"La nueva política de comunicación no quiere hacer apología del delito, pero es un grupo que actúa en forma local"
Multihomicidas, asesinos de policías, escoltas y funcionarios. Es el perfil de los presuntos homicidas de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo de Jalisco.
Apenas el 27 de enero se anunció la detención de dos sujetos, uno de ellos presunto responsable en el asesinato de Gallegos Álvarez, dos policías investigadores, un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de uno de los escoltas del alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez.
Aunque la FGE refiere que el móvil del asesinato del funcionario fueron sus negocios o el presunto lavado de dinero, no se terminan de entender los motivos de estos multihomicidas que suman varios hechos delictivos que deberían preocupar al Gobierno del Estado.
El fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en rueda de prensa cuatro días después de la detención de Miguel Ángel Salazar de Niz, quien se cambia el nombre por el de Damián Alexander Santana Valenzuela “El Satán”, y de su acompañante Jorge Noé Solorio Villanueva “El Ceja Güera”, no quiso referir el grupo criminal al que presuntamente pertenecen los acusados.
“La nueva política de comunicación no quiere hacer apología del delito, pero es un grupo que actúa en forma local (…) Es parte la investigación (las actividades delictivas, como trasiego de droga), todo esto se está investigando y se les dará vistas a las autoridades competentes de cada uno de los rubros.
“Creemos que quedarían al menos de los participantes directos (en el asesinato del funcionario) un par más, una mujer que estamos tratando de localizar y un par de gentes más”, indicó Nájera Gutiérrez de Velasco.
A casi un año del asesinato del secretario de Turismo, cuya relación con el gobierno de Jalisco no se termina de aclarar, las explicaciones siguen llegando lentamente.
Organización criminal local
La realidad muestra que los detenidos por la FGE están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que presuntamente habría visto sus intereses vulnerados por las actividades de lavado de dinero de Gallegos Álvarez para un grupo rival.
A la fecha no se ha aclarado o desmentido si el secretario de Turismo lavaba dinero.
La información en torno al caso se ha limitado a estas seis detenciones, que en las dos ocasiones en que se realizaron, han tenido varios días de diferencia entre la consumación del hecho y su presentación ante medios de comunicación.
Al parecer este retraso o planeación de agenda para informar sobre las aprehensiones es parte de la “nueva política de comunicación” de la FGE.
Las otras cuatro detenciones se realizaron a mediados de mayo del 2013, a unos meses del asesinato del secretario de Turismo.
Jonathan García García, Carlos Ernesto Muñoz González, Juan Manuel González Martínez y Julio Andrés Vázquez Estrada se encuentran presos y enfrentan un proceso judicial ante el Juez Tercero de lo Penal.
Aunque en el caso de los dos policías investigadores de la FGE el fiscal señaló que el móvil fueron sus investigaciones sobre el citado grupo criminal, el asesinato del policía de Vallarta y escolta del alcalde de dicho municipio, Juan Carlos Loyola Juárez, el pasado 20 de junio del 2013, cuando se encontraba en compañía con Sergio Enrique Escobedo López (otro elemento de la Fiscalía) en la colonia El Retiro, sigue sin esclarecerse.
“Desgraciadamente compañeros de esta institución han perdido la vida en manos de la delincuencia organizada, se trata de los compañeros Roberto Samuel Pérez Gutiérrez, Jaime Alberto Morales Bueno y Sergio Enrique Escobedo López. Ante estos ataques cobardes, quienes formamos parte de la Fiscalía General nos comprometimos con los familiares a llevar ante la justicia a los responsables de estos lamentables hechos”, indicó Nájera Gutiérrez de Velasco en rueda de prensa.
Pero sorprende que en la diversidad de homicidios que la autoridad reportó que participaron los presentados, se sigue una clara intención de atentar contra la integridad del Estado. En algunos de los casos no queda claro si por complicidad o por venganza, pero es un hecho que las autoridades jaliscienses estorban de algún modo a los criminales, de los que por el momento la actual administración se niega a dar detalles, por ser parte de su nueva política de comunicación.
Los vacíos de la Fiscalía
Por Paloma Robles
dora, Roberto Samuel Pérez Gutiérrez, de 43 años, y Jaime Alberto Morales Bueno, de 41, en el cruce de la avenidas Belisario Domínguez y Circunvalación, a las siete de la mañana.
Estaban inscritos en el área de Homicidios Dolosos, el primero como jefe de grupo y el segundo como agente investigador.
La autoridad dijo que recogerían información de cámaras de seguridad que se localizaban en la zona, pero sobre esa línea de investigación ya no se señaló nada por parte de la autoridad.
Tampoco se esclareció si su muerte estaba vinculada a algún caso en concreto de los que ambos policías estuvieran investigando, solo se dijo que por sus investigaciones incomodaron a presuntos miembros del CJNG.
Ese asesinato se dio a menos de dos semanas de que mataran a los funcionarios de seguridad, Sergio Enrique Escobedo López y Juan Carlos Noyola Juárez.
El homicidio ocurrió en julio del 2013. Sergio Enrique Escobedo López, elemento de la Policía Estatal, hoy Comisaría, del área Sigma recibió ocho impactos de bala de grueso calibre.
Por su parte se informó que Juan Carlos Noyola Juárez era elemento de Puerto Vallarta asignado a la seguridad del Director Jurídico de ese Ayuntamiento, aunque se señaló en diversos medios locales de Vallarta que perteneció a la escolta del propio alcalde.
Ambos fueron asesinados afuera de una frutería, en el cruce de las calles Torres Quintero y Juan José Báez, en la colonia El Retiro. Los dos se encontraban en su día de descanso.
La FGE no señaló ningún vínculo o relación entre ambos asesinatos.
Tampoco explicó si el asesinato de Noyola Juárez estaba ligado al atentado que sobrevivió en octubre del 2012 en el que también se encontraba el excomisario de Seguridad Pública, Roberto Rodríguez Preciado, de Puerto Vallarta.
De hecho, en el 2010 el fallecido ya había sufrido otro atentado en Guadalajara cuando fue jefe de la División de Secuestros de la Procuraduría General de Justicia.
Pero los detalles del caso Noyola Juárez siguen sin esclarecerse.
A Miguel Ángel Salazar de Niz también se atribuye el asesinato de Emmanuel Peinado Barragán, aunque de la muerte de este personaje, la autoridad estatal no informó nada en el último año.
