Si Larrazabal hubiera regresado a la Alcaldía, el Tribunal podría resolver que es inelegible porque no cumplió cabalmente con el requisito de la separación del cargo. Por ello, el ex alcalde decide iniciar un juicio para proteger sus derechos políticos.
El proyecto 2015 del panista Fernando Larrazabal está en la cuerda floja, a punto de desplomarse políticamente.
Irónicamente el triunfo apretado que obtuvo Larrazabal en la pasada elección como candidato a diputado federal, también podría significar su tumba política para este aspirante a la gubernatura.
La encrucijada legal en la que está involucrado Larrazabal, en torno a su posible inelegibilidad para ser legislador federal, lo tiene en peligro de recibir un nocaut fulminante para sus aspiraciones.
Ayer en sesión extraordinaria, en cumplimiento de una suspensión de amparo, el Cabildo de Monterrey requirió a Larrazabal para que regrese a su cargo de presidente municipal.
Este puesto lo dejó el pasado 17 de marzo para contender como candidato a diputado federal por el Distrito 10 Federal, elección en la que Larrazabal se impuso al priista Aldo Fasci por apenas 500 votos.
El Cabildo también resolvió ayer ordenar a Jaime Bazaldúa, alcalde sustituto de Larrazabal, para que regrese a su cargo de primer regidor en el Ayuntamiento regio.
El plan era que la resolución del Cabildo fuera notificada anoche mismo a Larrazabal y al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Estado, el cual ordenó el regreso del panista.
Este Juez ya había solicitado a la PGR la radicación de responsabilidades por el posible desacato en el que habrían incurrido los regidores.
Sin embargo, Larrazabal puso en marcha un plan para tratar de ganar tiempo y evitar regresar a la Presidencia Municipal, porque si regresa puede incurrir en una inelegibilidad que lo tumbe de su diputación federal.
El alcalde sustituto Jaime Bazaldúa presentó un amparo en contra de la destitución que hizo el Congreso del Estado el sábado, ordenada por el Juez de Distrito Héctor Pérez Pérez.
Con este recurso, Larrazabal pretendendía evitar la destitución de Bazaldúa y su regreso inmediato al cargo de alcalde.
Pero ese amparo no funcionó. De todas maneras, Larrazabal decide no regresar a su cargo de alcalde de Monterrey, porque a pesar de que ya tiene la constancia de mayoría que lo acredita como diputado federal electo, el proceso electoral no ha concluido y la etapa de impugnaciones apenas inicia en el Tribunal Electoral.
Si Larrazabal hubiera regresado a la Alcaldía regia, el Tribunal podría resolver que es inelegible porque no cumplió cabalmente con el requisito de la separación del cargo.
La inelegibilidad de un candidato se da cuando no cumple con los requisitos establecidos en la ley para contender a un cargo de elección popular.
Larrazabal, para postularse como candidato a diputado federal, tuvo que separarse 90 días previos a la jornada electoral del 1 de julio, como lo establece la Constitución.
Hay una jurisprudencia dictada por la Sala Superior del Trife que establece que la separación del cargo de los candidatos debe de continuar hasta la conclusión total del proceso electoral, es decir, cuando termine la etapa de las impugnaciones.
Esta restricción es para evitar que haya influencia sobre los organismos electorales responsables de resolver las impugnaciones.
“Por lo que la prohibición debe prevalecer todo el tiempo en que subsista la posibilidad de que se actualice el riesgo indicado”, establece la resolución.
La tesis de la Sala Superior del Trife, S3EL 042/2001, es relacionada a un juicio de revisión constitucional electoral que interpuso el PRI en el estado de Morelos.
El magistrado ponente fue Leonel Casillo González.
Aquí, el PRI de Nuevo León combatirá la presunta inelegibilidad de Larrazabal porque en pleno proceso electoral donde se desempeñó como candidato a diputado federal un Juez federal le ordenó su reinstalación.
Este es el punto que el PRI combatirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un recurso de impugnación que presentará esta semana.
Pero el futuro de Larrazabal dependerá de lo que resuelva el Poder Judicial de la Federación sobre el fondo del amparo promovido por un ciudadano en contra del “chapulineo” del ex alcalde regio.
Hace dos semanas el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la suspensión al ciudadano, sin embargo sobre el amparo principal no se ha pronunciado y se espera que lo haga el próximo mes.
Es el amparo principal el que resolverá en definitiva si la licencia de Larrazabal aprobada por el Cabildo fue legal o ilegal, y así se definirá la inelegibilidad o no de Larrazabal y en consecuencia sus aspiraciones para el 2015.
En caso de que se confirme la inelegibilidad de Larrazabal, Alejandro Palacios, secretario de obras públicas de Monterrey y suplente de Larrazabal en la candidatura, asumiría como diputado federal en la próxima legislatura federal.
