Por un Tribunal Electoral sin corrupción

Sin corrupción, independiente, con igualdad de género. Así es el ideal que miembros de la sociedad civil tienen del nuevo pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que entrará en funciones el 4 de noviembre próximo.

Como nunca antes, académicos y miembros de la sociedad civil vigilan el proceso de selección de los nuevos siete magistrados del máximo tribunal electoral del país.

No es para menos. El pleno de este Tribunal es el encargado de calificar las elecciones –especialmente la presidencial- y aplicar sanciones a quienes violen la ley electoral.

Sin embargo, la vigilancia de las organizaciones civiles tiene sus límites. El proceso se lleva a cabo entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Senado de la República.

Este martes, el pleno de los ministros de la SCJN elegirá a 42 aspirantes semifinalistas. Después, el 22 y 23 de agosto, cada uno de los 42 acudirá a comparecer ante los ministros del máximo Tribunal. 

La comparecencia de cada candidato durará solo 10 minutos.

De ellos, serán elegidos 21 finalistas –el 29 de agosto-, que conformarán las siete ternas, de las que el Senado elegirá a los nuevos magistrados, que asumirán su cargo el 4 de noviembre.

Piden 3 de 3

Organizaciones de la sociedad civil pidieron a los ministros de la SCJN que garanticen la probidad e imparcialidad de los nuevos magistrados del TEPJF.

En un pronunciamiento firmado por 25 organizaciones civiles y 55 académicos de todo el país, se pone énfasis en la trascendencia de la elección de estos magistrados y piden que se impida la llegada de personajes corruptos al máximo tribunal electoral del país.

“El TEPJF no puede integrarse con personas cuya actuación profesional contraviene los principios de legalidad, integralidad, honestidad y justicia que deben prevalecer por parte de los juzgadores”, exponen los firmantes.

En su carta a los ministros, los expertos y organizaciones piden que además de las pruebas de conocimiento y argumentación, revisen sus antecedentes y sus declaraciones patrimoniales, sobre todo en el caso de quienes son o han sido servidores públicos.

Además, como una muestra de transparencia, se exige que los aspirantes presenten sus declaraciones de intereses y de impuestos.

Las organizaciones pidieron a los ministros, además, que se elija a candidatos que hayan demostrado ser imparciales en sus decisiones previas.

Esto aplica, sobre todo, a quienes han estado en órganos judiciales y administrativos donde hayan definido o resuelto situaciones trascendentes a favor o en contra de partidos políticos y otros sectores sociales con intereses en los procesos electorales.

“(Que) la SCJN realice un minucioso trabajo de análisis sobre el sentido de sus resoluciones, para evitar la perpetuación en cargos públicos de funcionarias y funcionarios que han mostrado una conducta reiterada de favoritismo hacia grupos de poder mediático y económico o hacia actores y corrientes políticas y partidistas”, exigieron.

Además, la sociedad civil pidió que haya igualdad de género en la designación de los magistrados, para fomentar la paridad en el TEPJF.

Entre las organizaciones y expertos que firmaron este pronunciamiento se encuentran Incide Social, Católicas por el Derecho a Decidir, Cauce Ciudadano, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); así como Alberto Aziz y Clara Jusidman.

Mecanismo discrecional

Para el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, organismo encargado de dar seguimiento al nombramiento de servidores públicos de parte de órganos del Estado, el proceso de selección de los siete magistrados es opaco, subjetivo y discrecional.

En un pronunciamiento firmado por varias organizaciones y académicos, el Observatorio sostiene que en otros países la selección de los encargados de los más altos tribunales pasa por procesos plenamente transparentes y se basan en criterios que permiten identificar el mérito de los candidatos.

“A pesar de su notoria trascendencia, el proceso de selección acordado por la Suprema Corte para la primera etapa de selección adolece de suficiente transparencia y publicidad, carece de una apertura sustantiva hacia la sociedad civil y tiene amplios márgenes de discrecionalidad, lo que compromete la legitimidad del proceso y también de sus resultados”, sostiene Designaciones.

La primer falla es que el proceso de selección de los magistrados electorales depende de un acuerdo de los ministros de la SCJN y no se encuentra plasmado en una ley, para que sea inamovible.

No existen, además, criterios establecidos con los cuales los ministros puedan evaluar y someter al escrutinio público las capacidades o deficiencias de cada uno de los candidatos; los eligen, más bien, de acuerdo a su propio criterio.

El único momento en que la sociedad civil pudo participar es en la posibilidad que tienen de presentar objeciones u observaciones hacia alguno o algunos de los candidatos; sin embargo, esto no se hace de forma pública y no se tiene evidencia de si las observaciones tienen o no algún efecto.

Designaciones lamenta también que la comparecencia de los candidatos ante los ministros vaya a durar solamente 10 minutos –cinco de ellos para exponer y cinco para responder preguntas-, pues es insuficiente para evaluar a fondo a los candidatos.

“Es este el momento idóneo para que el Pleno y la sociedad civil puedan evaluar el compromiso de las y los candidatos con la institucionalidad del Poder Judicial y con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia, así como indagar sobre la honorabilidad e independencia de los aspirantes”, insiste la organización civil.

El momento más opaco, empero, es la conformación de las ternas pues al no haber ningún criterio preestablecido para “acomodar” a los finalistas, el momento se presta para la discrecionalidad, pues se pueden ubicar a los más preparados en una sola terna y dejar en otras a los menos preparados, pero con un lugar garantizado.

El Observatorio plantea que una de las maneras en que esto puede erradicarse, es colocando a los siete candidatos más preparados en siete ternas distintas; colocar después a los siguientes siete, divididos en los grupos; y más tarde a los menos preparados, uno en cada terna.

El pronunciamiento que pide subsanar las fallas de transparencia está firmado por Designaciones Públicas, la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y The Washington Office on Latin America (WOLA).

Lo signan además expertos como Aleida Calleja, Miguel Sarre y Sergio Aguayo.