"Monterrey tiene que torear un toro sin capote y sin barreras. Lo que es más, tiene que torear dos toros: uno es la resolución de un tribunal colegiado, que de momento la califico de extravagante...”
"Ellos utilizaron un precedente de esta Suprema Corte de Justicia que no se creó para tribunales colegiados, sino para la Suprema Corte, que es la que puede consignar directamente a un juez penal”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo ayer resolver de una vez por todas el conflicto legal que persigue al ex alcalde Fernando Larrazabal, por haber dejado la Alcaldía de Monterrey.
El máximo tribunal del país también pudo haber definido si habrá o no sanciones penales contra los ex integrantes del Cabildo por el posible desacato de una sentencia de amparo.
Pero los ministros de la Corte Suprema no hicieron ni una ni otra cosa.
El pleno de la Corte acordó ayer desechar por improcedente la solicitud que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado, para que fuera la SCJN la que resolviera una controversia generada por dos sentencias en un mismo caso.
Pero en cambio, la Corte decidió ejercer la facultad de atracción del asunto legal que se originó por un juicio de amparo que presentó un ciudadano en contra de la licencia de Larrazabal, asunto que actualmente se encuentra en fase de revisión en este tribunal colegiado.
El caso Larrazabal provocó decisiones empatadas y contradictorias por dos órganos del Poder Judicial de la Federación.
Las resoluciones derivadas de un juicio de amparo que presentó un ciudadano contra la licencia del ahora diputado federal y la incluida dentro del juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que presentó Larrazabal ante el Trife para validar sus aspiraciones.
Serán entonces los ministros de la Corte los que determinen qué sentencia prevalecerá en este caso, si la dictada por el Trife o la resolución judicial por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado, que incluso ya solicitaron a un juez penal consignar a los ahora ex regidores por incumplimiento de la sentencia de amparo.
El proyecto de dictamen, elaborado y presentado por el ministro Luis María Morales Aguilar, venía en sentido favorable para Larrazabal, sin embargo fue votado en contra por mayoría de nueve votos contra dos por el pleno de la Corte.
Este dictamen proponía que prevaleciera la resolución que dictó la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la mayoría de los ministros determinaron que el pleno de la Corte no era competente para dirimir casos jurisdiccionales como el planteado por los magistrados Sergio Eduardo Alvarado Puente y Sergio Javier Coss Ramos.
Esto, a pesar de que el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y dirimir sobre las controversias que surjan entren tribunales locales y federales.
En cambio el ministro Salvador Aguirre Anguiano fue el único de que votó a favor del proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar Morales.
“El Ayuntamiento de Monterrey tiene que torear un toro sin capote y sin barreras. Lo que es más, tiene que torear dos toros: uno es la resolución de un tribunal colegiado, que de momento la califico de extravagante. Si cumple con una incumple con la otra y de todas maneras lo va a cornear un toro”.
La ministra Olga Sánchez coincidió con la mayoría del pleno que era improcedente la solicitud, pero advirtió que el juicio de amparo promovido por el particular no podrá surtir efectos porque ya concluyó el periodo de Larrazabal al frente del Municipio de Monterrey.
La ministra Margarita Beatriz Luna cuestionó la actuación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado e incluso hizo mofa de la decisión de los magistrados de consignar directamente a un juez penal a los integrantes del Cabildo.
“Ellos utilizaron un precedente de esta Suprema Corte de Justicia que no se creó para tribunales colegiados, sino para la Suprema Corte, que es la que puede consignar directamente a un juez penal”.
Será la ministra Luna la que se encargará de armar el expediente de atracción para que este caso sea resuelto ahora por los ministros de la SCJN.
¿Cuándo?
Cuando los ministros de la Suprema Corte lo decidan.
