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"...pues el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán parece tener una complicidad con las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales"
"Nunca como ahora se había impuesto un silencio oficial como parte de la política de comunicación social. La encargada de comunicación social, Georgina Morales, es la promotora de la política mordaza del gobierno estatal"
En Michoacán, la mayoría de los periodistas tienen miedo.
Casi todos están convencidos de la imposibilidad para ejercer libremente su profesión sin poner en riesgo la integridad física. Esta entidad en la tercera del ranking nacional en donde las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van a la alza. Por encima solo están Tamaulipas y Veracruz.
El miedo de los periodistas está fundado. Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
Incluso el gobierno de Michoacán lo ha aprovechado y lanza consignas hacia algunos trabajadores de los medios de comunicación.
“Existe un video que se divulgará cuando la ocasión lo amerite”, asegura un funcionario estatal cercano al gobernador sustituto, Salvador Jara.
El recordatorio se desliza de vez en vez entre los comunicadores locales. Por esa razón, muchos periodistas han dejado de cubrir la información coyuntural que se genera en esta entidad.
Para decenas de medios informativos locales y regionales el tema de la violencia ya no es foco de atención. No existe movilización de grupos de autodefensas ni las células del crimen organizado han tomado por asalto las principales ciudades de la entidad. Las primeras planas de algunos diarios locales son solo “buenas noticias”.
La impunidad es uno de los males que afronta el periodismo michoacano, reconoce el veterano periodista Andrés Resillas.
Él es el coordinador local de un movimiento que pretende reivindicar la función del periodista en la entidad.
Recientemente Resillas acudió ante el gobierno estatal para reclamar el abandono en el que se encuentran las averiguaciones de agravios a periodistas. El gobernador ni siquiera recibió.
De el 2010 a la fecha, en Michoacán se han registrado 22 agresiones contra representantes de los medios de comuicación. Ninguna de ellas se ha resuelto pese a la intervención de la fiscalía especializada en la materia de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ninguna de esas averiguaciones fue consignada ante un juez”, destaca Resillas.
La mayoría de las agresiones se registraron en los municipios de Morelia, Paracho, Apatzingán, Jacona y Zamora.
“En este caso, el asunto es grave”, explica, “pues el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán parece tener una complicidad con las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales, a quienes no ha requerido ni sancionado por las agresiones a periodistas”.
Los periodistas locales tienen miedo
Nadie sabe si la existencia de un segundo video -en donde supuestamente se observa a una treintena de periodistas locales en reunión con el cártel de Los Templarios- es real o es solo una estrategia para contener la crítica de los medios locales de comunicación.
Lo que sí es real es el miedo que aseguran tener muchos de los periodistas locales, los que se dicen perseguidos por el gobierno estatal.
Fuentes de la PGR en la Ciudad de México aseguran que el primer video -que se difundió recientemente- sirvió para abrir de nueva cuenta una investigación archivada sobre los nexos que “unos 32 periodistas” de diversos municipios de Michoacán podrían tener con el crimen organizado.
Funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizan actualmente labores para conformar fichas técnicas de la mayoría de los periodistas que trabajan en Michoacán.
La última vez que el Cisen realizó acciones para “identificar” a representantes de los medios en el estado fue durante la década de 1990, cuando irrumpió en la entidad el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La existencia del segundo video al que hacen alusión funcionarios en algunas esferas del gobierno estatal de Michoacán no ha podido ser confirmada desde adentro de la PGR. Tampoco en el Cisen.
El gobierno estatal de Michoacán, a través de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) tenía convenios de publicidad para la difusión de programas oficiales con los medios informativos de los principales municipios del estado por un monto anual de cerca de 3 millones
Actualmente, la autoridad ha suprimido esos contratos con algunos medios locales a cambio de que dejen de dar cobertura a la crisis que violencia que se vive en Michoacán.
Desde el arribo del gobernador sustituto Salvador Jara se ha suprimido el pago de esos convenios de publicidad. Cerca de 90 medios locales han dejado de circular en forma regular por la falta de pago de la publicidad pactada con el gobierno estatal.
“La agresión del gobierno estatal a la prensa local se ha acentuado con la llegada de Salvador Jara Guerrero a la gubernatura sustituta”, dice un periodista de Zamora, quien pide el anonimato. “Nunca como ahora se había impuesto un silencio oficial como parte de la política de comunicación social. La encargada de comunicación social, Georgina Morales, es la promotora de la política mordaza del gobierno estatal”.
El video de la discordia
Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
