A pesar de que los gobiernos del mundo y la mayor parte de sus habitantes saben que todos dependemos de un planeta en el cual se pueda vivir, las acciones para cuidarlo constantemente se han visto minimizadas e ignoradas, dando prioridad a los temas económicos por sobre los medio ambientales.
“Los modelos de desarrollo establecidos por la mayoría de los países priorizan el crecimiento económico sobre la preservación del medio ambiente, generando una crisis ambiental global muy seria en la que se ha perdido 60 por ciento de las especies de vertebrados y se ha generado calentamiento global por el incremento exponencial de emisiones de gases a la atmósfera, lo que a su vez ha dado como resultado un aumento en el número e intensidad de desastres naturales, niveles de pobreza y el desplazamiento de millones de seres humanos”, expone el Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial A.C. (Codice) en su más reciente diagnóstico sobre la política ambiental del país.
Por ello, ahora más que nunca, la existencia de una política ambiental clara y congruente es fundamental para dirigir de manera exitosa las acciones de gestión y conservación de los recursos naturales.
El caso México
México es un país con una importante riqueza en recursos naturales y ecosistemas diversos, pero también ha sido una de las naciones precursoras en América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas orientadas a la protección ambiental, explica la investigación de Codice.
No obstante, actualmente el país enfrenta una serie de problemáticas en materia medioambiental que no reflejan la experiencia que el Estado ha tenido en la región.
Entre los principales retos está la pérdida de ecosistemas y biodiversidad por cambio de uso de suelo y deforestación, la escasez y contaminación del agua y la contaminación del aire en ciudades.
“El amplio deterioro ambiental en el país tiene que ver con el aumento de la demanda de recursos naturales, provocado principalmente por el fuerte crecimiento poblacional, el aumento en la demanda de bienes y servicios derivado de un modelo económico basado en el consumo excesivo y la concentración de la población en zonas urbanas, lo que genera una acumulación excesiva de residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua, contaminación del aire y pérdida de biodiversidad, entre otros”, explica el diagnóstico del Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial A.C.
Todos estos temas deben atenderse de manera urgente pues no sólo representan una amenaza medio ambiental, sino que su impacto ha comenzado a afectar aspectos sociales y económicos de nuestro país, advierte la asociación civil.
Compromisos cuestionados
Aunque décadas atrás México se posicionó como un país innovador en cuestión de políticas medioambientales, hoy tiene un largo camino de frente por recorrer con muchos retos por enfrentar.
Entre los temas a atender, de acuerdo con el diagnóstico de Codice, está el promover más la educación e interés público por la conservación forestal.
Además, advierte que en el país existe una ausencia de planes de manejo y marcos institucionales que protejan a los bosques y promuevan la producción forestal sustentable.
Más aún, revela que existen políticas públicas que promueven la deforestación, como lo son los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o energéticas en áreas con vocación forestal.
No debemos de olvidar que en el 2015, durante la Cumbre del Clima de París, México se comprometió a alcanzar una tasa neta de deforestación cero para 2030, además de ser parte del Desafío de Bonn, un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de bosques para 2020, y 350 millones de hectáreas para 2030.
Sin seguimiento transexenal
La investigación “La política ambiental en México diagnósticos y Retos” alerta sobre cómo con cada alternancia en el gobierno, los planes y estrategias implementados durante el periodo específico de cada administración pasaban inmediatamente al olvido al ser sustituidos.
“Hasta la administración pasada (Enrique Peña Nieto), el país contaba con instrumentos de política pública para incidir en las problemáticas anteriores como el Programa Nacional Forestal y la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+), así como el programa de pagos por servicios ambientales y programas de aprovechamiento sustentable.
“Sin embargo, en la actual administración, no parece haber continuidad con los programas de conservación de gobiernos anteriores, como el de pago por servicios ambientales, y a dos años de que concluya el gobierno, no existe todavía claridad en cuanto a la estrategia que se utilizará para atacar esta problemática”.
De igual manera, el documento dice que las entidades gubernamentales dedicadas a la conservación y protección de áreas naturales protegidas (CONAMP) han sufrido recortes hasta del 75 por ciento de su presupuesto. Reducción que contrasta con la emergencia ecológica y climática que se vive en muchas áreas del territorio y que repercute en la calidad de vida de la población a mediano y largo plazo.
