Las elecciones de la última década en Nuevo León no sólo fueron una carrera entre partidos políticos, sino la oportunidad para que las mafias de los gobiernos locales se reagruparan.
Esto indican los resultados del último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de la organización Transparencia Mexicana, que a través de 35 indicadores midió el desempeño de las administraciones estatales entre 2001 y 2010.
Los dos periodos en los que Nuevo León alcanzó los porcentajes más altos en opacidad coinciden con los comicios en los últimos 10 años para elegir al Ejecutivo estatal y el inicio de nuevos mandatos del Gobierno central.
El INCBG mide trámites como el pago del predial, la presentación de un caso ante un juzgado, la obtención de la cartilla militar, solicitudes de becas y créditos del Infonavit, la verificación vehicular, la obtención de permisos de uso de suelo, entre otros.
En los años punteros se eligieron o arrancaron las administraciones del ex gobernador Natividad González Parás y el actual mandatario Rodrigo Medina: en una escala de 12, el índice llegó a 9.9 en 2003 y repuntó a 9.1 en 2010.
Estas calificaciones fueron de las más altas en corrupción durante toda la década y mientras que en el primer año Nuevo León se desplomó al lugar 26 entre las 32 entidades del país, en el segundo llegó a la posición 22.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica que este fenómeno sucede en todos los estados del país y que se debe a las reagrupaciones de las “mafias” del poder en torno a las elecciones.
“Lo que hemos visto a nivel nacional es que alrededor de los procesos electorales se relajan los controles del Estado, en parte porque hay que ganar la elección, a cualquier precio.
“En el primer año de la siguiente administración suelen reagruparse las mafias, porque como estás en transición llega un nuevo equipo y toma control de la administración”.
Bohórquez insiste que Medina tendrá que repensar en 2013 y 2014 su política anticorrupción, no sólo porque es la segunda mitad de su administración, sino porque también esos periodos coinciden con comicios en el país.
“Mi impresión es que este fenómeno va a presentarse en muchos lugares: se van a relajar muchos controles y se van a reagrupar algunas mafias, mafias internas de la propia administración.
“Por eso es central ver qué va a hacer el Gobierno del Estado de Nuevo León hacia el final de su administración”, asegura, “va a haber muchísimos procesos electorales en el país, más que nunca en la historia por la alineación de los calendarios”.
El director de la organización dice que el éxito de los esfuerzos locales para combatir la corrupción recae en que tengan la capacidad para sancionar en casos de gran impacto social y de despejar el sentimiento de impunidad en la ciudadanía.
En Nuevo León existe la Unidad Especializada Anticorrupción que depende de la Contraloría estatal y que, a más de un año de su creación, no ha dado resultados positivos ni resuelto importantes casos.
Incluso, desde que se anunció su puesta en marcha, medios de comunicación han destapado graves actos de corrupción en entidades paraestatales como el CECyTENL, pero no se han fincado responsabilidades a funcionarios de primer nivel.
“Una parte es prevenir la corrupción, fortalecer las instituciones.
“Pero otra es que cuando surjan estos grandes casos, trates por todos los medios de dejar satisfecho el clamor social de que no hay impunidad.
“Si tú no tienes poderes extraordinarios para investigar y sancionar, sólo eres un buen órgano interno de control, o eres una unidad especializada en investigación de delitos administrativos”, enfatiza Bohórquez.
Hoy hay casos que hacen pensar no sólo en la opacidad, sino en la impunidad en Nuevo León.
