Las investigaciones emprendidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre las desapariciones forzadas en la entidad –aquellas en las que participaron agentes del Estado–, evidencian que este problema es mucho más grave de lo que reconoce la Fiscalía local.
Así se revela en el cotejo de los informes publicados por la CEDHJ contra los proporcionados por la Fiscalía vía transparencia en el periodo caracterizado por la guerra contra el narcotráfico (2007-).
Mientras la CEDHJ ha corroborado ocho casos de desapariciones forzadas en Jalisco, la Fiscalía apenas ha abierto tres indagatorias por este tipo de hechos.
No solo eso. Recientemente la CEDHJ reveló que tan solo en los años 2017 y 2018 recibió 20 quejas de ciudadanos en contra de instituciones públicas en Jalisco por presuntas desapariciones forzadas, lo que habría dejado una estela de 27 víctimas.
El primero de los casos de desaparición forzada reconocidos por la Fiscalía local es el de los tres italianos desaparecidos en el municipio de Tecalitlán el 31 de enero de 2018
En ocho de las quejas la institución pública señalada como responsable de haber cometido desapariciones forzadas fue la Fiscalía General del Estado, mientras que en otras tres las víctimas acusaron a la Policía de Tonalá.
Además, en los siguientes casos se recibió una queja por desaparición forzada: contra las Policías de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán, San Miguel El Alto y Tecolotlán; contra empleados del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos; contra la Policía del Estado de Jalisco; y finalmente contra personal de la Marina-Armada de México.
De estas quejas, la CEDHJ terminó confirmando cuatro casos de desaparición forzada. Primero, el de la Queja 3839/2017, contra un comandante de la policía de Tlaquepaque, ocurrida el 13 de junio de 2017, con al menos una víctima.
Segundo, el de la Queja 904/2018 contra policías de Tecalitlán, por la desaparición de los tres ciudadanos italianos ocurrida el 31 de enero de 2018, en un hecho que tuvo secuelas internacionales.
El tercero fue el de la Queja 775/2018 contra policías de Autlán de Navarro, por la desaparición de cuatro veracruzanos el 1 de febrero de 2018.
Y en cuarto sitio se encuentra la de la Queja 4705/2018 contra policías de Guadalajara que habrían desaparecido a una víctima el 22 de agosto del 2018, aún en la administración municipal que comenzó Enrique Alfaro Ramírez y que quedó en manos de Enrique Ibarra Pedroza desde diciembre de 2017.
Sin embargo, a estas cuatro desapariciones forzadas documentadas por la CEDHJ en la macro Recomendación 25/2019, deben sumarse otras cuatro desapariciones forzadas que había corroborado con anterioridad, mismas que también ameritaron la expedición de recomendaciones.
Se trata de la Recomendación 40/2012, en contra de quien fuera el presidente municipal de Villa Corona en ese año, junto a su Dirección de Seguridad Pública, por la desaparición de dos víctimas.
Así como la Recomendación 27/2013 en contra de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tlaquepaque, por una desaparición; la Recomendación 20/2016, contra la Comisaría de Seguridad de San Juanito de Escobedo, por una víctima más; y finalmente, la Recomendación 21/2016 contra un par de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía por otro caso.
Desapariciones forzadas investigadas en Fiscalía
Mientras la CEDHJ ha documentado con sus indagatorias estos ocho casos de desaparición forzada en el estado con agentes de gobierno involucrados, la Fiscalía local asegura que en todo el periodo 2007-2019 únicamente ha abierto tres carpetas de investigación.
El informe de la Fiscalía obtenido con el recurso de revisión RR-1611-2019, precisa que esas tres carpetas investigación abiertas por desaparición forzada son las siguientes.
Una primera por el caso de Tecalitlán donde desaparecieron los tres ciudadanos italianos, iniciada el 1 de febrero de 2018 contra la Policía del lugar; otra carpeta por la desaparición de una víctima que se atribuye a la Policía de Zapopan, abierta el 2 de junio del 2018, en la administración municipal del alcalde Pablo Lemus Navarro.
Y finalmente, una tercera y última carpeta de investigación por la desaparición forzada de dos víctimas que es atribuida a “servidores públicos” en el municipio de Poncitlán, la cual fue comenzada el 8 de enero de 2019.
En estos casi 13 años de guerra abierta contra el crimen organizado en el país estas son las únicas tres desapariciones forzadas que figuran entre los archivos de la Fiscalía del Estado, lo que contrasta fuertemente con la incidencia que ha logrado corroborar por su cuenta la CEDHJ.
La advertencia
De las 20 quejas por desaparición forzada que recibió la CEDHJ en los años 2017 y 2018, solo se pudo demostrar ese acto ilegal en el 20 por ciento (los primeros cuatro casos citados), sin embargo, el organismo advierte que eso no significa que en el resto no se haya perpetrado la misma acción ilícita.
“Si bien en 16 casos en los que las personas peticionarias señalaron la intervención de algún servidor público municipal, estatal o incluso federal, no logró recabarse evidencias directas que permitiera acreditar la responsabilidad de los empleados públicos, esto no prueba tampoco que no se hubieren desplegado las conductas denunciadas”, dice la Recomendación 25/2019.
El simple hecho de que se realicen señalamientos en contra de servidores públicos en su participación en la desaparición de personas, debe llamar la atención a las autoridades para hacer mucho más eficientes los procesos de investigación para detectar a los responsables
También señala que en las desapariciones forzadas que se cometen en Jalisco se usan incluso recursos públicos. “En 21 por ciento de los casos de probable desaparición forzada, se atestiguó el uso de vehículos, a partir de lo que se infiere el presunto uso, no sólo de recursos humanos, sino de bienes muebles públicos para la comisión de delitos”.
