En México un Estado laico debe convivir con una sociedad religiosa.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dan cuenta de que 89.3 por ciento de los mexicanos son católicos (84 millones 217 mil), 8.3 por ciento protestantes o evangélicos (10 millones 76 mil) y 2.5 por ciento profesan religiones bíblicas diferentes (4 millones 660 mil).
El documento Panorama de las religiones en México 2010, el más reciente de este instituto, establece que para clasificar a quienes siguen una creencia distinta a la mayoritaria o no tienen ninguna, son necesarias más de 250 categorías diferentes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda.
El Estado laico, es decir, la organización política que no tiene religión oficial, se instauró desde 1857
En 1992 una reforma reconoció la personalidad jurídica a las iglesias a partir de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero fue hasta 2012 cuando ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma del artículo 40 constitucional, con la cual se incorporó la palabra laico.
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, establece.
Sin embargo, México tiene que fortalecer su estado laico para constituirse como un Estado de Derecho.
Aunque el principio de laicidad está contemplado como uno de los atributos fundamentales de la República, las leyes secundarias no son suficientes para darle cumplimiento.
Es necesario hacer compatible la libertad religiosa y las responsabilidades de la función pública en todos los niveles de gobierno.
Los diputados y senadores del Poder Legislativo deberán representar en el Pleno a los ciudadanos que les dieron su voto y no hacer leyes desde sus creencias
El Poder Judicial y los órganos que de él emanan tendrán que juzgar los asuntos de orden público sin distinciones ligadas al culto. El representante del Poder Ejecutivo necesita evitar gobernar desde la religión
Así lo argumentan la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, quien en la conmemoración del Estado laico presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien participó como ponente en la VI Semana Internacional de la Cultura Laica “Laicidad y políticas públicas”, realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Construir desde el Poder Judicial
La Carta Magna alude más de una vez a la palabra laico, sin embargo, hay vacíos en su aplicación.
“La educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, señala, por ejemplo, un apartado del Artículo 3 constitucional.
El ministro José Ramón Cossío Díaz dice que se trata de un concepto muy disputado, casi intuitivo y demasiado grande para la acción del Estado.
Para el ministro José Ramón Cossío el primer paso que se debe de dar es definir con claridad a qué se refiere el término laico, primero en su materialidad y después en su funcionalidad, para que el Estado pueda tomar acciones
“Era bastante entendible la laicidad en la educación que imparte el Estado, pero de repente tomó una amplitud enorme que tendríamos que estar construyendo”, dice Cossío Díaz desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).
El ministro en retiro plantea iniciar un proceso de construcción del concepto laico mencionado de forma general en el Artículo 40, primero en su materialidad y después en su funcionalidad.
De esta forma, el Poder Judicial de la Federación podría ser una herramienta de expansión y realización del Estado laico dados los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad colectivas, acciones contra particulares y controversias que ya pueden interponerse.
“Definirlo es el primer problema y el segundo es cómo hacerlo operativo en un determinado sentido porque no es algo obvio”, señala.
Para ello, sugiere realizar litigios estratégicos donde se tomen en cuenta distintos tipos de casos, no sólo para ganar conceptos o definiciones; y en ello deberán participar las instituciones interesadas en mantener esta condición de la República.
“Me parece que es posible también reunir opiniones expertas en determinado tipo de asuntos para establecer cómo comprender el concepto moderno de laico”
Además propone hacer un programa de capacitación para empezar a construir una cultura jurídica.
“Si no se logra eso me parece que otro tipo de organizaciones y conceptos de lo laico pueden empezar a prevalecer en la constitución”, advierte.
Cossío Díaz aclara que hay un debate que ya se cerró, es decir, la libertad de culto ya es un derecho establecido en el Artículo 24.
“El problema no está en si podemos creer o no creer, eso no tiene un sentido de disputa, sino en qué puede hacer el Estado respecto a nuestra libertad de creencias. Yo puedo creer en lo que yo quiera y el Estado no puede intervenir, pero ¿qué acciones públicas pueden llevar a cabo los funcionarios?”, cuestiona el ministro
A lo cual la senadora emecista, Patricia Mercado, propuso un marco legal que se encargue de regular estos asuntos.
Es necesario hacer compatible la libertad religiosa y las responsabilidades de la función pública en todos los niveles de gobierno
Fortalecer desde la ley
El concepto laico es complejo en su definición, en la práctica y aún más en su interpretación. En esto coinciden la senadora Patricia Mercado y el ministro en retiro Cossío Díaz.
“Desde que se reformó en el 2012 el Artículo 40 y se definió una República laica fue muy difícil esta palabra. Hay tendencias conservadoras en las que se piensa que este concepto va en contra de la religión pero es una mala interpretación”
El 26 de marzo, a nombre de la bancada de MC, Mercado presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto para reformarla Ley General de Responsabilidades Administrativas y hacer compatible la libertad religiosa y de convicciones con la función pública.
“Una sociedad democrática se basa en esta separación de la Iglesia y el Estado, donde deben estar incluidos los funcionarios públicos. El legislador debe hacer leyes que no atenten contra la libertad de las personas”, comenta.
La senadora lamenta que alguien con el poder de decisión para hacer una legislación ponga sus propias ideas ligadas a la religión en temas como la interrupción legal del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Argumenta que desde la Constitución no se puede excluir a nadie de sus derechos por cuestiones de género u orientación sexual. Por ello, un Estado laico favorece a un Estado de derecho
“México es fundamentalmente católico pero no unitariamente católico, hay una pluralidad religiosa. Incluso las personas católicas tienen distintas visiones, por ejemplo, los que consideran que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo o los que creen que la interrupción del embarazo es un pecado”, explica Mercado.
Son 10 conductas que la iniciativa pretende sancionar con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, tales como condicionar el servicio público por convicciones de religión; favorecer o descalificar alguna doctrina; utilizar las instituciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos y difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenido religioso.
Para evitar confusiones respecto al término, la senadora Patricia Mercado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hacer compatible la libertad religiosa y de convicciones con la función pública
“Nunca se ha querido entrar a la reglamentación. Esta iniciativa lo que regula es la sanción para el trabajo del servidor público. Su vida personal sale de su representación para que ninguno privilegie alguna doctrina pero tampoco es una propuesta sólo punitiva, estamos metiendo un transitorio para la capacitación”, precisa.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su dictamen. Patricia Mercado confía en construir los consensos necesarios para conseguir una votación mayoritaria en el Pleno.
¿Y el Poder Ejecutivo?
Hace un año la Semana Santa coincidió con el inicio de las campañas presidenciales. Como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador difundió un video en el que se comparó con el expresidente Benito Juárez al decir que fue anticlerical, pero no antirreligioso.
Juárez es el líder del periodo histórico conocido como La Reforma, una de las cuatro transformaciones a las que ha aludido el presidente.
Entre sus acciones de gobierno, en medio de la lucha entre liberales y conservadores, están la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la Ley del matrimonio civil con validez oficial y el cese de intervenciones de esta institución en los cementerios.
A pesar de la laicidad del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador ha hecho repetidas alusiones a la religión cristiana en sus discursos públicos, algo que la senadora Patricia Mercado considera inapropiado
“Soy cristiano en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor y la justicia es amor. Hace poco el Papa Francisco habló de que los no creyentes, cuando defienden una causa justa, son profundamente humanos y profundamente cristianos, así me ubico, respetuoso de todas las creencias y religiones y respetuoso de los no creyentes”, pronunció el primer mandatario.
Sin embargo, una de las propuestas de campaña del morenista fue invitar al Papa Francisco a los foros de seguridad para lograr la paz. Pero Greg Burke, vocero del Vaticano, desmintió a Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación.
“Plantear invitar al papa Francisco es imponer una sola visión. Eso no debería suceder en un estado laico. Hay una diversidad muy grande de ideas, de códigos éticos, de religiones”, sostiene la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado
A días de tomar protesta como presidente, López Obrador abrió una convocatoria para crear una Constitución Moral, documento que definió como una guía de valores. El llamado levantó polémica y el Senado de la República realizó el foro ‘¿Es posible una Constitución Moral en una República laica?’
“Yo me he manifestado totalmente en contra de eso. Los valores que en México todos estamos de acuerdo en llevar adelante están en la Constitución, ahí están los acuerdos sociales de todos los que vivimos en territorio nacional y somos mexicanos o mexicanas”, dice la legisladora emecista. Mercado propone, en lugar de admitir otra Constitución, difundir la que ya existe y hacerla más accesible.
El ministro José Ramón Cossío Díaz cuestiona cómo puede ser impugnable jurídicamente una constitución moral cuando el presidente es una figura jurídicamente importante y simbólicamente poderosa
“Cómo es posible que yo discuta en términos jurídicos con alguien que tiene para sí un texto, que puede ser de carácter religioso o simplemente moral, pero más allá de esas cosas, cómo puedo discutir con el presidente de la República con unos valores, unas categorías y unas normas que están construidas por él”, advierte durante su participación en el IIJ-UNAM.
Otra polémica en torno a López Obrador y la religión es la posibilidad de concesionar estaciones de radio o televisión a líderes evangélicos
La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) realizó esta solicitud a través de su dirigente, Arturo Farela, pero la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público lo prohíbe en el Artículo 16.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de esta dependencia, Zoé Robledo, y el presidente se han reunido en más de una ocasión con esta comunidad.
“Las concesiones de los medios no se le pueden dar a una sola religión, habría que dárselas a todas y tenemos una legislación que dice que a la iglesia no se le pueden dar los medios públicos”, menciona Patricia Mercado.
El tono moralizante en los discursos de López Obrador también ha sido criticado, sobre todo, por los señalamientos que realiza a políticos, empresarios y periodistas de oposición.
“Hay un momento más o menos repetido donde emite juicios sobre ciertos actores o sobre ciertas personas. Y si uno se pregunta cuál es la ilicitud que estas personas realizaron, francamente no hay una de acuerdo con las acusaciones”, sostiene Cossío.
“No se puede ir la iglesia los domingos, ni se puede ir a los templos si se es deshonesto, si no se actúa con rectitud, si no somos honestos violamos los mandamientos, es pecado social”
Patricia Mercado confía en que una vez que se legislen las responsabilidades de los servidores públicos, exista un litigio para que, incluso, el representante del Poder Ejecutivo y cualquiera que cometa una de las 10 acciones a sancionar, sea amonestado por distintas faltas administrativas.