Policías, ¿se puede confiar?

La actual situación de violencia e inseguridad que se vive en Jalisco, y que ha tomado un estado crítico a partir de las desapariciones y las recientes protestas en torno a este clima, pone sobre la mesa el estado actual de los cuerpos policiacos, como apunta el académico de El Colegio de Jalisco, Roberto Arias de la Mora.

El actuar de las fuerzas de seguridad ha quedado en entredicho a partir de los climas de violencia en las distintas regiones del estado y su presunta colusión con miembros del crimen organizado, al menos ese es el argumento bajo el que han sido desmontadas por las fuerzas federales y estatales.

Así, se han desarticulado a las policías de Cocula, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Villa Corona, La Barca, Teocaltiche, Tlajomulco de Zúñiga, Ocotlán, Bolaños, Tecalitlán y Tlaquepaque.

Las causas del desarme local tuvieron consecuencias como la acción penal en 4 corporaciones y aunque en 10 no había elementos para consignar a los agentes de la policía o la claridad de haber cometido delitos, sí presentaban bajas con respecto a los controles de control y confianza.

Sin embargo el incremento de la fuerza de seguridad parece no ser la solución. Estos desarmes no han inhibido la proliferación de hechos delictivos, al contrario, los han incrementado según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La tasa delictiva de los municipios en donde las fuerzas federales o estatales han tomado el control de la seguridad muestra que hay algunos incrementos importantes, es decir, su actuación no tuvo un impacto directo en la mejora de estas zonas.

Elementos reprobados

En Jalisco la imagen de la seguridad ha decaído de forma importante. Casos como el del involucramiento u omisión de policías en la desaparición de los tres ciudadanos italianos en el sur, los tres estudiantes del CAAV en Tonalá o la presunta participación en la desaparición de Ulises Cardona, también en el sur, se ha llegado a reconocer que la policía no ha solucionado el problema de la inseguridad y que la suma del apoyo militar no contribuye.

Cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su última actualización, dan cuenta que una de las autoridades de seguridad más señaladas por afectaciones graves a los derechos humanos ha sido la propia Fiscalía General, al igual que la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara y la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado.

Hasta febrero de este año, la fiscalía ya contaba con alrededor de 164 quejas interpuestas por supuestas violaciones a los derechos humanos, entrando en la lista de las autoridades más señaladas, no sólo en el subgrupo de las fuerzas de seguridad, sino en el total de autoridades a las que ha señalado este organismo durante el año.

Esto ha tenido impacto en acciones sociales y protestas, como la creación de un frente y un diálogo en contra de la militarización, a partir de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en donde diversos ciudadanos y miembros de colectivos se reunieron en la Plaza de la Liberación, en el corazón de la ciudad.

Por otro lado, organizaciones estudiantiles y las asambleas derivadas del caso de desaparición de los estudiantes del CAAV, han sido claros en denunciar su desconfianza en los cuerpos de seguridad.

“Hay que gritar con fuerza, no queremos a los militares en las calles, no queremos más policías –que hacen nada cuando ante sus ojos se cometen los delitos o son ellos quienes llevan a las víctimas ante los narcotraficantes– no queremos ciudades amuralladas, parques enrejados o torniquetes en las escuelas. Queremos dejar de vivir con miedo”, se leyó en el posicionamiento de la Organización Estudiantil Anticapitalista durante la marcha por la desaparición de los estudiantes del CAAV el pasado 22 de marzo.

Durante la asamblea que se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el lunes 9 de abril, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, señaló ante la concurrencia a un miembro de la fiscalía que tomaba apuntes de lo dicho por los estudiantes.

En este contexto es que se reiteró el rechazo total a las instituciones de seguridad, un clima de desconfianza en las autoridades que también se refleja en las cifras sobre percepción.

“Desde la asamblea interuniversitaria realizada el 09 de abril en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara hacemos un llamado a las organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y de trabajadores a levantar un amplio movimiento que use como punta de lanza la aparición con vida de los estudiantes en Jalisco pero que tenga como finalidad encontrar a todos y todas las desaparecidas y acabar con la militarización del país”, se leyó en el pronunciamiento surgido de la asamblea.

Los más corruptos

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, muestra que los jaliscienses tienen a los policías de tránsito, a los preventivos y a los ministeriales como los encargados de la seguridad que más incurren en actos de corrupción.

Aunque existe confianza en instituciones como la marina, el ejército y la policía federal, se destaca que a la hora de hablar de acciones de mejora de entorno de seguridad en que se vive se da prioridad a la mejora del alumbrado público, la construcción y mantenimiento de parques y canchas deportivas, y sólo después, la vigilancia y patrullaje de la policía.

“Los juicios que provoca el policía tienen una dosis de verdad, pero el hincapié que se hace en su presencia y actuación se reduce a esa dimensión y genera el rasgo como un estigma. De ahí que se haya instalado una relación fría y distante con la población”, señala María Eugenia Suárez de Garay en su investigación Los policías: una averiguación antropológica.