Por el desafuero de Roberto Gil

Demanda penal y luego desafuero. Ese es el objetivo que tiene Talía Vázquez Alatorre en contra del senador panista, Roberto Gil Zuarth.

La abogada que denunció haber visto como el legislador recibió 900 mil dólares para gestionar el permiso para un casino no piensa detenerse.

Ya había advertido que iría hasta las últimas consecuencias y en ese camino se encuentra. El pasado miércoles ratificó su denuncia penal en contra del senador en la PGR y logró que se abriera la averiguación previa 1165/2013 radicada en la mesa 2 de la fiscalía de la PGR en el Reclusorio Sur.

La denuncia fue presentada el 23 de abril pero se requería de su ratificación para que se iniciaran las diligencias.

En ella presentó como pruebas videos, audios y notas periodísticas.

Lo acusa del delito de obstrucción contra la administración de justicia. Asegura que obtuvo constancias de un proceso en curso y al cual es ilegal que tenga acceso.

Hizo públicas, en una entrevista de radio, pruebas de su denuncia por violación revictimizándola. Esta denuncia penal es paralela al juicio por la vía civil que el propio senador Gil entabló en contra de la abogada por presunta difamación.

Vázquez Alatorre asegura que no descansa ni un solo día preparando su defensa y buscando que se haga justicia en contra de Gil Zuarth, de quien asegura estuvo enterado de todos las irregularidades que su exmarido, Juan Iván Peña Neder hizo en su paso por la Secretaría de Gobernación.

Estos documentos los dio a conocer, de acuerdo a la demanda, el 10 de enero de 2013 en el programa de la periodista Carmen Aristegui, como defensa a la acusación que Vázquez Alatorre había hecho en su contra.

De acuerdo a la demanda, esos documentos son confidenciales.

Las constancias que forman parte la causa penal referida al expediente 164/2011 son confidenciales y de acceso restringido a las personas limitadas por el Título Cuarto “Partes en el Proceso Penal” del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, explicó.

El que Gil Zuarth haya tenido acceso a este expediente le hace pensar a Vázquez Alatorre o que en realidad tiene una estrecha amistad con su exesposo, acusado por ella de violación, o que violó la Ley para obtener esos documentos.

Y por eso es que le pide al procurador general de la República que se dé inicio a la indagatoria, así como se inicie la averiguación correspondiente en contra de Gil Zuarth.

“Y quienes resulten responsables, por el que se supone delito en contra de la administración de justicia en mi agravio, y aquellos que conforme al criterio de esta autoridad hayan sido cometidos en mi perjuicio”.

En la propia denuncia, Vázquez Alatorre solicita al titular de la PGR que se requiera a  la Cámara de Diputados el desafuero del legislador para que enfrente la denuncia en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

“Previos trámites y diligencias pertinentes, realizar el requerimiento al Presidente de la H. Cámara de Diputados para el dictado de la declaración de procedencia en contra de Roberto Gil Zuarth de conformidad con el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

El objetivo de la abogada, como lo ha dicho en otras entrevistas, es que existan las mismas condiciones de defensa durante el proceso ya que ella no tiene fuero constitucional.

“Primero fueron ciertas las irregularidades que yo denuncié que suspendieron los permisos de Producciones Móviles y de Exciting Games que yo denuncié. La autoridad encontró elementos de que todo lo que yo decía era cierto. Todo fue irregular.

“Y respecto a lo del senador, yo me sostengo en mi dicho, yo me sostengo ante el Juez Civil porque él me demandó, y en cambio él no se sostiene, porque yo no voy a decir que no dije algo que sí dije, además estamos grabados.

“Por eso sí, abonando un poco a mi credibilidad, hay cosas de los que tengo muchos documentos, los he exhibido ante la autoridad, y hay cosas de las que no tengo documentos. Pero yo creo que me tienen que ir creyendo”.

La abogada está convencida de que lo más probable es que no proceda el juicio de desafuero en contra de Gil Zuarth. Por eso está decidida a ir a los organismos internacionales y ya trabaja en ello.

Acudirá  a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expondrá su caso.

Pondrá de manifiesto que habiendo sido víctima de una violación tumultuaria y a pesar de eso haber denunciado a una mafia en el gobierno que cometía actos de corrupción, el Poder Legislativo en México nada hizo para aplicar la justicia, sólo por proteger el fuero constitucional de un senador.

La averiguación que no se averiguó

Está convencida de que lo más probable es que no proceda el juicio de desafuero. Por eso está decidida a ir a los organismos internacionales

El 10 de octubre del 2011, Talía Vázquez Alatorre puso una denuncia ante la PGR para que se hiciera un cateo en la oficina de su exesposo Juan Iván Peña Neder, quien era el cabecilla de la mafia que operaba los permisos irregulares.

Su exmarido había sido coordinador de asesores del exsubsecretario de Gobernación, Abraham González. Ella estaba segura que cuando ocupó ese puesto había sustraído papelería y sellos para falsificarlos y poder tramitar los permisos apócrifos.

Se inició la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-VIII/2283/2011. Era la parte final del sexenio panista y la titular de la dependencia era Marisela Morales. Esta averiguación nunca avanzó.

En la documentación de la averiguación previa consta que hubo desdén y obstrucción por parte de la propia Secretaría de Gobernación en la pasada administración para realizar la investigación sobre la procedencia de los sellos y así poder actuar en consecuencia.

Los panistas quisieron ocultar el caso, evitar que creciera.

Y es que en los documentos consta también que hay señalamientos de que con la papelería y sellos fue como pudieron avalar el permiso con el que funcionaba el Casino Royale, incendiado el 25 de agosto del 2011 por el crimen organizado por negarse a pagar una cuota y en donde murieron más de 50 personas.

También fue la papelería y sellos que utilizaron para apoderarse de la empresa Producciones Móviles y lograr obtener, en los últimos minutos del sexenio de Felipe Calderón, de un permiso para operar casinos.

A pesar de que se hizo la diligencia en la oficina y efectivamente se encontraron documentos en blanco y sellos exclusivos de la dependencia federal y de la Dirección General de Juegos y Sorteos, durante casi un año no hubo avance.

Fue hasta el 10 de septiembre de 2010 cuando compareció Albino Duarte Rayas, integrante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y por escrito, mediante el oficio UAJ/740/12 se da por enterado de la existencia de la averiguación previa.

A pesar de darse por enterados la investigación siguió estática. Porque tanto Peña Neder como otros exfuncionarios de Segob estaban involucrados en el hallazgo de la documentación y sellos oficiales se pidió que interviniera la fiscalía especial para servidores públicos. Sin embargo, esa dependencia se negó.

Mediante el oficio UEIDCSPCAJ/1378/2012, con fecha de 18 de octubre del 2012, Marco Antonio Manjarrez Tellez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, aseguró que no era relevante la investigación y por eso no era necesario que la dependencia  a su cargo interviniera.

Pero el colmo fue el 28 de noviembre de 2012, cuando la averiguación parecía desatorarse y la Ministerio Público Leticia Razo Díaz, junto con un grupo de peritos, acudió a la Secretaría de Gobernación para realizar la comparación de los sellos encontrados en las oficinas cateadas y los originales que se usaban en la Secretaria de Gobernación.

Faltaban solo tres días para que se terminará el sexenio panista y hubiera cambio de administración.

En las oficinas de Segob todos estaban listos para comprobar la procedencia de esos polémicos sellos. Sin embargo, el titular de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, impidió realizar el trabajo.

Todo esto consta en la averiguación previa. Reynoso Nuño es un connotado panista de Baja California a quien siempre se le ligó como cercano al expresidente Calderón.

Hasta el día de hoy, un año y medio después, no se ha podido realizar el peritaje de los sellos.

Comienza a hacerse justicia

¿Cuál es el estatus de Producciones Móviles?

“Actualmente, legalmente, es una permisionaria con sus derechos reconocidos”.

Lacónico el exsubsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila reconocía como legal a la polémica empresa que opera casinos.

Era el 15 de enero. El exfuncionario originario de Guerrero, daba una rueda de prensa en el CEN del PAN. 

Justificaba, mediante una complicada explicación jurídica, cómo Producciones Móviles había pasado de ser un simple operador de casino a ostentar un permiso difícil de obtener. 

La prensa estaba encima del tema. Hasta la fecha había sido un escándalo en el que miembros del PAN estaban inmiscuidos.

Obdulio Ávila defendía ese día el actuar de la Segob asegurando que habían actuado conforme a derecho.

Señalaba que Producciones Móviles, a quien reconoció todos sus derechos, se encontraba en un pleito legal para dilucidar a sus verdaderos propietarios.

Hoy todo cambió.

La semana pasada se dio a conocer que el Juzgado Segundo Civil de Matamoros reconoció a Producciones Móviles S.A. de C.V como la empresa legítima que operaba los permisos de una empresa denominada Entretenimiento de México.

Es decir que ese fallo reconoce que la empresa Producciones Móviles –a la que Obdulio Ávila reconocía todos sus derechos a principios de este año para poder operar al menos 22 casinos– es ilegal.

Ante todo esto la abogada Talía Vázquez Alatorre asegura que por fin se está aplicando la justicia. Ella fue quien denunció todo el desorden en materia de casinos y que se realizaba desde la Secretaría de Gobernación, pero se cumplieron las advertencias de que por estar involucrados panistas nunca prosperarían sus dichos ni sus recursos legales.

Para ella, aunque no es parte de ese juicio, le parecen buenas noticias, pues todo lo que ha denunciado se está resolviendo por las instituciones encargadas de impartir justicia.

“A mí me parece que apenas empieza a hacerse justicia”, dice irónica.

Y es que apenas cambio el gobierno del PAN al PRI y ella siente que todo se destrabó.

“Desde abril del 2012 que acudí a la Secretaría de Gobernación yo denuncio esta irregularidad, les digo que hay una empresa en la que hay usurpadores. Yo lo sabía porque ahí estaba mi exesposo Juan Iván Peña Neder, y yo los ví planearlo y sabía que esto estaba pasando.

“Pero los protegieron a capa y espada. A mí me trataron mal, me pidieron que presentara la denuncia por escrito, y luego me decían que yo estaba protegiendo a la otra Producciones Móviles. No, le dije al subsecretario Obdulio Ávila, no le haga caso a ninguna de las dos Producciones Móviles”.

En todo momento la respuesta de la Segob a sus denuncias fue que no se podría hacer nada hasta que hubiera la orden de un juez.

Resulta que a 5 meses del cambio de gobierno salió esa resolución.

“Pues esta es la orden de un Juez. La que dice cuál es la Producciones Móviles buena. ¿Por qué estoy contenta de que un Juez lo diga?, porque queda al descubierto la mafia de falsificadores que se apoderaron de una empresa que no les pertenecía para operar casinos de manera irregular”.

Claves de la mafia casinera

> 8 de enero: Denuncia que recibió soborno de casineros
Quien fuera esposa del coordinador de asesores de Gobernación denuncia que el senador y ex secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth recibió dinero para interceder por un centro de apuestas en Querétaro.

> 8 de enero: La mafia de Gobernación protegía al Royale
Esposa de exfuncionario revela ante las cámaras de Reporte Indigo que desde el primer círculo del expresidente Calderón se operaron autorizaciones ilegales en Bucareli para legitimar el trágico casino donde murieron 52 personas.

> 9 de enero: Sobornos al círculo calderonista
Involucran al abogado Julio Esponda en pagos a funcionarios cercanos al exmandatario. Talía Vázquez presenta los cheques. Gil Zuarth niega haber recibido dinero.

> 10 de enero: Mafia de un corrupto, un narco y un violador
Vázquez Alatorre cuestiona al gobierno de Felipe Calderón, porque permitió operar a un grupo de personas con permisos apócrifos de casinos.

> 11 de enero: ‘Me someto al polígrafo’
Talía Vázquez asegura que Roberto Gil Zuarth recibió 800 mil dólares de su exesposo, Juan Iván Peña Neder, y que ella está dispuesta a probarlo.

> 15 de enero: ‘El gobierno me ignora’
La autoridad federal ha puesto oídos sordos a la denuncia de Talía Vázquez..

> 17 de enero: ‘Querían arreglo económico’
Una de las abogadas que llevan el caso llamó a Vázquez para insistir en un acuerdo económico.

> 18 de enero:  Notarios lo certifican: Casino es de panistas
Contrario a lo que el diputado Ricardo Villarreal afirma, documentos lo señalan como socio de Grupo Win de México. Talía Vázquez acusa que modifican acta constitutiva para quitar a legislador albiazul. 

> 14 de febrero: ‘Exijo que pida licencia Gil’
Talía Vázquez Alatorre anuncia que investigará el patrimonio del Gil.

> 9 de abril: Gil pide paz
Talía Vázquez Alatorre denuncia recibir y rechazar la oferta de negociación del senador panista Roberto Gil.

> 10 de mayo: Dan golpe a la mafia de casinos
Juez ordena a Segob desconocer cualquier relación de la empresa de los exfuncionarios con la permisionaria Emex.