En septiembre de 2020, Javier Francisco García Hernández, presidente municipal en funciones de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, impidió a un periodista realizar su labor profesional, ya que no quería que se dieran a conocer hechos de interés público.
Ese mismo mes, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) medidas de protección para el periodista Rosendo García Dionisio, tras las agresiones y amenazas que sufrió.
En un segundo momento, en noviembre del mismo año, Carlos “N”, quien era el encargado de la “Radio Comunitaria” local y dependiente de la presidencia municipal, abordó al periodista para exigirle que dejara de criticar al alcalde García Hernández, y lo amenazó con causarle daño.
Con su conducta, los servidores públicos afectaron, limitaron y menoscabaron el derecho a la “Libertad de Expresión” del periodista y de la sociedad de la entidad en general, por lo que el Ministerio Público Federal (MPF) formuló la imputación por delitos contra la libertad de expresión, comprendidos en el Artículo 424, del Código Penal del estado de Oaxaca.
Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), expuso y justificó la existencia de datos de prueba suficientes para comprobar el hecho delictivo y la probable responsabilidad de los imputados.
Con los datos de prueba presentados, el Juez Federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Hermosillo, Sonora, dictó auto de vinculación a proceso.
