La violencia en el país también afecta a los encargados de brindarle seguridad a los mexicanos. Datos de la organización Causa en Común revelan que en los últimos tres años más de mil 300 policías perdieron la vida en el desempeño de sus funciones.
De enero a octubre del año en curso, 464 uniformados fueron asesinados, cifra que supera el total de 2019, periodo en el que se contabilizaron 446 homicidios; en 2018 se registraron 452.
Baja California Sur y Campeche son las entidades en donde no hubo registro de homicidios de policías
Teresa García, investigadora de Causa en Común, afirma que parte de las agresiones contra los policías se debe a la falta de apoyo por las administraciones a nivel local y federal para realizar su trabajo.
“La mayoría de las corporaciones policiacas del país trabajan en condiciones precarias, se enfrentan a una constante falta de atención y presupuesto así como a una gran falta de capacitación e infraestructura, sin mencionar los salarios bajos con los que viven”, detalla.
De acuerdo con la organización, los estados con mayor número de policías asesinados durante este año son Guanajuato con 76, Estado de México con 37, Veracruz con 36, Guerrero con 34 y Chihuahua con 31.
“No es coincidencia que Guanajuato sea un estado con un escenario de muerte para los policías, se trata de un reflejo del nivel de incidencia delictiva, es decir, en los estados más violentos es donde vemos que hay más agresiones contra los policías, hemos documentado cómo mes a mes aumentan los asesinatos y los ataques en su contra por parte de organizaciones criminales”, explica García.
Los estados con el menor número de casos son Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, con un policía asesinado cada uno; en Baja California Sur y Campeche no hay registros de algún caso.
En cuanto a los asesinatos por corporaciones, en Causa en Común destacan los cometidos contra los policías municipales, ya que durante los primeros 10 meses del año se tiene el registro de 247, cifra superior a la de 2019 y 2018, cuando se enlistaron 235 y 223 asesinatos, respectivamente.
Con respecto a los elementos estatales, datos de la organización muestran que a octubre 194 fueron asesinados, contra 188 de 2019 y 198 de 2018; mientras que en los homicidios contra policías federales (que incluyen a elementos de la Guardia Nacional), se tiene el registro de 23 en este año, misma cantidad que en 2019, mientras que en 2018 se contabilizaron 31.
“El descobijo de los elementos de seguridad es muestra de que no existe una clara estrategia de seguridad en este sexenio, además se debe agregar que no hay resultados que prueben que exista una mejora en la baja de la incidencia delictiva.
Lo que este gobierno ha hecho es fortalecer la militarización de la seguridad pública ya que la Guardia Nacional prácticamente está formada por Ejército y Marina y no por elementos civiles como se prometió
Poca inversión en seguridad y policías
Mayra Hernández, especialista en Seguridad y Gasto Público, lamenta que las autoridades en materia de seguridad no tomen en cuenta ni prioricen salvaguardar la vida y mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos.
“A nivel federal se invierte menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad, es decir, menos de 250 pesos per cápita. Es urgente que los gobernadores y alcaldes tomen un compromiso con los policías y ayuden con un fondo de apoyo económico de los caídos en el cumplimiento de su labor y así ayuden a sus viudas e hijos principalmente”, comenta.
La experta considera que urge un cambio de paradigma en el destino de recursos públicos para la seguridad pues asegura que se prioriza más el equipamiento que la preparación de los uniformados.
“Se ha comprobado que con el presupuesto se prefiere comprar más patrullas que contratar a más capital humano y capacitarlo, o incluso para mejorarles el sueldo, hay elementos en Nuevo León, por ejemplo, que reciben 18 mil pesos de pago y por otro lado tenemos estados que llegan a ganar solamente dos mil pesos al mes, no puedes garantizar condiciones mínimas de trabajo, bienestar integral y desarrollo con eso”, apunta.
A pesar de que desde la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2009 se obliga a los estados del país invertir en la formación de policías, la regla no se cumple ni se respeta, asegura Hernández.
“Aunque hay recursos federales no han sido orientados a la inversión del talento humano, tan solo en septiembre que es la fecha límite que los estados tuvieron para rendir un informe al Consejo Nacional de Seguridad Pública para saber en qué se gastan los recursos, hubo testimonios del incumplimiento de su deber. ¿Cómo pretenden exigirle a sus policías que sean mejores sino alientan sus condiciones?”, denuncia.
La especialista propone homologar los salarios de los policías locales y mejorar sus prestaciones, en especial los seguros de vida.
García destaca que la problemática por la que atraviesa el país, en la que son asesinados tres policías cada dos días, en promedio, no debe ser ignorada por el Estado.
“Exigimos que se mejoren sus condiciones laborales, no pueden disfrazar que trabajan bajo un contexto de profundo abandono institucional, este sexenio no solo puede apostar a la Guardia Nacional y dejar solos a los policías en lo que corresponde a seguridad”, finaliza.
