Diputados del Congreso local aprobaron una iniciativa de reforma por adición de un segundo párrafo al artículo 198 Bis de la Ley de Seguridad Pública, que establece que policías que fueron cesados de manera injustificada no pueden reincorporarse a su trabajo.
Esto aplicará en Nuevo León para los agentes del Ministerio Público (MP), peritos, policías y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que, por alguna circunstancia, fueron exonerados en un proceso judicial.
“Si cualquiera autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, baja, remoción, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, las instituciones sólo estarán obligadas a pagar al funcionario público la indemnización y las partes proporcionales de las prestaciones que le correspondan al momento de la terminación del servicio sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”, dice la reforma aprobada el pasado 25 de noviembre.
Esta reforma se aterrizó por una homologación local a una serie de modificaciones constitucionales, que aún están vigentes, y fueron promovidas y aprobadas en la administración del presidente panista Felipe Calderón.
El dictamen revela que una justificación para aprobar esta reforma está en el sentido de que existen casos de policías estatales y municipales despedidos, a quienes se les tiene que indemnizar con la reparación del daño, pero no se puede cumplir, porque no están dentro del presupuesto.
Fuentes de Fuerza Civil revelan que se ha despedido a elementos con el fundamento de “término del nombramiento” y algunos han recurrido a un juicio de amparo para que se les respeten sus derechos laborales.
El diputado de Morena, Waldo Fernández, explica que, si bien esto está dispuesto en normas federales, actualmente el Senado de la República discute revertir estas reformas que violan los derechos humanos de los policías.
“Todas las personas tenemos los mismos derechos que reconoce la propia Ley Fundamental y los Tratados Internacionales y no por el hecho de ser elemento de seguridad pública debe tener menores derechos laborales. No hay ciudadanos de primera y de segunda, todos somos iguales”, dice el legislador.
Fernández cuestiona qué sucederá si un policía que tiene una capacitación en temas de inteligencia, intercepción e información confidencial y es sometido a un proceso laboral y pierde el derecho a la reinstalación.
“Esta reforma va en contra del servicio policial. ¿Dónde va a parar este policía súper capacitado por el Estado? Muy probablemente va terminar en manos de la delincuencia organizada porque nosotros mismos le truncamos el derecho a una reinstalación legal”, se pregunta el diputado.
El dictamen también establece que los policías sólo recibirán una indemnización de tres meses de salario base.
“Las demás prestaciones comprenderán el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba el interesado por las prestaciones del servicio, los cuales se computarán desde la fecha de su separación, baja, cese o remoción, hasta un periodo máximo de 12 meses”, se lee en el dictamen legislativo.
Apuesta por el desarrollo de policías
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de la organización Red Impulsando la Justicia, considera que esta reforma puede acabar con la laguna legal, pues además de pagar una indemnización a los policías, cabría la posibilidad de que fueran reinstalados.
“Siento que es un vacío que existía, y se está llenando con eso para cuando llegue una cosa como ésta. Lo que sí hay que hacer es que existan adecuados sistemas de reclutamiento, de capacitación y de control de confianza. Todo ese sistema implica lo que es el desarrollo policial, que es lo que alienta a los policías a que tengan una adecuada remuneración y un sistema de escalafón claro y confiable”, comenta en entrevista con Reporte Índigo.
El abogado Sánchez Bocanegra agrega que se tiene que apostar por reforzar el Comité de Honor y Justicia para que cuando un policía llegue a una instancia legal sea porque hubo elementos de prueba que acrediten que no tuvo un desempeño positivo el policía.
“Pero que se respeten los derechos, de audiencia, que sea realmente evaluado su caso, lo que importa es que se tenga un buen sistema de desarrollo policial”, concluye Bocanegra.
