[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_cm4l0uih” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La violencia política que acontece en Jalisco y que se ha recrudecido en el actual proceso electoral presenta altos niveles de impunidad, reflejan los registros de la Fiscalía General estatal. El caso más reciente es el asesinato de un diputado local en funciones.
De los 13 asesinatos de mayor impacto cometidos contra actores políticos jaliscienses en el periodo 2011-2017, solamente tres cuentan con indagatorias que llegaron a consignaciones o judicializaciones ante un juez en el nuevo sistema, y son también los únicos con detenidos.
Los 10 homicidios restantes persisten sin acciones contundentes de la Fiscalía para castigar a los responsables: ocho por estar inmersos en investigaciones que siguen abiertas y sin capturas; y dos porque la institución ni siquiera abrió una averiguación o carpeta de investigación al no considerarlos de su competencia.
Según un corte reciente de la Fiscalía obtenido en las solicitudes de información 00154018 del 30 de enero, y en la 01170018 del 9 de marzo, los asesinatos que se encuentran en situación de impunidad, sin indagatorias concluidas y sin ninguna captura de los homicidas son los siguientes.
El del diputado local perredista Saúl Galindo Plazola, inscrito como precandidato a la alcaldía de Tomatlán en la costa del estado. Ocurrió el 28 de diciembre del 2017 y el caso más reciente.
También el de Salvador Magaña Martínez, asesinado el 24 de diciembre pasado. Fungía como coordinador del partido Movimiento Ciudadano en La Huerta y era exregidor de ese municipio en la costa. El 7 de diciembre, fue ultimado Miguel García González, candidato de Morena a esa alcaldía.
La violencia no es reciente. El 19 de junio de 2015 fue el homicidio de Javier Galván Guerrero, entonces delegado del ISSSTE en Jalisco y expresidente del PRI Jalisco, exdiputado y una figura relevante de ese partido. Actualmente no hay ni consignaciones ni detenidos, pese a que se llegó a informar de seis capturados.
En el 2014 hubo crímenes políticos que tampoco no tienen culpables, como el del entonces alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, del PAN, ocurrido el 3 de agosto de 2014. Aunque se informó poco después de un par de capturas, tampoco hay detenidos.
En la misma condición está el asesinato de Carlos Alberto Orozco Madrigal, exalcalde del PRI de Cabo Corrientes, ocurrido el 20 de octubre de 2014. También el de Juan Carlos Gordián Ramos, quien en ese entonces era regidor del PRI de Cabo Corrientes, desapareció el 11 de junio en 2014 y en noviembre se confirmó el hallazgo de su cuerpo en una fosa.
Otro crimen en impunidad es el de Javier García Morales acaecido el 6 de septiembre de 2011. Fue exdiputado local, secretario general del PRI Jalisco y miembro de una familia de abolengo priista. Fue hijo de Javier García Paniagua, ex líder nacional del PRI y nieto del general Marcelino García Barragán, ex secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz.
Los casos ignorados
Hay dos hechos de violencia política sobre los que la Fiscalía reconoce que ni siquiera abrió una averiguación en el antiguo sistema penal, o carpeta de investigación en el nuevo, al considerar que no recaían en su ámbito de responsabilidades.
Se trata de los asesinatos del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, elegido por el distrito 18 con cabecera en Autlán, ocurrido en septiembre de 2014. El otro caso es el de Humberto Ortiz García, en 2016, quien había sido con anterioridad presidente de Morena en Jalisco.
En el caso del homicidio del diputado federal, la Fiscalía señaló que estaba fuera de su jurisdicción al hallarse en otro estado, pues su cadáver calcinado estaba en una camioneta en Zacatecas el 23 de septiembre de 2014. Sin embargo, omite que un día antes fue privado de su libertad en Tlaquepaque. Pese a ello, la institución tampoco abrió una indagatoria por el plagio en territorio jalisciense.
“No se cuenta con registro alguno de inicio de averiguación y/o carpeta de investigación en esta entidad, toda vez que la desaparición de dichas personas se efectuó en el estado de Zacatecas y Colima”. En su momento, la Fiscalía difundió que tenía cuatro detenidos por el ataque al legislador.
Sobre Ortiz García lo que se justifica para no haber iniciado una indagatoria es que su cuerpo, con tiros en cráneo y tórax, fue hallado en un auto abandonado en Manzanillo, fuera del estado de Jalisco. Su identidad se confirmó el 12 de agosto de 2016.
Los desaparecidos
Además de los 13 asesinatos de personajes políticos también están vigentes la desapariciones de dos regidores: la del panista Gerardo Francisco Ornelas García, ocurrida en Talpa de Allende el 22 de octubre del 2014; y la del independiente de Puerto Vallarta, Humberto Gómez Arévalo,–ex de MC-, el 15 de enero de 2015. Los casos siguen abiertos, sin detenidos.
Los que sí tienen avances
Contrario a esa decena de hechos de violencia política en los que fueron asesinados miembros de la clase política en Jalisco que están en impunidad, hay tres casos en los que la Fiscalía sí cuenta con indagatorias turnadas a los jueces y con varios detenidos.
Se trata del asesinato de Héctor Javier Salazar García, que sucedió el 29 de agosto del 2013 cuando fungía como regidor en Cabo Corrientes por Movimiento Ciudadano. Por este crimen hay cinco detenidos.
Con los mismos avances está el asesinato de Jesús Gallegos Álvarez, un hecho que sacudió con fuerza a Jalisco el 9 de marzo de 2013, pues formaba parte del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, como titular de la Secretaría de Turismo. Por ese caso se reportan 13 detenidos.
Y el homicidio de Feliciano García Fierros, quien al momento del ataque fungía como regidor del PRI en el municipio de Tlaquepaque, lo que ocurrió el 28 de marzo en 2015. Este hecho tiene una indagatoria consignada y 11 personas detenidas.
