Por más derechos electorales para todos los grupos sociales

Los derechos político-electorales de varios grupos sociales del país se tambalean entre amenazas y retrocesos.

Después de que la actual legislatura en la Cámara de Diputados se conformara, por primera vez en la historia del país, con 65 diputados indígenas, migrantes, personas con discapacidad, afroamericanos y representantes de la diversidad sexual, no se ha podido conseguir que ocurra lo mismo en el Senado de la República.

Incluso se buscó modificar la Constitución para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no puedan obligar a los partidos a cumplir con dichas normas.

En San Lázaro el avance se logró gracias a varias acciones afirmativas, es decir, políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan o segregan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos.

“Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados”, explica la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el estudio “Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión” del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, las acciones afirmativas deben “blindarse” y “crecer” desde el Legislativo.

Pero lejos de seguir con las recomendaciones del IBD, la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, ha caminado en contrasentido.

¿La legislatura de la inclusión?

La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados que inició funciones el 1 de septiembre del 2021 se caracteriza por ser la primera en la historia del país que cumplió cuotas con grupos que en el pasado fueron segregados en el Congreso federal y que no contaban con una representación real.

Después de las elecciones federales del 6 de junio del 2021 llegaron a la Cámara baja 37 diputados indígenas, diez migrantes, ocho personas con discapacidad, seis afromexicanas y cuatro representantes de la diversidad sexual.

Del los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 65 llegaron a través de acciones afirmativas luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenaron a los partidos políticos que de manera individual o en coalición, debían registrar un mínimo de 50 candidaturas para grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad: 32 fórmulas de Mayoría Relativa (voto directo) y 18 de Representación Proporcional (plurinominales).

El 18 de agosto del 2021, Reporte Índigo publicó en portada el texto titulado “Llega la diversidad a la nueva Legislatura del Congreso”, en el que varios especialistas señalaron que el reto para estos legisladores sería plantear las reglas para que en próximas elecciones las acciones afirmativas llegaran al Senado de la República y a los Congresos locales, ya que esta figura tiene solo un carácter temporal.

El siguiente obstáculo, dijeron, era lograr que los diputados electos por acciones afirmativas trabajaran para el bienestar del grupo social al que representan y que no antepusieran los intereses del partido que los abanderó, cuestiones políticas o ideológicas externas.

A casi dos años de distancia, estos legisladores no sólo no han saldado la deuda con su grupo social, sino que han antepuesto los intereses de sus partidos y, lejos de buscar multiplicar las acciones afirmativas, intentaron darle rienda suelta a los institutos políticos para que ni el INE ni el TEPJF, pudieran obligarlos a cumplir con dichas cuotas.

Si bien con la reforma de Morena y sus aliados al TEPJF, la cual fue frenada, se ordenaban acciones afirmativas para el Senado de la República (13 escaños), también mermaba la capacidad del Tribunal para obligar a los partidos políticos a cumplirla.

Es decir, limitaba la facultad de interpretación de los magistrados sobre la Constitución y por ende, para hacer valer las acciones afirmativas.

Tema politizado

El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, acusó al PAN de limitar el acceso a candidaturas a personas con discapacidad, migrantes, población indígena, de la diversidad sexual y afromexicanas, luego de que los albiazules se bajaran del acuerdo de reforma que tenían pactado desde el pasado 23 de marzo.

Del otro lado de la moneda, el principal partido de oposición, abanderado por Santiago Creel, argumentó que ellos solo buscaban precisarlas y ponerlas en la Constitución, porque ya son una realidad por sentencias del TEPJF.

En un segundo ataque, Mier Velazco acusó a Creel Miranda de querer proteger los intereses del líder nacional del PAN, Marko Cortés, ya que la reforma también buscaba que hubiera paridad en las dirigencias de los partidos.

Desde que presentó la reforma, solamente Movimiento Ciudadano se mantuvo fuera y a través de su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, advirtieron que la iniciativa le daría un “golpe mortal” al Tribunal Electoral.

Los emectistas acusaron que la “partidocracia” pretendía acotar la competencia de los magistrados electorales en asuntos internos de los partidos para así evitar sanciones. Pero lo más grave era el riesgo de impedir que el TEPJF y el INE intervinieran en casos de violaciones a los derechos político-electorales de las minorías.

¿Tiempo de una reforma?

Cuando la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) todavía estaba en pie, varios magistrados salieron a advertir a los partidos políticos que, los derechos electorales ganados de estos grupos históricamente delegados, no eran una moneda de cambio por votos.

La magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora, advirtió sobre los retrocesos democráticos que representaban estos cambios.

“Cualquier decisión de quienes ostentan el poder de limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política en el país, no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, advirtió.

Para el especialista en derecho y profesor de la FES Acatlán, Christian Salazar, estos espacios ganados a través de acciones afirmativas deben existir, pero en la práctica se ha desvirtuado su uso.

“Esta figura fuerza a los partidos políticos a reinventar o a hacer una reingeniería porque están obligados a cumplir con estas cuotas, entonces los partidos le dan vuelta al asunto o tratan de ajustar sus procesos de selección de candidatos. (Su aplicación) ha sido más artificial que real.

“Por ejemplo, hay partidos que apoyan la promoción de algunos de estos grupos, como la diversidad, pero hay otros partidos que se oponen a esto. Entonces si los uniformas y los obligas a tener representantes de ese sector estás forzando al partido a no plasmar lo que está defendiendo, sus ideas, sus principios. Lo que necesitamos es que los partidos nos digan con claridad qué representan, cuáles son sus políticas y sus programas de gobierno”, explica.

Para que la inclusión no sea forzada, el especialista propone un replanteamiento y un debate público.

“Estas son las cosas que deberíamos de estar discutiendo en torno a una reforma electoral, porque sí se necesita, estos son los temas que debemos de tocar y los alcances de los órganos administrativos y jurisdiccionales en función de las nuevas necesidades. Porque las acciones afirmativas también opacan la posibilidad de que los ciudadanos distingan las diferencias que existen entre los diversos partidos”, agrega.

El especialista señala que tanto los institutos políticos como el INE y el TEPJF han abonado a la polarización.

“Sí necesitamos una nueva convocatoria a todos los sectores que participan de la discusión de los procesos electorales de la democracia para replantear nuestro sistema político electoral.

“Ya tenemos avances en la organización de los procesos electorales, ya tenemos instituciones que nos garantizan el voto, ya tenemos instituciones que cuentan el voto, tenemos instituciones que garantizan la pluralidad y ese es nuestro avance, pero necesitamos un debate nuevo sobre la calidad de lo que ya tenemos, sobre lo que queremos hacia el futuro”, opina.

Finalmente, el especialista señala que también es momento de cuestionar a los partidos políticos.

“Debemos cuestionar sus métodos de selección e incorporar este tipo de acciones afirmativas. No es posible que a estas alturas de la democracia mexicana un partido nos diga que su selección de candidatos es a través de encuestas, cuando es un método popular, antidemocrático.

“La sociedad debe encabezar esta reforma electoral, está claro que los partidos políticos no están dispuestos a discutir sobre el financiamiento público y otras temáticas. Los partidos están en el mejor de los mundos y no van a permitir que modifiquen su estructura y sus procedimientos”, concluye.

‘Obligación del Estado’

Desde el Instituto Belisario Domínguez (IBD) y el Instituto Nacional Electoral, se ha buscado incidir para que las acciones afirmativas se garanticen, se blinden y se multipliquen, pero poco se ha conseguido.

De acuerdo con el estudio “Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión” del IBD, las acciones afirmativas deberían protegerse desde el Legislativo.

“Se debe legislar para establecer que la aplicación de las acciones afirmativas para grupos vulnerables debe ser obligatoria en cada proceso electoral, a fin de que no dependa de la voluntad y acuerdos de las autoridades electorales, así como de impugnaciones de partidos políticos y resoluciones de tribunales electorales en una cadena impugnativa, de acuerdo con la exposición de motivos de las iniciativas analizadas”, señala el documento.

El estudio, además solicita reformas a la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos para que las acciones afirmativas también apliquen para postulaciones de senadurías y para otros grupos en situación de vulnerabilidad como las personas jóvenes.

En la nota estratégica “Acciones afirmativas para garantizar la representación política de grupos históricamente discriminados y subrepresentados” del mismo instituto, se concluye que la adopción de acciones afirmativas en contextos de discriminación es “una obligación jurídica del Estado”.

Y aunque han habido varios avances, el IBD concluye que aún queda mucho trabajo por delante.

“La revisión del diseño de las acciones afirmativas reconocidas en las leyes y códigos electorales estatales para garantizar la representación política de los grupos en situación de discriminación dejan ver que, aunque hay avances importantes en su diseño, aún falta realizar diagnósticos, evaluaciones y estudios que permitan identificar las áreas que se deben fortalecer y mejorar, como el mandato de posición, las sanciones y el requisito de autoadcripción”.

Asimismo, el IBD explica que se requiere contar con la colaboración coordinada de instituciones de información estadística y poblacional como el Inegi, de los institutos electorales locales y nacional, del TEPJF, de los Congresos estatales y federal, de los partidos políticos, de las instituciones académicas, de la sociedad civil y, sobre todo de los propios grupos objeto de la acción, para un mejor diseño e implementación de las medidas especiales”, concluye.