190 de estas corresponden al decreto de amnistía.
“Para dar amnistías se requiere que las personas tengan sentencias”, dijo Rodríguez. Algo que López Obrador también criticó, puesto que hay casos de personas en calidad de prisión preventiva durante más de una década.
“Cómo vamos a estar hablando de impartición de justicia si no actuamos, si no hay justicia pronta, expedita”, reclamó López Obrador respecto a casos como el de Israel Vallarta o Brenda Quevedo, agregando que “hay buena disposición del presidente de la Suprema Corte, pero son cosas que hay que estar mencionando”.
También acusó que, “desde luego, hay influyentismo político, hay burocratismo, hay tácticas dilatorias en los procesos judiciales, hay corrupción en juzgados, hay de todo. La ventaja es que, frente a todos estos obstáculos, hay una voluntad de parte nuestra de que se haga justicia y que no estén en la cárcel inocentes y que los que fueron torturados obtengan su libertad”.
Desde el 27 de octubre, López Obrador se pronunció en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa acusando que “quieren impunidad para los factureros”, pues plantea dejar sin efecto este mecanismo jurídico para delitos fiscales graves.
En aquella ocasión, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, se sumó a la crítica señalando que el proyecto pretende “modificar por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución”.
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