El gobierno mexicano no ha podido cobrarle un solo peso a Odebrecht, la constructora brasileña que protagonizó una de las tramas de corrupción más sofisticadas en América Latina.
Hasta julio de 2022, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, le debía al Estado mexicano 543 millones 488 mil 615 pesos por una multa que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2018, el último año que gobernó Enrique Peña Nieto.
Pero un tribunal colegiado ordenó la cancelación de la multa y cualquier otra sanción en contra de la constructora brasileña. A partir de entonces, cualquier denominación de Odebrecht fue borrada del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Función Pública.
Pese a que en la investigación que se le siguió en Brasil a la empresa en el caso conocido como Lava Jato, México fue mencionado como uno de los países donde consiguió contratos mediante dádivas, la sanción económica que tenía Odebrecht era porque presentó presunta información falsa en el primer convenio modificatorio de la cesión de derechos para el aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.
Más allá de conseguir contratos mediante supuestos sobornos, Odebrecht le causó daño a Petróleos Mexicanos por mal desempeño.
La Auditoría Superior de la Federación calculó una pérdida de mil 191 millones de pesos cuando Constructora Norberto Odebrecht –una de las subsidiarias del consorcio brasileño– mintió sobre los costos unitarios y la calidad en los materiales e insumos, además de que incurrió en “pagos indebidos” en la adquisición de herramientas en un contrato de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, que le fue otorgado el 15 de febrero de 2014.
Constructora Norberto Odebrecht fue amonestada dos veces, primero en febrero de 2018 por la administración de Enrique Peña Nieto y después en abril de 2019 por el de Andrés Manuel López Obrador, la penalización en los dos casos fue la inhabilitación.
La SFP no pudo imponerle ninguna sanción económica en ninguno de los dos gobiernos porque el contrato se ejerció en 2014 cuando estaba vigente la Ley de Pemex expedida en 2008, la cual dice que para penalizar a proveedores infractores sólo consideraba la inhabilitación.
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