En la resolución de las quejas pesan los factores jurídicos y políticos, al menos para los partidos que no confían en la labor del Instituto Electoral del DF.
En la delegación Miguel Hidalgo, el PAN presentó una denuncia contra Romo Guerra por presuntamente rebasar hasta cinco veces el gasto de campaña.
En esta ciudad, gastar más del tope máximo autorizado para promover candidaturas no sólo representa inequidad en las contiendas, sino que además se sanciona con la nulidad de la elección.
Por eso las miras de los partidos políticos están en la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), oficina encargada de revisar el gasto ejercido por los candidatos en el periodo de campañas.
Pero la verdadera preocupación de los partidos mayoritarios se concentra en tres elecciones: las de las delegaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización en el IEDF, Néstor Vargas, en las dos primeras demarcaciones se está haciendo una revisión de fondo debido a que las pruebas presentadas están, aparentemente “bien sustentadas”.
En entrevista con Reporte Indigo, Vargas explica que la mayoría de las quejas por rebase de tope de gastos de campaña que se presentaron en tiempo y forma presentan argumentos que no son probatorios.
“Por la etapa de los procedimientos no podemos dar más detalles de los casos en particular, pero lo que sí puedo decir es que la mayoría se van a desechar o en su caso habrá sobreseimiento”.
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso esta casa editorial detallaron que en el caso de Miguel Hidalgo están siendo investigados tanto el primero como el segundo lugar de la jornada electoral.
El triunfador fue el candidato del Movimiento Progresista, Víctor Hugo Romo Guerra, cuyo expediente está siendo revisado por la UTEF, mientras que la queja contra el panista Miguel Errasti aún no comienza pero que en ambos hay elementos a considerar.
Néstor Vargas explicó que por normatividad primero se revisan las quejas que se presentan en contra de los ganadores de la jornada electoral del primero de julio, debido a la relevancia que tienen sus resultados.
Y es que es en esa etapa, donde los actores políticos –derrotados en las urnas– comienzan a construir un escenario para repetir una elección estatal.
Caso Miguel Hidalgo
La denuncia que presentó el PAN en contra de Romo Guerra es una reedición de su conferencia de prensa post-electoral.
“Miguel Errasti sufrió un embate del aparato de gobierno del DF y la aplicación de recursos indiscriminado”.
Ahí se señala que desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se desviaron recursos para favorecer al abanderado del Movimiento Progresista, por lo que en estricto apego a la ley se debe declarar la validez de esa elección.
“Además de la intromisión por parte del GDF en la elección, nuestro candidato vivió una difamación en los medios de comunicación y la intención de querer utilizar a la contraloría y el Tribunal para afectar a Miguel Errasti. No podemos permitir que en la Ciudad de México la compra de votos a través de la presión se mantenga”, aseguró Juan Dueñas en conferencia de prensa.
El rebase del tope de gastos de campaña fue de hasta cinco veces, señalan los quejosos en la denuncia. El límite fijado por el IEDF fue de 909 mil pesos, por lo cual se presumen gastos por cuatro millones 500 mil pesos.
Para la denuncia se documentaron cinco vallas digitales, 80 bardas, 2,200 lonas, espectaculares, pendones de todo tipo, utilitarios, dos casas de campaña, dos trailers rotulados, 204 vallas sencillas y ocho anuncios espectaculares.
Pero… para el bloque progresista quien rebasó el tope de gastos de campaña fue Acción Nacional y su abanderado, al utilizar recursos públicos de la delegación Miguel Hidalgo.
La segunda demarcación que tiene al PRD y al PRI con los focos rojos es Cuajimalpa, donde ambos grupos se acusan de haber gastado más de lo autorizado por el IEDF.
El primer recurso que ya es analizado por las autoridades electorales corresponde al formulado en contra del jefe delegacional electo, Adrián Rubalcava, quien contendió a través de la alianza del PRI-PVEM.
También en conferencia de prensa, Luis Rosendo, candidato del Movimiento Progresista, además de solicitar el recuento de votos por 60 inconsistencias, acusó a su adversario de rebasar el tope de gastos.
El uso excesivo de elementos propagandísticos y el supuesto dispendio de recursos públicos, provenientes del PRI, sustentan los argumentos del ex tesorero de la ciudad.
En Benito Juárez, el representante del PRD ante el IEDF, Miguel Ángel Vásquez detalló que sí presentaron una queja por el presunto rebase de tope de gastos de campaña.
La denuncia indica que el aparato de gobierno en la demarcación participó en la contienda electoral, y que ese factor influyó en el triunfo del panista Jorge Romero sobre la progresista Leticia Varela.
Las dudas
En la resolución de las quejas no sólo pesa el factor jurídico sino también el político, al menos es así para los partidos políticos, que no confían en la labor del Instituto Electoral del DF.
Para el especialista en temas electorales, Eduardo Huchim, es claro que la última palabra en estas tres demarcaciones se dará en el tribunal federal, debido a los argumentos y resultados de la elección.
“Habrá que hacer recuentos en los márgenes de error de cualquier inconsistencia señalada por los partidos. Y por lo que hace a los rebases es claro que es una causal de nulidad”.
Por ello considera que la labor de la UTEF debe ser rigurosa en todos los sentidos para medir que los gastos reportados sean reales.
“Esperemos que los actuarios del área fiscalizadora hayan ido a los mítines y observado los gastos realizados, no sólo en infraestructura y propaganda sino también en la contratación de grupos musicales”.
“Tienen que tener un margen de acción a través de recurridos oculares, para que se pueda realizar una mejor fiscalización y si se detecta un exceso se actúe con toda imparcialidad”.
Sin embargo, la percepción de ésta labor carece de confianza. Esto, debido a que el IEDF ha realizado un trabajo insatisfactorio en el aspecto político de acuerdo con Huchim.
“Creo que el IEDF ha ensombrecido su labor por casos como el de la Urna Electrónica y la aprobación de candidaturas sin tomar en cuenta la cuota de género”.
Y si a ello le sumamos el hecho de que no hay un titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización desde hace casi tres años, la visión es todavía más desfavorable.
“La Asamblea Legislativa del Distrito Federal habría que decirlo, fijó un mal diseño al especificar que el Contador Mayor de Hacienda tiene que proponer al titular de la UTEF y más, cuando incumple con la tarea de nombrar al titular”.
“En ese efecto el Instituto Electoral tendría que exhortar a la ALDF a designar al funcionario que encabece los trabajos del área fiscalizadora, pero tampoco lo ha hecho”.
Respecto a los otros dos casos de análisis, que van al fondo en las investigaciones por presunto rebase de tope de gastos de campaña, corresponden a la delegación Iztacalco, con Elizabeth Mateos y el jefe de Gobierno electo, Miguel Ángel Mancera.
