La capacitación de policías locales es una asignatura en la que tanto el Gobierno federal como las administraciones estatales reprueban.
A pesar de que existen acuerdos de coordinación para que los elementos de seguridad cuenten con lo mínimo requerido como competencias básicas, control de confianza, desempeño o formación inicial, los resultados indican que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía no tienen estas aptitudes.
Además de no recibir la capacitación necesaria, miles de policías en el país enfrentan otras carencias entre las que destacan no percibir un salario competitivo, no contar con todas las prestaciones de ley o combatir a la delincuencia sin el equipo o los insumos adecuados.
Ante esta realidad, el Gobierno federal consideró hacer un cambio sustancial en la estrategia para combatir la inseguridad y el crimen organizado en el país, pero en materia presupuestal no se observan modificaciones en el porcentaje del dinero destinado a los rubros de los fondos de recursos federales y estatales, los cuales también presentan aumentos mínimos o reducciones.
En el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se aprobaron 9 mil 371.8 millones de pesos para 2019, monto 4 por ciento superior en contraste con un año previo.
Este recurso se distribuyó a las 32 entidades para tareas de certificación o capacitación policial, infraestructura y equipamiento, búsqueda de personas y fortalecimiento de los sistemas penitenciarios, entre otros.
Aun cuando se experimentó un incremento presupuestal, solo se ejercieron 7 mil 406.5 millones, es decir, que el FASP presentó un subejercicio del 21 por ciento, de acuerdo con un análisis elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre enero y mayo de este año se ejercieron 549 millones de pesos del FASP de los 9 mil 607 millones convenidos entre la Federación y las entidades para todo el 2020.
Por su parte, el año pasado, el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), un fondo destinado a los municipios, sufrió un recorte presupuestal del 20 por ciento con respecto a 2018.
En 2019 el Fortaseg reunió 4 mil 717 millones de pesos, mientras que en 2018 el monto fue de 5 mil 906 millones.
Hace un año el Fortaseg presentó un subejercicio del 11 por ciento, ya que se utilizaron solamente 4 mil 210 millones de pesos de los 4 mil 717 millones disponibles
Dinero lento para policías locales
Para Daniel Blanc Murguía, investigador de la organización Causa en Común, uno de los problemas a los que se enfrentan las administraciones de estados y municipios es al procedimiento para hacer uso de los recursos del FASP o el Fortaseg.
“En México gastamos muy poco en el tema de seguridad y además se gasta mal. Esto lo vemos no solo en la asignación tardía, también es un proceso muy burocrático que termina por hacer ineficiente el recurso”, considera.
El especialista agrega que los plazos establecidos en los reglamentos para utilizar el dinero en los ejercicios fiscales correspondientes son un impedimento para que los gobiernos puedan adquirir equipamiento o servicios para mejorar sus policías locales.
“Hay estados que nos han comentado que la ley les pide licitación pública y son procesos que pueden llevarles meses y cuando se acaba el plazo de ejercicio tienen que devolver el dinero. Los mismos candados burocráticos no permiten el ejercicio”, afirma Blanc.
Ángel Pedraza, secretario Ejecutivo adjunto del SESNSP, institución encargada de distribuir el dinero del FASP y el Fortaseg, afirma que los recursos están sujetos a un calendario establecido por los reglamentos y las leyes que rigen los fondos.
“Cuando la entidad federativa enfrenta un procedimiento para un bien o servicio de alta complejidad se ve en muchas ocasiones en la necesidad de reintegrar el recurso, lo cual afecta gravemente a la seguridad porque era un dinero previsto para gastar en esa materia, lo cierto es que ningún secretario de seguridad local quisiera reintegrar recursos”, detalla.
De no respetarse el tiempo para utilizar el presupuesto o reintegrarlo, los funcionarios responsables podrían enfrentar responsabilidades personales o patrimoniales por esos fondos, agrega Pedraza.
El secretario Ejecutivo adjunto expone que al interior del SESNSP se están construyendo nuevos mecanismos para que se agilicen los trámites y las localidades no se queden sin ese recurso.
“En el secretariado estamos trabajando para transformar esas inercias y lograr incentivar el ejercicio del gasto, uno de ellos es el de las compras consolidadas que nos permite que en vez de llevar 32 procesos de licitaciones, se pueda llevar solo uno para todas las entidades y eso ayuda a reducir los plazos administrativos”, agrega.
