Durante el mes de octubre, se cometieron 76 homicidios dolosos por día en todo el país; en total, 2 mil 371 averiguaciones previas se iniciaron por este delito. Esta cifra ha colocado a ese mes como el más violento en las últimas dos décadas.
El aumento generalizado de la inseguridad es una problemática de los tres niveles de gobierno (federal estatal y municipal), afirma el diputado Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
“Me parece que el gobierno federal fue omiso al no señalar de manera más puntual y tajante a los gobernadores que no están haciendo su trabajo en el asunto de seguridad. Y ahora se les está generando este problema”, asegura Fernández.
De manera coincidente con las palabras de Fernández, Baja California Sur, gobernada por Ángel César Mendoza Arámburo, hoy en día la tercera entidad con la tasa más alta de homicidios, se encuentra reprobada en materia de seguridad estatal y municipal.
El reporte de Evaluación de control de confianza al 31 de octubre de 2017, realizado por el SNSP detalla que 4 de cada 10 elementos de mando y policías de Baja California Sur se encuentran reprobados. La única materia en la que la entidad pasa el examen es en Seguridad Pública Estatal con 69 por ciento. En contraste, registra 54 por ciento en procuración de justicia, y 58 por ciento en prevención y reinserción social, y en seguridad municipal.
En Sinaloa, donde que tomó protesta Quirino Ordaz Coppel en enero de 2017, se han incrementado los asesinatos en un 47 por ciento hasta el 31 de octubre, en comparación con el mismo periodo del 2016.
Sinaloa no solo padece el aumento de este delito, sino también la poca atención e irresponsabilidad de sus policías, pues solo 46 por ciento de sus mandos y elementos de seguridad, han aprobado los controles de confianza.
El estado de Nayarit, en donde el incremento en tasa de homicidios es de casi 10 casos por cada cien mil personas en este año, pasa la evaluación de sus policías pero de panzazo, con 67 por ciento de aprobación. En seguridad municipal, es la materia en la que reprobó, pues registra 58 por ciento; en prevención y reinserción social, alcanzó el 67 por ciento de aprobación.
En seguridad estatal, el estado que gobierna Antonio Echeverría desde septiembre pasado, alcanzó un 70 por ciento; mientras que en procuración de justicia alcanzó su calificación más alta con 82 por ciento.
En torno a la responsabilidad estatal para mejorar a las policías y que aumenten su puntaje en evaluaciones de control de confianza, el diputado Waldo Fernández sostiene que debe haber consecuencias para aquellos gobernadores que no hacen lo que deben para cuidar de su ciudadanía.
“El estado es el principal responsable. Ahora están pagando que no han formado policías y se está volviendo a descontrolar la violencia. Mientras no haya un sistema de consecuencias, con base en que se haga una medición de si se están haciendo bien o mal las cosas, seguiremos teniendo un problema muy grave”, apunta el legislador.
El homicidio no es el único delito que va a la alza en el presente año en el que se han denunciado 20 mil 878. A la par, el robo con violencia a negocio, transeúntes y de vehículos, también se han incrementado de manera preocupante a nivel nacional; así como las denuncias por extorsión y secuestro.
Estrategia fallida
Al asumir el cargo en diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto recibió el país con tasas de homicidio de 18.33 casos por cada cien mil habitantes. Esta tasa vio una reducción entre los años 2013 y 2014, hasta instalarse en 12.96.
No obstante, las disputas entre cárteles del crimen organizado, la omisión de los gobiernos locales en tema de seguridad y prevención, han agudizado la violencia a gran parte del país. Esos factores, se vieron reflejados en un aumento en el homicidio del fuero común, señalado por el Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, durante la Glosa del V Informe de Gobierno, hasta registrar 16.80 homicidios por cada cien mil mexicanos en 2016, y que en los primeros 10 meses del 2017 ya fue superada con 16.90.
La crisis de inseguridad desatada por los cárteles al final del sexenio de Felipe Calderón, llevó al gobierno entrante a modificar la estrategia para contener los embates de la delincuencia.
Dicha estrategia incluyó la creación de la Gendarmería Nacional, una nueva corporación que contaría con 50 mil elementos que tendrían capacitación militar; la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la adhesión de sus funciones a la Secretaría de Gobernación; así como un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
A un año de que finalice la administración peñista, la inseguridad y la violencia han vuelto a ser motivo de análisis y preocupación; y, la estrategia presentada al principio, no obtuvo los resultados esperados. Es el caso de la Gendarmería, corporación que sólo reunió alrededor de 5 mil elementos y no fue utilizada para enfrentar al crimen; o la iniciativa de prevención, que desapareció por el recorte de 952 millones de pesos para subsicdios en seguridad en el presupuesto para este 2017.
La estrategia aplicada por el actual gobierno es muy similar a la que en su momento el calderonismo utilizó, para intentar mitigar el problema de violencia en el país, asegura Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Esta autoridad lo que ha hecho aparentemente bien, ha sido detener a los jefes de los grupos de delincuencia organizada; pero no ha sabido desmantelar la estructura criminal. Entonces, si no combate los recursos financieros, las redes de corrupción, y no tiene la capacidad de echar a andar otro tipo de proyectos de prevención, evidentemente lo único que sucede es que se sustituye un capo por otro”, agrega Rivas.
Estados violentos
El lunes 20 de noviembre, mientras transcurría el último puente vacacional del año en el país, Silvestre de la Toba Camacho, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, fue asesinado en La Paz, cuando iba en su vehículo, acompañado de su esposa e hijos.
En el lugar del atentado, en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio y Forjadores, también murió su hijo; mientras que su esposa e hija resultaron lesionadas por los impactos de bala.
El Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, la Segob y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, condenaron el ataque del que fue víctima De la Toba y familia.
Sin embargo, el homicidio en contra del Ombudsman sudcaliforniano, es uno de los cientos que se han cometido en la entidad. Entre enero y octubre del 2017, la Procuraduría General de BCS había reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 409 homicidios, de los cuales, 352 fueron cometidos con arma de fuego.
Hace seis años, pensar que los asesinatos en BCS serían una regla, más que una excepción, hubiese sido poco creíble.
En el 2011, mientras transcurría la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, la entidad registró una tasa de solo 5.65 homicidios por cada 100 mil de sus ciudadanos. No obstante y de manera dolorosa, este número se ha multiplicado. Sin que termine este año, BCS ya registra una tasa de 50.50 casos; es decir, que por cada ejecución que los sudcalifornianos vieron en 2011, hoy se registran 9.
Al norte, el estado de Baja California también ha sido testigo del incremento de las ejecuciones. Su tasa de homicidios hoy se encuentra en los 48.35 asesinatos; 14.97 más que en el año pasado.
Aunque en menor medida, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Colima y San Luis Potosí, también registraron un aumento en tasa de homicidios.
“Evidentemente hay grupos de la delincuencia organizada operando en varios estados, pero de alguna manera no actúan sus autoridades, entonces se ha permitido que se llegue a estos estándares. Uno de los más grandes problemas, en el caso del Estado de Derecho, es que la ley no se aplica para todos los casos, es un problema de autoridad”, sostiene Waldo Fernández.
Aunado el problema de violencia, el diputado perredista añade que los liderazgos políticos no han mostrado una postura ética ante el tema de seguridad.
“Ahí está al ley de seguridad interior, no la sacan por un asunto de mezquindad porque no quieren reconocer un problema, porque lo quieren emplear como una bandera política para golpear y en el centro de esta discusión a nadie le importa al ciudadano”, asevera.
Colima, un infierno
De manera coincidente, BCS y Colima son los dos estados con menos población del país y en los que los homicidios han visto un repunte en los últimos años.
Colima, con uno de los territorios más pequeños, se ha convertido en un territorio en disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el del Pacífico, provocando la elevación de la violencia. Así lo reconoció el subsecretario de Prevención del delito de la Segob, Alberte Begné en junio pasado.
En la entidad, aseguró Begné, el gobierno federal ha identificado puntos estratégicos, uno de ellos el puerto de Manzanillo, indispensables para el trasiego mariguana, cocaína y drogas sintéticas.
“Colima es un caso de alta prioridad; era un estado pacífico, con buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto, se nos disparan a índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional, y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices”, informó el subsecretario.
Por segundo año, Colima encabeza la lista de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Sus índices, superaron a Guerrero, quien había sido el primero en los años anteriores.
Incrementan otros delitos
A poco más de un mes para que termine este 2017, ya es considerado el más violento en la historia reciente de México. Desde los primeros meses, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano y el Semáforo Delictivo, hicieron hincapié en que la incidencia delictiva iba al alza con señales de superar a otros años violentos como el 2011.
Entre enero y octubre, los homicidios dolosos tuvieron un incremento del 18 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. La misma tendencia, han seguido los robos con violencia.
Datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP dan cuenta de que el robo con violencia a negocio escaló un 62 por ciento; el de vehículos, un 41 por ciento; mientras que el hurto violento a transeúntes y transportistas subió en un 38 por ciento en ambos casos a nivel nacional.
