La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) pidió al Congreso que llame a comparecer al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del estado, ahora llamada la Nueva Fuerza Civil, por no haber atendido 10 recomendaciones giradas por diversas violaciones a la ley contra la ciudadanía.
La titular del organismo, Susana Méndez Arellano, se apersonó en el recinto legislativo, junto a un grupo de personas que han sido víctimas de agravio por parte de la corporación de seguridad, para solicitar a los diputados emitan la convocatoria a Gerardo Escamilla Vargas.
De acuerdo a la presidenta de la comisión, la dependencia no ha acatado las recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y que han ocurrido desde hace 10 años, sin que se haya generado la reparación del daño.
“Cabe resaltar que la Comisión Estatal realizó más de 180 requerimientos, sin que se haya logrado el cumplimiento de las recomendaciones, cuyo compromiso de atención ya había sido adquirido por la autoridad”, dice un comunicado.
La Constitución local y federal establece que los autores responsables de las dependencias en cuestión podrán ser llamados por el Congreso estatal a una comparecencia en donde deberán explicar los motivos por los cuales no se han atendido las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos.
Entre las reparaciones pendientes que ha acumulado la dependencia son indemnizaciones, reembolsos de gastos funerarios, disculpas públicas, la adopción de protocolos y políticas públicas para evitar la repetición de los hechos.
Casos más escandalosos
Hace 10 años, policías de Fuerza Civil dispararon en contra de un hombre, tras iniciar una persecución por un supuesto enfrentamiento armado, sin revelar la dirección. En ese ataque a balazos se hirió gravemente a la víctima, causando su muerte.
El 3 de octubre de 2016 se perpetró uno de los hechos más graves en donde la víctima mortal era un menor de edad, a quien Fuerza Civil le roció tolueno. Además de dos descargas eléctricas con una “chicharra” en una pierna y otra en el pecho, lo que provocó que se incendiara.
También hay un caso de violación sexual por parte de elementos de Fuerza Civil, considerado como tortura.
