Policías sin balas ni justicia

Al interior de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hay una revuelta. 

Los uniformados y policías de investigación denunciarán todos los actos de corrupción y el maltrato laboral que hay en ambas dependencias.

Para ello crearon la Unión de Fuerzas Policiacas por la Dignificación Laboral, órgano que se encargará de defender contra los abusos del poder  a ministerios públicos, policías judiciales, ministeriales, auxiliares, bancarios, preventivos, granaderos y personal administrativo.

Y es que no solo son obligados a trabajar de forma continua durante más de 24 horas, sino que reciben una mala paga, no tienen ajustes salariales desde hace más de 10 años, les faltan balas, chalecos, armas y son obligados a desacatar la ley.

Por ello acordaron emprender una serie de acciones legales y  políticas en contra de los directivos de la SSPDF, la PGJDF y el Gobierno de la Ciudad de México hasta que sus peticiones sean atendidas.

Estas incluyen: plantones en el Zócalo capitalino, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación, denuncias masivas ante la Contraloría General local y la PGR.Las denuncias son por el presunto incumplimiento de su situación contractual, maltrato laboral, extorsión, amenazas y por la situación deplorable en que trabajan, al grado de no contar ni con bolígrafos.

En la SSPDF laboran más de 90 mil policías; mientras que en la PGJDF hay cerca de 6 mil trabajadores afectados por las políticas de la administración mancerista. Según sus dirigentes, más del 80 por ciento está inconforme.

Desde el 20 de agosto del 2012, Reporte Indigo publicó que existía un numeroso grupo de policías de investigación que pelearon legalmente una retabulación salarial y que, a pesar de obtener un fallo a favor, la PGJDF había incumplido. Por esa razón las protestas crecieron. 

A la par, otro movimiento similar se gestaba en el seno de la SSPDF, al grado de que la semana pasada acordaron unir fuerzas en contra de las autoridades locales.

Es así como en los últimos dos días se han registrado los primeros conatos de manifestación en el centro de la ciudad, que aseguran aumentarán conforme las demandas no sean atendidas.

Sin aumento ni equipo en policía capitalina  

De acuerdo con Maricarmen Soria, presidenta de la asociación civil Sumemos Causas por la Seguridad, instancia que defiende a policías auxiliares, bancario-industriales, preventivos, de tránsito y granaderos, en la SSP-DF hay muchas injusticias.

Sostiene que los uniformados no han recibido un solo peso de aumento desde hace más de 10 años, por lo cual su salario no rebasa los 8 mil pesos mensuales, y en la mayoría de los casos no tienen acceso a un servicio médico.

En cuanto a la Policía Bancaria Industrial hay más de mil 200 policías que ya cumplieron sus 30 años de servicio, que rebasan los 50 años de vida o que tienen problemas de salud y no pueden jubilarse.

“La Secretaría nos ha informado que solo tiene capacidad para jubilar a un promedio de entre 100 y 115 empleados por año, así que algunos tendrán que esperar más de 12 años para retirarse del cargo”.  

Además, recurrentemente son enviados a operativos especiales como policía de apoyo, sin tener una capacitación y equipo para resistir las agresiones de los manifestantes, como sucede con los denominados anarquistas.

“Cuando un policía es asesinado, también enfrentamos una serie de conflictos para que la dependencia asuma los gastos por riesgos de trabajo, motivo por el que muchas veces sus familias quedan en indefensión”.

Otro ejemplo está en la Policía Auxiliar, que no cuenta con las herramientas básicas para trabajar, pues recientemente fueron robadas más de 2 mil balas y hasta la fecha no hay un responsable por ello.

Suspende PGJDF ajuste salarial

A más de dos años de pleitos legales entre la Procuraduría y sus empleados, todavía no se terminan de homologar los salarios que por ley deben percibir.

Esta casa editorial detalló hace casi dos años que los policías de investigación, ministerios públicos y oficiales secretarios tenían contra las cuerdas al Gobierno de la Ciudad y su programa de austeridad.

Esto, debido a que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió en definitiva que la dependencia tiene que hacerle un millonario ajuste salarial a su “personal sustantivo”.

El adeudo superaba los 450 millones de pesos. Y deriva de un bono mensual que la PGJDF otorgó a sus trabajadores operativos para inhibir la corrupción; pero que fue suspendido en el 2003 sin ninguna razón legal.

Debido a la presión de los tribunales, la Procuraduría tuvo que empezar a homologar salarios y hacer pagos retroactivos. Pero en fechas recientes dejaron de atender este mandato, de acuerdo con Jaime Ramón Bernal, líder del movimiento.

Por si fuera, sostienen que cada vez es más frecuente que los obliguen a doblar turnos y acusarlos de no pasar los exámenes de control de confianza si se resisten a acatar las órdenes de sus superiores.

Unen fuerzas

Debido al revés de la administración local para atender sus demandas, seis asociaciones optaron por unir fuerzas en un solo frente para representar a los trabajadores de ambas dependencias. En este grupo se encuentra Atención Humana y Prevención Azul A.C., Sumemos Causas por la Seguridad A.C., Frente Social Vanguardista para el Respaldo Ciudadano, Movimiento Pacífico en Pro de los Derechos Laborales del Personal Sustantivo Administrativo de la PGJDF, Representación de Peritos de la PGJDF” y la Representación de Servicios Administrativos de la PGJDF y SSPDF.

“Lo que buscamos es dignificar la labor de los policías. Ni un abuso policiaco más, en contra de ciudadanos, pero tampoco un abuso más de ciudadanos en contra de uniformados y ni un abuso más de los jefes hacia su personal”, pidió Maricarmen Soria.

Explicó que intentarán no descuidar sus labores al denunciar sus inconformidades, pero que ya no están dispuestos a tolerar los abusos de los directivos de áreas estratégicas de las dos dependencias.

Incluso presiones del GDF, pues ya recibieron amenazas por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, cuyo nombre es Jorque Márquez. 

“Él nos advirtió que tenemos que tener un muy buen abogado porque ellos se encargan de administrar las denuncias de la Contraloría y de las dos dependencias”.

Por esa razón advirtió que no cederán en sus pretensiones y aumentarán sus protestas.